A finales de abril de 1989, Douglas Botero Boshell, quien escribía en El Tiempo bajo el seudónimo Kerensky, publicó la siguiente columna que mantiene una enorme vigencia. Le cedo la palabra a Kerensky en homenaje a mi padre, dado que el viernes pasado se cumplieron cien años de su nacimiento
IMPUNIDAD
por Kerensky
"Prefiero la injusticia al desorden"
La historia universal es un largo recuento de pueblos sin pan, sin libertad, con ignorancia y con suciedad. Hasta bien entrado el siglo XIX la bella Europa tenía a sus campesinos en chozas sin retretes ni calefacción, sumidos en total ignorancia y sin segunda camisa para mudarse. Condiciones semejantes sufrían los obreros de las barriadas pobres en las grandes ciudades. Esta situación continúa especialmente en la mayor parte de los países comunistas del África, y en muchos sectores de la China, de la India socialista, de Birmania o de Laos. Pese a sus desventuras espirituales y físicas, las naciones aludidas, en el pasado y en el presente, no se han disuelto porque siempre han tenido en vigencia un código penal.
Es un axioma que sin sanción adecuada para los delicuentes hay impunidad, y con impunidad no puede haber orden social.
Pero en Colombia, país único, hemos inventado un curioso sistema jurídico. Nuestras leyes castigan a quienes matan, secuestran, extorsionan o roban, salvo que estos delitos sean cometidos por bandas de asesinos que, al grito de "queremos la paz" manifiestan que son exclusivamente políticos sus actos atroces. Y cuando el delito se califica de político, el Código Penal queda sin vigencia, y debe entablarse un diálogo entre los delincuentes y el Gobierno. Y este diálogo no tiene sino un objetivo, que es el indulto o la amnistía, es decir, la impunidad. Esta suspensión de las leyes penales le ha traído funestas consecuencias al país.
En tiempos del gobierno de Belisario Betancur también hubo diálogos y acuerdos de paz con las Farc y el M-19, con sus obvias consecuencias de perdón y olvido. Empero, el perdón solamente debe otorgarse al pecador arrepentido que quiere enmendarse, y vanos son los acuerdos hechos con falsarios que jamás honran la palabra empeñada, porque solo quieren apoderarse del Estado. Las únicas consecuencias de las conversaciones de paz de Betancur con las Farc y el M-19 fueron que las primeras triplicaron de 16 a 48 sus frentes de combate y el segundo reincidió ferozmente en sus fechorías.
Los ideólogos de la izquierda, coreados por los inefables y obsecuentes servidores de Amnistía, quieren convertir en héroes a las bandas de sicarios comandados, en veces, por curas asesinos, afirmando que sus horrendos crímenes son de carácter político. Yo, Kerensky, creo que los delincuentes llamados políticos deben ser constreñidos hasta volverlos inofensivos, porque el delito político tiene como agravante que el delincuente no solo asesina, secuestra y extorsiona, sino que, además, quiere implantar en Colombia una abominable tiranía y una ideología marxista-leninista caduca, que por su propia podredumbre se ha derrumbado sola en los más importantes países comunistas.
Como lo han puesto de presente muchos comentaristas, el M-19 está integrado por delincuentes habituales. Estos criminales iniciaron su carrera con el secuestro, la tortura y el posterior asesinato de José Raquel Mercado, presidente de una confederación obrera. Después, violando todas las normas del derecho de gentes, secuestraron en la Embajada de la República Dominicana a una docena de embajadores, que fueron, además, torturados por amedrentamiento. Posteriormente, los secuestradores salieron del país previo el pago de un pingüe rescate. El M-19 culminó su carrera de crímenes cuando, en compañía del narcotráfico asaltó el Palacio de Justicia, secuestró a 24 magistrados y cumplió sus amenazas de desolación y muerte eliminando a 12 de ellos y a decenas de personas inocentes que se hallaban en ese recinto.
Dados los antecedentes mencionados, el país atónito ha conocido un proyecto de ley elaborado por el consejero Pardo Rueda, distinguido economista, sobre amnistía al M-19 y en el cual, subrepticiamente, se ha eliminado el secuestro como crimen atroz, permitiendo, por tanto, su indulto. Con precedentes jurídicos de esta índole, ya saben los marxistas alzados en armas que pueden, a su antojo, secuestrar a cualquiera de los 30 millones de colombianos no combatientes, porque serán perdonados.
El secuestro es el más abominable de los crímenes, pues tortura sicológicamente a la víctima con la amenaza de asesinato, día a día, gota a gota, y en cámara lenta, y además atormenta a los familiares y amigos del secuestrado en forma despiadada. Y si el secuestrado no es muerto, sale de ese trance con un incurable traumatismo sicológico.
Con el proyecto de indulto al M-19 se quiere imponer ahora un novedoso escarnio al pueblo colombiano, porque a los delincuentes de ese movimiento no solo se les perdona sino que se les premia otorgándoles un número aún indeterminado de curules en el Congreso.
Seamos claros. Con las manos entrelazadas la guerrilla y el narcotráfico pretenden estrangular la República y sus instituciones democráticas. Y si se acepta la propuesta de diálogo con los narcotraficantes, o si premia a la guerrilla con el indulto por crímenes atroces, o se les regalan inmerecidas curules en el Congreso, estamos coadyuvando a la disolución de Colombia.
