La llegada de Iván Duque a la Presidencia de la República ha sobrepasado los augurios más oscuros de cualquier colombiano pesimista. Imposible imaginar el país real que se ha develado ante nuestros ojos en estos días de aislamiento social y cuarentena. Es claro que Colombia acelera su tránsito hacia un Estado fallido. Pocos países en el mundo han tenido la oportunidad de cambiar su rumbo e impedir la repetición de una violencia de más de 50 años y, por supuesto, menos países aún pueden contar que han decidido desperdiciarla. Hacer trizas el acuerdo de paz fue la opción tomada por la dirigencia nacional, pero los costos serán pagados por los 50 millones de connacionales y cuando menos las dos siguientes generaciones.
¿Cómo asombrarnos ahora con las masacres de jóvenes en Cali o en Samaniego, o con los incontables asesinatos de líderes y lideresas y defensores (as) de derechos humanos, cuando son apenas la expresión de la cesión de la soberanía nacional que el Estado ha venido haciendo a favor de los actores armados y sus aliados ocultos?
Un nuevo país se está construyendo a la vista de todos desde hace 20 años. Uno donde el Estado está cooptado por políticos corruptos que se alían con grupos armados ilegales, o los contratan, en ocasiones con la connivencia de la fuerza pública y sectores del empresariado, para apropiarse de territorios económicamente prometedores, sometiendo violentamente a sus pobladores a sus designios.
En este país, un campesino pobre del área rural de un municipio pequeño y marginado, madruga a realizar sus labores del campo y cuando logra una cosecha paga un impuesto ilegal por la venta de cada kilo de yuca o maíz, si no lo hace, esa misma noche su esposa será viuda y sus hijos huérfanos. La misma suerte correrá si camino a su finca tiene la desgracia de encontrarse alguno de los grupos armados que se enfrentan por el dominio de la zona, pues torturan y asesinan al azar y, para mantener vivo el terror, del que depende la obediencia, exponen públicamente el cuerpo. Cuando la viuda intenta denunciar el asesinato de su esposo, no encuentra a los funcionarios competentes en sus despachos pues solo atienden dos o tres días y, si la suerte estuviera de su lado, reciben la denuncia, pero no recolectan las pruebas porque el (des)orden público se los impide. El caso muere sin ser investigado porque tampoco hay testigos, eso también cuesta la vida.
Si otro campesino es directivo en su junta de acción comunal, so pena de muerte, lo obligan a recoger el dinero de las extorsiones que los grupos armados imponen a los beneficiarios del Plan de Sustitución de Cultivos Uso Ilícito, los mineros ilegales y todas las tiendas, billares, panaderías y establecimientos comerciales del pueblo. Y si es indígena, debe aceptar una vida confinada porque cada vez que se requiere mostrar resultados, los actores armados ilegales los denuncian falsamente como parte de su grupo y las autoridades expiden las órdenes de captura, que según rumores que corren entre la comunidad, pueden ser suspendidas si se pagan cinco millones de pesos. Lo que pasa a quienes elevan su voz para contar estas verdades es ya conocido y lo muestra el asesinato de muchos de los líderes(as) y DDH ocurridos desde la firma del acuerdo de paz en 2016. Y, por supuesto en los tiempos de pandemia, en este país, estos mismos grupos imponen el cumplimiento de la cuarenta y con el asesinato castigan su violación, pero también, ocasionalmente, entregan mercados a la población porque los del Estado nunca llegaron.
Como respuesta a esta grave situación, el Estado militariza el territorio, sin reconocer que estos grupos armados ilegales instrumentalizan sus operaciones. Ante la presencia del grupo con el que disputan el territorio, asesinando campesinos o indígenas, provocan la reacción del Ejército para que éste ataque a su enemigo en tanto ellos huyen y continúan fortaleciendo su dominio.
Este modelo de país, que lleva dos décadas construyéndose en el sur de Córdoba, es el que hoy se está llevando al Catatumbo y a los departamentos de Nariño y Cauca. Estos son los territorios en los que el Estado está cediendo su soberanía y, lastimosamente no por mera incapacidad.
El gobierno se ha movido entre la negación y el cinismo disfrazado de ignorancia —como lo demostró por el Alto Comisionado Ceballos al referirse a las gestiones que realizará el gobierno para que Mancuso, jefe del paramilitarismo, sea juzgado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, instancia sin competencia para este fin—, y de desgreño reflejado en la respuesta dada por la Cancillería a las embajadas de Francia y Alemania en la que manifiesta “… el Estado colombiano ha condenado de manera enérgica los execrables crímenes cometidos en contra de niños, adolescentes y jóvenes en los últimos días”, como si su papel, como miembro del actual gobierno, no fuera prevenir y poner fin a este tipo de crímenes, sino lamentar su ocurrencia.
Pero también emplea, y cada vez con mayor frecuencia, la apariencia como estrategia para dar la sensación de estar respondiendo a la problemática; así, por ejemplo, produce el Informe de Homicidios Contra Líderes Sociales y Defensores/As de Derechos Humanos en Colombia [1]. En 108 páginas intenta asumir la responsabilidad de administrar las cifras oficiales de asesinatos contra DDH y líderes(as) y dedica 61 páginas a repetir la información producida por la Defensoría del Pueblo, el Programa Somos Defensores, el Cinep, Indepaz, la Misión de Observación Electoral, los organismos del Sistema Universal de Derechos Humanos y del Sistema Interamericano de DH, entre otros, sin añadir valor agregado.
Las limitaciones de la propuesta de protección del gobierno nacional como respuesta a situaciones como las descritas, quedan claras al considerar los seis avances reportados por el gobierno nacional, en el mismo informe, en la implementación del “Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección individual y colectiva de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de defensores de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, comunales y periodistas” —diseñado por el gobierno nacional, para negarse veladamente a aplicar los puntos del acuerdo de paz orientados a la protección de comunidades, organizaciones, líderes y defensores—, a saber:
1. Acompañamiento de la fuerza pública a la Fiscalía para fortalecer su actuación en terreno (que debe estar paralizada por las restricciones de movilidad).
2. Gestión de un proyecto de inversión propio que permite priorizar acciones e implementar una planeación estratégica.
3. Mejorar la confianza de la sociedad civil en las instituciones socializando la oferta institucional en materia de prevención y protección, en dos sesiones territoriales Putumayo el 23 de junio y Becerril, Cesar el 24 de junio.
4. Desarrollo de dos soluciones tecnológicas, apoyadas por USAID e IMB, que se encuentran en periodo de prueba. “Casa de papel”, una red de protección con botones de pánico, y “Ángel Guardián”, escenarios de realidad aumentada para capacitación en técnicas de autoprotección y protección.
5. Creación del Comité Integrado para la Prevención, Protección y Reacción Regional –Policía Nacional, Fuerzas Militares, UNP y Fiscalía.
6. Entrega de un millón de ayudas humanitarias para líderes y defensores.
Estas acciones además de no considerar los territorios que han mostrado mayor afectación —Antioquia, Arauca, Bolívar, Cauca, Córdoba, Bogotá, Cundinamarca, Norte de Santander, Valle del Cauca y Chocó—, refiere solo dos medidas concretas de protección —“Casa de Papel” y “Ángel Guardián”—, que desconocen las condiciones de marginalidad económica y social en que viven los(as) líderes(as) y DDH residentes en las áreas rurales, siendo ellos los más afectados y los más vulnerables.
Es evidente el abismo que hay entre las medidas de protección que toma el gobierno y la profunda crisis humanitaria que cada día vive buena parte de la población colombiana, agravada para los(as) líderes(as) sociales y DDH. Entre tanto el gobernador de Nariño, espera, que el gobierno nacional, deje de mirar el despegue de un vuelo nacional y acepte convocar la Comisión Nacional de Garantías en este territorio, justamente creada para definir acciones como el desmantelamiento de los grupos armados ilegales.
Por estos días el desgobierno, la desinstitucionalización, los asesinatos y las masacres nos dan la bienvenida al pasado.
[1] Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda. Consejera Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales. Informe de homicidios contra líderes sociales y defensores/as de derechos humanos en Colombia. Periodo de análisis del 01 de abril al 30 de junio del 2020
