El gobierno nacional, con el altruista propósito de cubrir el desastre financiero y social generado por la multinacional española Gas Natural Fenosa [i] en la empresa Electricaribe, pretende que los colombianos paguen mensualmente un incremento en las facturas de servicios públicos domiciliarios. Así quedó establecido en el artículo 277 del Proyecto de Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 aprobado por el Congreso de la República en primer debate: se estableció una sobretasa de cuatro pesos ($4) por cada kilovatio de energía consumido, que deberán pagar los usuarios del servicio público de energía eléctrica en todo el territorio colombiano.
Esta medida, que sin duda alguna terminará soportada nuevamente en el bolsillo de los colombianos, hace parte de la profundización de la política de privatización y mercantilización de los servicios públicos domiciliarios en Colombia. En este sentido, agua, alcantarillado, energía eléctrica y gas, son considerados meras mercancías sometidas a la suerte del mercado y los negocios, donde impera la socialización de las pérdidas entre los usuarios y la protección de las exorbitantes ganancias del capital extranjero.
En la década de los noventa, la oleada de privatizaciones de las empresas de servicios públicos domiciliarios en Colombia se soportó precisamente sobre la demagogia neoliberal de las inexorables bondades de las empresas bajo el control del capital privado, jugosas inversiones para hacer más eficiente la prestación de los servicios, tarifas más competitivas y sobre todo transparencia. Es decir, según esta perorata se acabarían todos los males que sesgadamente señalaban eran inherentes a las empresas estatales, la corrupción, la ineficiencia y los altos costos en la prestación de los servicios públicos [ii].
Así fue como se aplaudió la adquisición de Electricaribe por parte de la multinacional española Gas Natural Fenosa en el año 2000 para prestar el servicio de energía eléctrica en los departamentos del Atlántico, Magdalena, Cesar, Guajira, Bolívar, Córdoba y Sucre. Sin embargo, dos décadas después de la privatización, el panorama de los servicios públicos domiciliarios en la región Caribe no puede ser más desolador.
El capital privado extranjero no realizó las inversiones requeridas en infraestructura, lo que ha generado un deterioro progresivo en la prestación del servicio público de energía eléctrica. Así lo reconoce el Conpes 3933 de 2018, “Las reducidas inversiones en infraestructura eléctrica por parte de Electricaribe en los últimos años terminaron en una prestación ineficiente del servicio de energía eléctrica en la región Caribe, con lo cual se puso en riesgo la prestación continua y la calidad del servicio” [iii]. Esta situación es tan grave que la actual Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios Natasha Avendaño García ha expresado: “para lograr que Electricaribe tenga las condiciones necesarias para prestar un servicio de calidad y continuidad se requiere una inversión cercana a los $7.1 billones durante los próximos 10 años, un promedio anual superior a los $700.000 millones" [iv].
Adicionalmente, de conformidad a la información oficial, Gas Natural Fenosa incumplió con sus responsabilidades mercantiles y prestacionales, acumulando acreencias por más de 3,6 billones de pesos, de los cuales 1,8 billones de pesos corresponden a deudas con el sector financiero, 1,2 billones al pasivo pensional, 389 mil millones de pesos a los generadores de energía y 247 mil millones a los proveedores de bienes y servicios. Y para el cierre de la vigencia del 2016 se proyectó un déficit de 655 mil millones de pesos. Este estrepitoso colapso financiero del capital privado fue reconocido tardíamente por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en la toma de posesión de Electricaribe en el año 2016, donde señaló que esta situación “pone en grave peligro la prestación del servicio de energía eléctrica en las condiciones de continuidad debidas en la región” [v].
La transparencia de los recursos públicos que se prometió con la privatización también se incumplió. La Contraloría General de la República responsabilizó a Electricaribe de un daño patrimonial que asciende a 216 mil millones de pesos. Todo por cuenta del uso indebido de los recursos del erario que giró el Fondo de Energía Social (FOES), para subsidiar el servicio público de energía eléctrica a los estratos 1 y 2 en la región [vi].
Pero las pretensiones de la multinacional española Gas Natural Fenosa no paran ahí, toda vez que decidió demandar al Estado colombiano ante el Tribunal de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (CNUDMI). Las pretensiones fueron en principio de 1.000 millones de dólares y posteriormente se incrementaron en 626 millones de dólares. Alegando que la intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Público Domiciliarios, es contraria al “espíritu de las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Colombia” [vii].
Ante este evidente fracaso de la privatización, el desastre social y el saqueo generado por la multinacional española Gas Natural Fenosa en el Caribe, la respuesta del Estado colombiano ha sido salir al rescate para continuar por la misma senda. Se pregunta retóricamente Javier Lastra, el agente interventor de Electricaribe, ¿quiénes pagarán por el rescate? [viii]. Él más que nadie debe saber que siempre el descalabro de los privados, es soportado en el bolsillo de los usuarios y el erario. Solo por mencionar un ejemplo, el cuatro por mil, creado transitoriamente para salvar al sector financiero privado, los colombianos llevan pagándolo más de dos décadas. Cualquier parecido a la sobretasa de cuatro pesos por cada kilovatio consumido, es mera coincidencia.
Por último, se requiere una evaluación seria y sensata de la política de privatización y mercantilización de los servicios públicos, que implique discutir sobre la especulación del mercado energético y una transición energética democrática en Colombia. Sin embargo, no se aprende la lección, la apuesta es buscar un “nuevo” inversionista, que ahora sí, cumpla con las mismas promesas del pasado, inyección de capital, eficiencia, calidad y transparencia. Descartando de plano y equivocadamente la posibilidad de constituir una empresa pública y eficiente, con la capacidad de superar este desastre en el Caribe. Contrariando las propuestas de reversión que se vienen sustentando en la meca de las privatizaciones, como ha sido Reino Unido [ix].
[i] Esta multinacional española en el año 2000 era Unión Fenosa. Posteriormente en el año 2009, fue adquirida por Gas Natural y se transformó en Gas Natural Fenosa. En el año 2018 se convirtió en Nutergy.
[ii] El Tiempo (1999). Ventajas de la Privatización Energética.
[iii] CONPES (2018). Concepto favorable a la nación para otorgar garantía al fondo empresarial, creado por la ley 812 de 2003, para contratar operaciones pasivas de crédito hasta por la suma de 735.000 millones de pesos y se modifica el documento CONPES 3910 de 2017.
[iv] Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (2019) “Situación de Electricaribe no es un problema solo de la costa, es de todo el país: Superservicios”. Recuperado https://www.superservicios.gov.co/noticias/situacion-electricaribe-no-problema-solo-la-costa-todo-pais-superservicios
[v] Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (2016). Resolución por la cual se toma posesión de los bienes, haberes y negocios de la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.
[vi] Contraloría General de la República (2017). A $ 216.894 millones llegó el daño patrimonial causado por Electricaribe.
[vii] El País (2017). Gas Natural presenta la demanda contra Colombia por la intervención de su filial Electricaribe.
[viii] La República (2019). ¿Quiénes pagarán el rescate de Electricaribe?
[ix] ABC (2017). Corbyn quiere nacionalizar el sector energético y los ferrocarriles.
