Hace unas horas, la Organización de Policía Internacional (Interpol) libró circular roja en contra de Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias ‘Jesús Santrich’, quien desapareció del radar de la fuerza pública colombiana desde hace aproximadamente dos meses. El exjefe guerrillero fue visto por última vez en Tierra Grata, César, y no se ha presentado a las citaciones judiciales para responder por supuestos nexos con el narcotráfico después de la firma del acuerdo paz.
Ahora bien, no solo miembros de grupos armados han sido destinatarios de una circular roja. Varios colombianos, entre esos políticos, la recibieron y, en la mayoría de los casos, terminaron tras las rejas. Este es un listado de algunos de ellos:
Luis Gustavo Moreno
Luis Gustavo Moreno es sinónimo de una de las ironías más grande que ha visto el país. Mientras se desempeñaba como fiscal anticorrupción fue capturado por delitos ligados, curiosamente, a la corrupción. Grabaciones hechas por la DEA demostraron que Moreno exigía dinero a políticos investigados por la Corte Suprema de Justicia (como el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons Muskus) a cambio de que sus procesos no avanzaran, lo que posteriormente llevó a que se destapara una impensada red de tráfico de influencias y sobornos de la que hacían parte exmagistrados y varios abogados litigantes.
Fue a partir de una circular roja de Interpol que se realizó su captura en junio del 2017. Tras colaborar, en primera medida, con la justicia colombiana, sería extraditado a los Estados Unidos para responder por fraude bancario, conspiración para cometer fraude en giros bancarios y conspiración para lavar dinero. Fue condenado por una jueza federal en Miami y paga su pena actualmente.
Carlos Mattos
Hasta hace un par de años, Carlos Mattos era percibido como un importante empresario del sector automotriz en Colombia. Gracias a la exclusividad que tuvo durante 25 años para comercializar automóviles Hyundai en el país, logró disparar sus riquezas y tener propiedades en España, donde finalmente se radicó. Sus éxitos se verían truncados en 2015 cuando la empresa coreana decidió quitarle la potestad de comercializar sus carros y Mattos emprendió acciones legales en su contra. Adicionalmente, según lo ha determinado la justicia, el empresario pagó sobornos a funcionarios judiciales para influir en el reparto de la demanda que interpuso.
Todo fluiría para Mattos en un inicio, pero, en enero de 2018, la Fiscalía haría pública la investigación que adelantaba por el entramado de pagos ilegales. Meses después, un juez le dictaría medida de aseguramiento y, rápidamente, la Interpol libraría circular roja para su aprehensión. Sin embargo, la circular dejaría de tener vigencia debido a que un juez adujo una violación al debido proceso y le quitó la medida privativa de la libertad a Mattos. En todo caso, la medida de aseguramiento se reactivaría en julio pasado.
Liliana Pardo Gaona
Dos años (2007 – 2009) estuvo Liliana Pardo Gaona al mando del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). Llegó a la entidad debido a una invitación por parte de Lucho Garzón y fue ratificada, más adelante, en la administración de Samuel Moreno. Resultaría vinculada e investigada por la adjudicación de contratos en lo que se conocería como el “Carrusel de la Contratación”, el caso de corrupción más impresionante en la historia de la capital del país.
En octubre del año pasado, luego de varias idas y vueltas en las que alcanzó a estar privada de la libertad por poco tiempo en 2011, fue condenada a 22 años y cinco meses de prisión. Fue cuestión de días para que Interpol emitiera una circular roja en la que solicita su captura ya que, desde el 2014, se desconoce el paradero de Gaona.
Sami Spath
Este colombo italiano gozaba de cercanía con Alejandro Lyons Muskus durante el mandato de este en la gobernación de Córdoba (2012-2015). Alcanzó a ser conocido como “el hombre de la tula” ya que entre sus funciones estaba la de repartir los dineros que Lyons y sus socios, políticos como Musa y Edwin Besaile, obtenían a través del “Cartel de la Hemofilia”, una red criminal que cobraba al sistema de salud por tratamientos para combatir la hemofilia de pacientes inexistentes. Este proceder inescrupuloso saldría a la luz, pero no sería el único en el que se mencionaría el nombre de Spath, a quien se acusó de ayudar a Lyons a desviar otros dineros públicos producto de dádivas.
En 2018, vía Skype, mientras se encontraba fuera del país, Spath recibiría la condena de 27 meses de prisión por parte de un juez penal del circuito de la ciudad de Montería. Inmediatamente, Interpol emitiría una circular roja y él volvería a Colombia en un vuelo comercial de Avianca en noviembre de ese mismo año.
María del Pilar Hurtado
Curtida exfuncionaria en la capital del país y a nivel nacional. El Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte (IDRD) la tuvo como su directora y fue asesora del Instituto de Desarrollo Urbano. Pero los colombianos la conocieron cuando ingresó al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en el segundo periodo presidencial de Álvaro Uribe. Primero como sudirectora y luego como cabeza del organismo tras la salida de quien fuera su jefe directo, Andrés Peñate.
En 2008, miembros de la oposición y periodistas denunciarían seguimientos ilegales a sus comunicaciones que tendrían como aparente responsable al DAS. Sendas investigaciones se llevarían a cabo y Hurtado sería imputada de varios delitos. Pronto se refugiaría en Panamá, país que le brindaría el asilo político bajo la presidencia de Ricardo Martinelli. Con el ascenso de Juan Carlos Varela al poder, el asilo fue revocado, la Interpol profirió circular roja y Hurtado decidió regresar a Colombia en 2015. La justicia le impondría una pena de 14 años de prisión por falsedad en documento público, concierto para delinquir, peculado por apropiación y violación ilícita de comunicaciones.
