Las últimas acusaciones de corrupción al Gobierno de Petro, en torno al apoyo para las reformas sociales, suman a la discusión y desestiman la validez una “una salud controlada por el Estado”, al menos por ahora.
Para principios del 2023, Norbey García (de 60 años) ya estaba sintiendo los efectos de un infarto prolongado que lo acompañaba desde hacía meses. Entonces, fue testigo de la aparición brusca de un cuadro de sufrimiento isquémico debido a la obstrucción aguda de una de las arterias que alimentaba al músculo de su corazón.
Después de muchas idas y venidas, argumentando que “eso no es de urgencias”, en Salud Total EPS-S se vieron obligados a atenderlo debido a los argumentos de AMI, una empresa internacional con presencia en Colombia y experiencia en servicios de atención médica domiciliaria (de pago particular), y que lo reconocieron con el cuadro de sufrimiento isquémico prolongado: estaba infartado.
Finalmente, a García le instalaron un marcapasos para cuidar ese 16% apenas “bueno” que le quedó del funcionamiento de su corazón y sin otro justificante que la tardanza en la atención por parte de la misma Salud Total EPS-S.
Cuando García habló sobre el evento, apenas unos días posteriores a la intervención quirúrgica, reconoció que, aunque sintió negligencia médica, prefería abstenerse de entablar cualquier demanda. Y es que como le dijeron a la salida del quirófano: “la operación valió más de 20 millones”; y por el tema de los medicamentos, que ahora eran de por vida, “siempre los va a tener asegurados”.
Sin embargo, hace un par de días, García volvió a tocar el tema de su infarto. Con molestia, alegaba sobre los tres meses que lleva sin recibir el fármaco por parte de Salud Total EPS-S y que los necesita para mantener ese 16% vivo. Una situación que lo está obligando a asumirlos/costearlos de su propio bolsillo, mientras llega la notificación a su celular, como según le dijeron, avisándole de que “ya llegaron los medicamentos y que puede pasar por ellos”.
Norbey García, como lo asegura, ahora sí pretende “demandar a esos hijueputas”.
Junto a García aparece Jessica Quintero (de 31 años), una cocinera profesional que hace cerca de 12 meses regresó a La Dorada, Caldas, después de años de intentar hacer una vida en Argentina. Como me lo confiesa, su visita no se proyectaba para durar más de un mes, pero el infortunio la sorprendió como ese “rayo a la salida del velódromo” en la Rayuela de Cortázar, y una caída de un caballo terminó con un impacto en su columna, calándole hasta los huesos.
Quintero, quien a diferencia de García aparece adscrita a Nueva EPS, también ha sufrido por la falta intermitente de medicamentos. Argumenta que ante la ausencia de los fármacos que debe tomar, lo único que le dan es una tirilla como constancia de la deuda debido a la ausencia de producto y una invitación a estar pendiente de su celular sobre la espera de un mensaje de texto donde se le avisará del arribo de su medicina y del cual no existe día estimado.
Entonces, ante el desalentador panorama y la necesidad latente, Jessica Quintero también ha tenido que asumir de su propio bolsillo. Esto mientras espera, sobre la incertidumbre, el resultado de las múltiples juntas médicas (desde octubre del 2023) que no logran decidir sobre los procedimientos quirúrgicos a los que debe someterse y que deberían poder alejarla de su bastón.
A la par de García y Quintero, aparezco yo, el redactor de este artículo. También soy farmacodependiente debido a un diagnóstico crónico relacionado con el colon y que se me diagnosticó, desde el costeo propio, hace un año.
Sin estar ajeno al panorama de los otros dos casos anteriores, esta semana ajusté mes y medio en ausencia de un medicamento, para mí, de primera necesidad y que continúa sin llegar.
Al igual que Jessica Quintero, aparezco adscrito a Nueva EPS y que en la ciudad de Manizales cuenta con el dispensario CAFAM Droguería. Como común denominador, también me dieron la tirilla, acompañada de la atención constante a mi teléfono para no dejar pasar por alto esa misma notificación del arribo del fármaco. Sin embargo, es muy probable que en un par de días también me toque respaldar, desde el bolsillo propio, mi tratamiento (los medicamentos).
Cuestiones Generalizadas
Sin embargo, no solo nosotros estamos perjudicados por la falta de medicamentos debido a la aparente crisis “estructural” de la salud en Colombia. Mis constantes y repetidas visitas a la sede de CAFAM Droguería (en Manizales), sobre la idea de la esperanza en algún olvido para la notificación del arribo de mis fármacos, muestran un panorama casi generalizado.
Noto entonces a ese señor de mediana edad que, después de esperar en la fila durante tres horas, aparece frente a una mujer que le avisa sobre la imposibilidad de entrega de su medicamento y la necesidad de volver a autorizar el fármaco debido al vencimiento del tiempo permitido para la entrega. Apenas un día.
“Si tiene algún problema, tiene que hablarlo con la EPS”, le dice la asesora, la simple dispensadora, la que sin siquiera una escarapela aparece desprovista de alguna identidad, de cualquier medicamento y tampoco justificación del porqué nosotros sí tenemos que esperar indefinidamente, mientras ellos parecen preferir descartarnos al menor error; esta vez sobre el argumento de que “a ustedes les dan un mes” para reclamar.
Entonces, como en otras ocasiones, el señor de mediana edad y yo nos tenemos que retirar de las instalaciones de CAFAM Droguería en Manizales con las manos vacías, calculando cómo conseguir la medicina.
“Una salud controlada por el Estado”: la solución al problema según el Gobierno de Petro
Hace unos días, un reconocido medio televisivo le preguntó en entrevista al actual director Departamento Nacional de Planeación (DNP), Alexander López Maya, sobre el tema de la salud en Colombia, y puntualmente sobre la entrega de medicamentos. Un hecho que el periodista trataba como rumor: “dicen que no les están entregando medicamentos”, mientras incitaba al entrevistado para brindar alguna justificación al lamentable panorama con el que muchos colombianos nos enfrentamos actualmente.
Entonces, López Maya respondía que el tema era “estructural”. “El sistema de salud tiene perdidos 40 billones, y si esa plata estuviera, podríamos dar respuesta”, contextualizaba el director, para rematar con la “buena noticia” de que a la fecha ya se habían subsanado el cúmulo de deudas con las EPS y las IPS dejadas por los gobiernos anteriores de centro y derecha. “Como era lógico”, se estaba esperando que todo mejorara.
“Que se piense en la vida y no en el negocio que ahora aparece: la salud para hacer política y para enriquecerse”, sentenciaba enérgicamente López Maya.
Entonces, de forma inmediata y sin esperar alguna contrapregunta del periodista, el director empezó a reconocer la importancia de brindar validez a la reforma a la salud que por estos días es impulsada por el Gobierno de Petro, resumiéndola en “una salud controlada por el Estado” y fundamentándola como “la salida a todos nuestros problemas”.
Más tarde y sin mucho más argumento, los 40 billones se convirtieron en 184.
Más allá de las cifras brindadas por López Maya y que no concuerdan, parece que “una salud controlada por el Estado” sí podría ser la respuesta: ¿se aprueba pero no se comparte?
El médico y académico colombiano José Félix Patiño reconoce que el problema de la salud en Colombia sí es “estructural”, pero lo aborda desde una perspectiva más rigurosa.
Como lo determina Patiño, la crisis estructural del sistema de salud en Colombia se atribuye principalmente a la implementación de la Ley 100 del 23 de diciembre de 1993, que introdujo un modelo de intermediación financiera en la atención sanitaria. cuestión hasta entonces desconocida. Tal modelo sería el responsable de convertir a la salud en un negocio lucrativo, priorizando los intereses financieros sobre la calidad y accesibilidad de los servicios médicos, y generando la tragedia social de la que ahora somos testigos.
Sumando a lo anterior, Patiño también mencionaba la deuda creciente de los hospitales, tanto públicos como privados, y que estaría contribuyendo significativamente a la crisis. Para el 2015, según el mismo médico, la deuda creciente de los hospitales en Colombia, tanto públicos como privados, era de más de $5.8 billones, con el 58% de esa deuda vencida (más de 60 días). Si se proyectaba esta deuda a todos los hospitales del país en su momento, superaba los $12 billones. Versiones más actualizadas de los datos, en voz del actual director general de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, Juan Carlos Giraldo, revelan que para el 2024 la deuda creciente de los hospitales en Colombia se mantenía próxima a los $11.4 billones.
Entonces, la solución propuesta por José Félix Patiño en torno al problema “estructural” de la salud en Colombia, implicaría un cambio de modelo capaz de eliminar la intermediación financiera y devolver la dirección del sistema de salud al Gobierno, a los hospitales y a la profesión médica.
Un panorama que implicaría que las EPS se convirtieran en administradoras con un pago fijo, priorizando la calidad y accesibilidad de los servicios médicos sobre los intereses financieros. Enfatizando, entre tanto, en la necesidad de destinar los recursos de salud prioritariamente a los hospitales públicos, que están en una situación crítica.
Un cambio gradual que corregiría las falencias del sistema de salud colombiano y evitaría el malgasto de los recursos en inversiones cuantiosas y desvíos financieros.
Sobre cómo se gestionan los recursos públicos en Colombia
Juan Camilo Galvis-Ciro y Guillermo David Hincapié-Vélez, docentes de la Facultad de Economía de la Universidad Pontificia Bolivariana, sostienen que, en Colombia, la gestión de los recursos públicos se ve profundamente afectada por la corrupción. Los resultados de sus investigaciones muestran que la corrupción, como es de esperarse, tiene efectos adversos en áreas clave como la salud, además de la educación y la infraestructura.
Por ejemplo, los departamentos más corruptos, como Chocó, Putumayo, Sucre, Caquetá, Córdoba, Bolívar, La Guajira y Magdalena, destinan grandes presupuestos a la educación, pero estos fondos no se traducen en mejoras significativas en la calidad educativa ni en una mayor cobertura. Hecho que, según los investigadores, sugeriría que los recursos pueden estar siendo desviados hacia intereses políticos en lugar de ser utilizados eficazmente para el beneficio de la sociedad.
Además, en áreas como la infraestructura, se observa una alta incidencia de corrupción, lo que podría estar llevando a la falta de ejecución de obras prometidas, dejando a la comunidad sin los servicios y la infraestructura necesarios.
Puntualmente, en el sector de la salud, los departamentos con altos niveles de corrupción, como Chocó, Putumayo, Sucre, Caquetá y Córdoba, tienden a no destinar suficientes recursos, lo que dificulta aún más el acceso de la población a servicios de salud de calidad. Como lo continúan determinando Juan Camilo Galvis-Ciro y Guillermo David Hincapié-Vélez, esta situación agrava los problemas de inequidad y acceso a la atención médica en estas regiones, exacerbando las desigualdades sociales y afectando el bienestar de la población.
Las últimas acusaciones de corrupción al Gobierno de Petro, en torno al apoyo para las reformas sociales, desestiman la validez una “una salud controlada por el Estado”
Destáquese todavía que medios internacionales aseguran que, sin mencionar el escándalo, la Presidencia de Colombia “reitera cero tolerancia con hechos de corrupción".
Hace tan solo unos días que se conoció sobre las acusaciones de corrupción para el Gobierno de Petro, donde Sneyder Pinilla, exfuncionario de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), reveló que se utilizaron fondos de esa entidad para pagar sobornos equivalentes a los 4 mil millones de pesos a los presidentes del Senado (Iván Name) y la Cámara de Representantes (Andrés Calle) con el fin de obtener apoyo para reformas sociales propuestas por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Destáquese la reforma a la salud, y agréguese la de pensiones y laboral.
“Ahí nació el contrato de los carrotanques para conseguir el recurso y poder entregarles a estas dos personas, al doctor Name y al doctor Calle. La orden de proveeduría se hace el 12 de octubre (2023) en un par de horas”, refirió el exfuncionario en entrevista al medio nacional (Revista Semana) que expuso públicamente las acusaciones de corrupción.
Un aparente hecho objetivo del que todavía se desconoce el trasfondo, dando cabida solo a la especulación capaz de presumir que la razón por la cual el gobierno de Gustavo Petro podría querer aprobar las reformas, a pesar de estar involucrado en sobornos y corrupción: avanzar en su agenda política y cumplir con sus promesas de campaña. El resultado de la notoria falta de aprobación de la falta de aprobación a las ideas de Petro en el Congreso y puede atribuirse a una combinación de factores políticos, económicos y sociales que han dificultado su avance. La ausencia de una coalición sólida, la oposición de sectores interesados y las disputas internas son algunos de los principales obstáculos que enfrenta el Gobierno en su intento de implementar su agenda legislativa.
Eso, en el caso maquiavélico de cuando “el fin justifica los medios”.
Sin embargo, lo único claro por el momento es que las investigaciones en torno a las acusaciones de corrupción para el Gobierno de Petro, en torno a las reformas, apenas comienzan y, como lo sostiene Pinilla (testigo estrella del caso), “tiene información crítica que compromete a otros 15 congresistas con este escándalo”.
Entonces, después de leer esta información, le pregunto usted: ¿será que el problema “estructural” de la salud en Colombia se resuelve con la reforma a la salud propuesta por el Gobierno de Petro? Y más aún, ¿el Gobierno de Petro sí termina como el indicado para la implementación de “una salud controlada por el Estado”?
Realmente le agradezco por leerme. Si tiene alguna apreciación, no dude en dejarla en la caja de comentarios, que seguro la revisaré.
Dato extra
Es importante comprender que la reforma a la salud propuesta por el Gobierno de Petro se centra en transformar el sistema de salud colombiano. Una de las propuestas centrales es eliminar las EPS (Entidades Promotoras de Salud) y crear un sistema único de salud gestionado por el Estado. Este sistema único estaría financiado con recursos públicos y operaría a través de hospitales públicos y centros de atención primaria de salud.
El objetivo principal de esta reforma sería garantizar el acceso universal y gratuito a servicios de salud de calidad para todos los ciudadanos colombianos, sin importar su capacidad de pago.
