Ciudadanía colombiana residente en Venezuela anda charlando por aquí y reuniéndose por allá para ver cómo hacer para ir a votar; que si hacen vaca* para un bus y comida, serán más de 100 dólares por persona; que si van a los puntos habilitados en ciudades fronterizas son de 5 a 20 o más horas de traslado; que si son jurados y/o cierran la frontera a dónde se van quedar y qué van comer durante una semana; que con quién se deja a los hijos e hijas; que…
Un largo etcétera refleja que la medida de Registraduría y Cancillería para garantizar el derecho al voto de la colombianidad en Venezuela, estableciendo mesas en ciudades fronterizas, está rodeada de tremendas dificultades, algunas insalvables como en el caso de las más de 8000 personas en condición de refugio que no pueden votar sin exponer su vida, según el estatus de protección otorgado por el Estado venezolano en convenio con la Acnur.
Por otro lado, evidencia las contradicciones e hipocresías del gobierno de Duque, que mientras se presenta ante el mundo como el adalid de la migración venezolana, a sus connacionales en tierras de Chávez les son violados flagrantemente sus derechos sociales y políticos, manteniéndoles en términos generales en la absoluta inasistencia, porque sin consulados para atender a la población, además de no votar, no hay registros, poderes, actas, cédulas ni pasaportes, etc.
Varias personas residentes y refugiadas en Venezuela han decidido interponer el recurso de acción de tutela, que busca que las autoridades judiciales intervengan cuando los derechos fundamentales están siendo vulnerados, en contra de la Registraduría Nacional y el Ministerio de Relaciones Exteriores por considerar que la medida de establecer puestos de votación en ciudades aledañas viola el derecho fundamental a la participación política y a la igualdad, entre otros, porque:
Los puntos fronterizos establecidos para votar son de alta conflictividad.
La frontera tiene limitaciones para su tránsito.
La medida discrimina a quienes se encuentran lejos de dichos puntos porque el traslado es largo y muy costoso, además de requerir resolver por varios días el cuidado de personas dependientes, como enfermos, infantes o adultos mayores.
Obligan a la ciudadanía en condición de refugio a ingresar en territorio colombiano en donde han sido objeto de amenaza a la vida, a la seguridad y a la libertad.
Solicitan que la Cancillería, en conformidad con el artículo 27 de la Convención de Viena, recurra a un tercer Estado, aceptable por Venezuela, que facilite sus instalaciones para que la colombianidad vote en las legislativas de marzo y presidenciales de mayo. Medida que de paso podría ampliarse para todos los servicios consulares, porque contrario a lo que se piensa, siguen llegando a la Comisión Nacional de Refugio, Conare solicitudes.
La situación de la población residente en Venezuela no ha sido fácil porque ha sido invisibilizada no solo por el gobierno, sino también por movimientos y partidos demócratas que ni les mencionan para no perder votos, porque se dejaron imponer el jueguito de las mentiras del fascismo.
Ojalá en honor a la verdad y a los derechos de la gente se amplifiquen estas demandas por quienes aspiran a representar a esta ciudadanía y a cambiar por fin el destino de la nación.
*Colecta
