Después de ver y analizar la gestión actual de la representante Carmen Ramírez Boscán, junto a varios activistas y líderes del sector social de la comunidad, llegamos a una serie de conclusiones que de alguna forma han influido para que hoy día, los colombianos en el exterior, vivamos en una crisis de representación continuada.
En contexto. Las conclusiones
Una de las primeras conclusiones a las que llegamos, después de llamadas de horas en todo el mundo, fue esa que existió hasta hace algunos años, y es determinada por un vacío de gestión y trabajo entre las dos líneas de investigación de la migración colombiana. (Ver link)
Los vacíos que se generaron en la gestión de trabajo colectivo, se basaron en las formas de comunicación frente a varias acciones que se gestaron en años anteriores. Todas las acciones reivindicativas de los derechos de la comunidad colombiana en el exterior no contaron con la debida comunicación, como el trabajo que se realizó frente a las acciones sociales en contra de la pérdida de derechos y abuso sistemático del estado colombiano con sus connacionales en los últimos 20 años.
Temas trascendentales para la comunidad colombiana residente en el exterior, como las protestas contra el impuesto de timbre, la perdida de la segunda curul de la comunidad colombiana en el exterior, la gestión del Fondo Especial para las migraciones, junto al inexistente sistema nacional de migraciones y el modelo de gestión de la Cancillería frente a los servicios consulares, sus tiempos y atención al público.
Posteriormente, se trató de direccionar desde el primer foro Diáspora Colombiana 2018, realizado en Barcelona, la posibilidad de incluir en esa agenda las realidades en temas de migración que afectan gravemente a población migrada, como el reconocimiento del hecho migratorio por parte del Estado Colombiano, las situaciones de los ciudadanos colombianos en situación irregular en Europa, Estados Unidos, Chile, Argentina, Ecuador y Perú.
En su momento el impuesto de timbre que modifico Juan David Vélez Trujillo en el Estatuto Tributario, la representación política de la comunidad colombiana en el exterior, la situación de las víctimas del conflicto armado, la ley de General de migración, hoy Política Integral Migratoria y el seguro de repatriación de connacionales en el exterior. Mucho de esta agenda sigue latente, y eso que venimos trabajando en estos temas desde el año 2018. (ver link)
Otra de las conclusiones, es que la honorable parlamentaria Ramírez Boscán está muy mal asesorada. Desde la plataforma que informa a la comunidad que son los que “supuestamente” llevaron a la Cámara de Representantes (ONG Movilízate de Valencia, España) a la honorable parlamentaria, hasta la selección de sus dos asesores políticos. Hay mucho de mecánica automotriz, pero nada de mecánica política y mucho menos de gestión con la sociedad civil.
El reto más importante para la sociedad civil de los colombianos en el exterior
El más grande reto, a mi leal saber y entender, es el de saber cuántos colombianos estamos en el exterior. Esa labor de censar a la comunidad es un trabajo muy grande y muy complicado, además que se presta para la especulación de algunos sectores que pretenden instrumentalizar estas cifras a determinados intereses políticos y económicos.
Desde nuestra perspectiva, es que hay tres posibilidades, tres estrategias que se pueden gestionar, cada una con su grado de complejidad, para poder establecer con un margen de error del 12,5%, un censo que genere confianza y establezca unas cifras que se acerque a la realidad.
La primera opción es la de generar una Directiva desde la Cancillería, para que de manera estructural se vincule a cada colombiano en el Registro Consular. Esta acción seria de carácter obligatorio e incurrirían en posibles multas, ya que es imperativo para poder generar políticas públicas que redunden en beneficio de connacionales en riesgo de exclusión social, generar las prospectivas necesarias para el servicio a los connacionales en el exterior y se generen las dinámicas necesarias para atender a la población de manera efectiva y eficiente. Se aprovecharía para la inscripción de cedulas para las elecciones legislativas y presidenciales.
La segunda opción sería un censo de carácter virtual. De igual manera sería de carácter obligatorio, pero desafortunadamente no sería plenamente confiable, ya que al no estar una persona recolectando los datos, se prestaría para engaño del ciudadano y afectar los resultados estadísticos.
La tercera opción es un censo en terreno. Desafortunadamente, sin tener un espacio territorial determinado y frente a la atomización de la población, es la opción que más complejidad presenta, en materia operacional y de gasto público. Creo que la inmensa mayoría estará de acuerdo conmigo, que poner a unas personas a ejecutar un proceso de toma de datos estadísticos en terreno, sin conocer donde se encuentran ubicados los miles de colombianos, no sería coherente, ni veraz y mucho menos practico.
Cualquiera de estas acciones debe venir acompañada de un plan de medios fuerte (diseño, publicidad, comunicación y marketing) para que el impacto de esta acción entre la población sea efectivo y cumpla con el objetivo social del Estado.
Aquí en España hay un modelo de empadronamiento que hace de herramienta estadística para la población en tiempo real. Este proceso es de carácter obligatorio y vinculante para cualquier proceso frente al estado español, como los beneficios estatales en el sector salud, la educación y las mejoras sociales en el territorio.
La pregunta es: ¿Será que le queda grande al estado colombiano, a la Cancillería de Álvaro Leiva Duran y a la Honorable Parlamentaria Ramírez Boscán diseñar una estrategia similar para poder establecer con datos reales cuanta población ha salido del país?
Amanecerá y veremos.
