Los colombianos en el exterior —comúnmente denominados minorías nacionales o políticas— no son una molesta responsabilidad, sino que constituyen un recurso vital para la sociedad que puede ser movilizado para alcanzar metas sociales más ambiciosas que el Gobierno se ha impuesto y, más concretamente, como fuente de actividad económica con gran potencial de desarrollo social, empresarial y de empleo. Las comunidades migrantes por el potencial que representan están llamadas a desempeñar un papel esencial en el mercado laboral, las administraciones públicas, la economía y la sociedad en su conjunto. Es conveniente favorecer los vínculos entre migración y desarrollo.
Las políticas de Colombia en materia de integración de los migrantes, basadas en la cooperación y la condicionalidad positiva, deberían ser una prioridad en la agenda del nuevo Gobierno y las Cámaras. El diálogo social debe ser un requisito previo para todas las iniciativas políticas en materia de migración y reviste extrema importancia en este proceso. Esto precisa un cierto replanteamiento que no puede realizarse sin un cambio de las mentalidades y los comportamientos. Esta cooperación y fomento del diálogo social permitirá a Colombia de beneficiarse de la experiencia y los conocimientos adquiridos por los migrantes repatriados que podrían aportar (innovación, competencia, expansión de actividades y, en suma, la creación de riqueza y crecimiento), lo que también podría tener un efecto positivo en el logro de los objetivos de la política exterior y crear nuevas oportunidades de contratación a las empresas y otras organizaciones de la sociedad civil. No hay que olvidar que, al fin y al cabo, gracias a los recursos que los trabajadores migrantes envían a casa, Colombia dispone de una gran oportunidad de mejorar sus finanzas públicas en una situación de grave crisis económico-financiera del país.
La favorable evolución externa de la política migratoria y de la movilidad a través de unas políticas de integración coherente dará un viraje a la actual desafección política y pérdida de confianza en las instituciones democráticas. Dando este gran paso adelante, los colombianos migrantes se sentirán unidos en un verdadero proyecto común y se comprometerán con la defensa del modelo social colombiano y apoyarán su desarrollo futuro, al tiempo que se fortalece el sentimiento de pertenencia al país y el reconocimiento de la historia, la cultura, la identidad y el carácter distintivo propios de cada persona. Este enfoque basado en competencias exige nuevas formas de organizar la instrucción de los migrantes y el aprendizaje en una serie de áreas, incluidas la educación para la ciudadanía, la buena integración de los migrantes en el mercado laboral y los obstáculos burocráticos, así como los aspectos relativos a la movilidad y la migración legal.
Lamentablemente, las cuestiones relativas a las minorías políticas en el Estado colombiano no han gozado de una prioridad lo suficientemente alta en la agenda del Congreso de la República y ahora merecen que se les preste mayor atención con el fin de fortalecer la eficacia de las medidas adoptadas por las autoridades en este ámbito. Cabe recordar, a este respecto, a título de información y sin entrar en detalles problemáticos, que el trato equitativo es un derecho fundamental de todos los ciudadanos y no un privilegio; que todos los individuos tienen en la Constitución los mismos derechos y obligaciones de ser plenamente miembros de la sociedad, activos e integrados, iguales ante la ley, y el hecho de pertenecer a una minoría jamás podrá justificar ni explicar la exclusión, la discriminación ni la decisión de expulsión de la comunidad. Es de la máxima importancia establecer una diferencia clara entre minorías nacionales, minorías migrantes y las pertenecientes a la mayoría.
La normativa en vigor
Hasta la fecha, el enfoque adoptado por el Estado colombiano para fortalecer la representación en el Congreso de la República de los millones de ciudadanos residentes en el extranjero (minorías políticas) ha sido muy fragmentado y limitado. La reforma actualmente vigente establece la circunscripción internacional, mediante la cual se elige un representante a la Cámara por parte de los colombianos residentes en el exterior. En la práctica ello quiere decir que, la gestión de la política de migración del Congreso de la República sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y sus familiares (de cerca de 4.5 millones de colombianos) y el apoyo a la integración social y participación ha sido delegada a un solo Congresista, miembro de la Cámara de Representantes. La persistente subrepresentación de las comunidades residentes en el exterior en todos los ámbitos de toma de decisiones representa un déficit democrático en la elaboración de la legislación que les afecta (ejercicio democrático de participación directa e indirecta) incompatible con una verdadera democracia. Una más amplia representación de los colombianos en el exterior en el país contribuiría a consolidar el sentimiento de pertenencia (democrática) vinculado a la ciudadanía colombiana (fortaleciendo el concepto de ciudadanía activa) y reforzaría el diálogo intercultural, el desarrollo del capital humano y social y, de manera más general, a promover los valores democráticos y los derechos humanos.
La Ley 1465 de 2011 y la agenda del nuevo representante por colombianos en el exterior (2018 – 2022)
La agenda del nuevo representante por los colombianos en el exterior debe desempeñar una función crucial en la salvaguardia de los derechos de las minorías, la promoción de la igualdad, la información y el lanzamiento de una campaña de concienciación. El mayor desafío con el que se enfrenta el representante a la Cámara por los colombianos en el exterior es hacer realidad el conocimiento del público en general sobre los derechos de los migrantes (normas comunes de protección y conceder más derechos a sus titulares), la igualdad y la supresión de las discriminaciones, continuar reforzando sobre el terreno la dignidad e interacción social (en beneficio de los trabajadores migrantes) y su “inclusión” activa en la vida social, cultural y política, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1465 de 2011.
La Ley 1465 de 2011 es el documento clave que no solo aborda la fortificación de los vínculos del Estado con las comunidades colombianas en el exterior en materia de política migratoria, sino también, de forma implícita, continuará incidiendo en el desarrollo de esta en los próximos años. Con esta normativa, entre sus objetivos (art. 4) se ha reconocido la importancia de la promoción de una ciudadanía migrante “activa” y, consecuentemente, a la conformación de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil del Sistema Nacional de Migraciones (en proceso de implementación). Dentro del marco de referencia sobre política migratoria considero que sea necesario ayudar, preparar y “elevar el nivel de calidad de vida de las comunidades colombianas en el exterior” (art. 1), a fin de que durante su permanencia fuera del país desarrollen la competencia social y ciudadana, la cultura de la legalidad y la cultura de la paz, definida en términos de conocimientos, destrezas y actitudes.
Aunque en el Congreso de la República no se ha conseguido avanzar en la importante reforma estructural de la política migratoria, confío en que el nuevo representante por los colombianos en el exterior, bajo el liderazgo de su innovador representante, el Sr. Juan David Vélez, sí pueda encauzar en Colombia las soluciones estructurales en una dinámica que impulse su desarrollo y que cuente con la aprobación de todas las partes, así como en el cumplimiento de sus objetivos específicos.
Conclusiones y recomendaciones generales
Colombia debe dotarse de más medios en política exterior y la necesidad de un planteamiento global en una serie de temas: la movilidad y la migración legal, la inmigración irregular, y la migración y el desarrollo. La política exterior debe ser estratégica, con una visión a medio y largo plazo, y centrarse en facilitar de manera holística y global canales legales abiertos y flexibles con el fin de transformar la migración y la movilidad en fuerzas positivas para el desarrollo y el fomento del trabajo digno, programas para prever las necesidades de ajuste dirigidos a garantizar los intereses, los derechos y la voz de los migrantes como ciudadanos activos ante el Estado y la sociedad. Así como tender puentes entre los connacionales que habitan en el extranjero (las organizaciones de migrantes, los trabajadores, los residentes de larga duración, los interlocutores sociales y asociaciones) y las instituciones democráticas y los ciudadanos en beneficio del desarrollo económico de Colombia. Se necesita un código de inmigración o, al menos, un marco legislativo exhaustivo, para lograr un planteamiento legal común de la migración y la protección internacional en todos los Estados donde residen los colombianos (reforzar la legislación nacional).
Estamos firmemente convencidos de que la política de migración debe ir acompañada de formación antes de la salida y después de la llegada al país de residencia o acogida de los ciudadanos migrantes (sistemas de acompañamiento en qué condiciones y con qué derechos), y programas de desarrollo de competencias y apoyo a la migración legal, así como de servicios específicos de apoyo a la búsqueda de empleo y sobre los riesgos inherentes a la migración irregular, para lo cual es necesaria una actualización continua de los conocimientos y destrezas del migrante, tanto en términos sociales como laborales. En este sentido, consideramos de importancia vital poner en marcha varias iniciativas para apoyar a los colombianos en el exterior en el desarrollo de este enfoque basado en las competencias clave. Uno de sus principales objetivos es fomentar la ciudadanía activa para las personas más necesitadas (que se pueden encontrar en la definición de “ciudadanía activa” (Hoskins et al., 2006) promovida a escala europea) a fin de promover, entre otras cosas, la inclusión social y la solidaridad entre todos los colombianos en el exterior, el retorno y la readmisión de los migrantes en situación irregular y los solicitantes de asilo (desde el punto de vista de los derechos humanos), lo que va más allá de la simple relación jurídica entre la población y el Estado.
En segundo lugar, debe prestarse especial atención, entre otras cosas, a impulsar el reconocimiento efectivo de los diplomas y las cualificaciones obtenidas formal y no formal (lo que constituye un obstáculo a la igualdad retributiva y de las carreras profesionales), la formación lingüística, la apertura de una cuenta bancaria básica para cada persona con derecho a permanecer al exterior (hasta que se integran en el país de acogida), la integración en materia de vivienda, los impuestos y la seguridad social, el acceso a la educación y la asistencia sanitaria. Para ello, el Estado deberá promover el diálogo con terceros países, negociar acuerdos específicos y se deberán tenerse en cuenta los diversos acuerdos bilaterales suscritos por el Estado, se aplica también a las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas de los Estados.
Empieza a ser cada vez más urgente utilizar programas de ayuda para la educación, la formación y el aprendizaje permanente de los colombianos en el exterior. Creemos también que el Estado debería estar más cerca de los jóvenes colombianos y de las mujeres que viven al exterior, para que tengan igualmente la posibilidad de ejercer una mayor influencia en el proceso decisorio.
Más específicamente, el apoyo a la integración de los colombianos en el exterior debería basarse en cuatro pilares principales:
1) Información y orientación (información básica sobre el país y sus instituciones, la vida cotidiana, los valores sociales, el mercado laboral, el proceso de migración legal y la protección de los derechos, los impuestos y la seguridad social, el acceso a la educación y a la asistencia sanitaria).
2) Desarrollo de competencias (formación lingüística, preparación para la vida, formación profesional, competencias profesionales relacionadas con el empleo).
3) Adecuación entre la demanda y la oferta de empleo (búsqueda activa de trabajo, asesoramiento y asistencia en materia de contratación, orientación sobre emprendimiento).
4) Reconocimiento de las cualificaciones y competencias (lengua, educación, cualificaciones y competencias profesionales). Véase OIM, 2015, Headstart: Fostering Migrant Integration Before Departure, informe de política, p. 1.
Al mismo tiempo, creemos que la promoción de la participación activa de los ciudadanos colombianos en el exterior en la toma de decisiones del Gobierno nacional sobre el proceso de paz en el posconflicto también puede ser otra de las estrategias de su inclusión, y se debería fundamentar en el conocimiento de una serie de conceptos democráticos básicos que incluye: la comprensión de lo que es la sociedad y los movimientos sociales y políticos; el proceso de paz y la estructura del Estado colombiano y los principales avances sociales, tanto del pasado como del presente, así como la capacidad y el deseo de participar de forma constructiva en el ámbito público, incluido el proceso de toma de decisiones a través del voto, el sentido de la pertenencia a la sociedad colombiana, el respeto por los valores democráticos y por la diversidad y el apoyo al desarrollo sostenible.
Colombia se enfrenta con la alternativa crucial de aceptar una responsabilidad de liderazgo en América Latina y credibilidad en la comunidad internacional. Si lo hace sus obligaciones financieras y políticas con respecto a sus socios y vecinos serán inmensas. Gracias
Nota
Deseo mucha suerte al representante por colombianos en el exterior y a su equipo, y confío en que, bajo su liderazgo, Colombia podrá progresar en el fomento de una política de integración coherente y especialmente en las legislativas.
* Véase: Proyecto de acto legislativo 116 de 2012 Cámara
