En cumplimiento del deber ciudadano de consultar los planes de gobierno es posible encontrar que el candidato a la Presidencia de Colombia, Ingeniero Rodolfo Hernández, tiene tres planes urbanísticos bandera, llamados "Casa mi-fortuna", "Ciudad Justicia" y "Ópera mi campo"[1]. Este artículo se enfoca en el segundo de ellos.
La denominación "Ciudad de la Justicia" es utilizada en España para llamar a un conjunto de complejos arquitectónicos en los que se reúnen diferentes instituciones judiciales con el fin de mejorar su interacción.
Sin embargo, la "Ciudad Justicia" del candidato es todo lo opuesto, es un espacio de segregación más que de integración y ofrece más dudas que certezas.
Para iniciar, dice el proyecto: “La distribución se plantea mediante módulos circulares de 1600 m2 donde en su interior ocupan 52 supermanzanas de 200 m2 cada una”. Pues bien: 52x200 m2=10.400 m2, lo cual sugiere que no son 1.600 m2, sino 16.000 m2.
Se plantea como ubicación del proyecto el Vichada –el departamento desconocido por el candidato–, lugar cercano al río Meta, para aprovecharlo como vía de distribución y acopio. Acá debe tenerse en cuenta el impacto ecológico de la construcción en el río.
Primero, por el agua que se extraerá de él, y segundo, por los desechos (industriales y humanos) que le serán depositados, sin que haya un plan explícito para construir una planta de tratamiento.
Todo lo cual influirá en el río Orinoco, cuyo recorrido, así como el del río Meta, atraviesa no sólo territorio colombiano, sino también venezolano. También debe atenderse que no todo el río Meta es navegable.
Continuando, se propone que las personas ubicadas en Ciudad Justicia se dediquen a la producción agrícola, cría de animales o manufactura, esto por medio de empresas que se ubicarían allí.
Al respecto, los suelos del Vichada no son particularmente fértiles debido a la poca lluvia que cae allí.
El Instituto Geográfico Agustín Codazzi explica que sólo el 14% del departamento es apto para la agricultura transitoria y permanente, pero se requiere una fuerte inversión ya que son altos en aluminio y requieren un manejo especial[2], esto significa que el desarrollo de proyectos agrícolas permanentes es difícil, además que toma tiempo desde que inicia el uso del terreno hasta que este sea económicamente productivo.
Sucede igual con los proyectos de cría de animales los cuales, además, son una fuente importante de contaminación por desechos.
Quedan como alternativa los proyectos de manufactura, aunque esto requeriría una inversión igualmente importante de parte de particulares que decidan integrarse al proyecto.
Uno de los rasgos más importantes de la "Ciudad Justicia" es que sería autosostenible. Es decir, que el Estado no tendría que aportar dinero para su mantenimiento, sino que bastaría con el fruto de las actividades productivas que se desarrollen allí.
Esto nos remite nuevamente al tiempo que se requiere para que determinada actividad sea rentable.
Además, conforme las leyes de la oferta y la demanda los distintos productos pueden no tener el mismo precio siempre, por lo que se requerirá que los sectores que estén en mejor situación distribuyan sus ingresos con el fin de garantizar que los habitantes de la ciudad tengan un ingreso mínimo e igualitario, so pena de empobrecer parte de la población interna, con la consecuente generación de descontento.
Hasta ahí la justificación del proyecto en el aparte dedicado a la "Ciudad Justicia". En el programa de gobierno publicado en la misma página web[3] no se desarrolla, ni menciona, dicho plan.
En una entrevista para el medio de comunicación Semana[4], el candidato Hernández ligó "Ciudad Justicia" a sus críticas contra el INPEC.
Aunque no fue claro sobre la ubicación del proyecto, señaló que lo llevaría junto a un municipio pobre con el fin de generar empleo, por ejemplo, con la venta de almuerzos, pero no tiene en cuenta que sería un empleo temporal, que perdería espacio en la medida que se consolide la mano de obra interna, suponiendo además que la venta de almuerzos, usando el ejemplo del candidato, no quede en manos de una compañía ajena al supuesto municipio, o que se desarrolle exclusivamente al interior de la "Ciudad Justicia".
Continuando, aunque no es claro, el candidato propone un sistema mixto que acude, parcialmente, al abolicionismo penal, ya que los responsables de delitos menores como lesiones personales, inasistencia alimentaria, hurtos en mínima cuantía no cumplirían penas de prisión sino que serían empleados en empresas reconocidas con el uso de brazaletes de seguimiento.
Mientras las personas responsables de delitos más graves, cuatro a cinco mil, que “son como locos que no se pueden curar” irían a la "Ciudad Justicia", lo cual nos remite al positivismo criminológico, el cual explica la delincuencia con motivos médicos y genéticos, lo cual, a su vez, es una contradicción, pues de lo que se trata es de que estas personas se conviertan en “buenos vecinos”, dice el proyecto, lo cual no sería posible si se trata de enfermos.
El candidato tiene en cuenta algo relevante, generalmente ignorado, y son las consecuencias de la delincuencia en el entorno de las personas judicializadas.
Sin embargo, propone como solución que los reclusos, si lo quieren, se muden a "Ciudad Justicia" junto a sus familias, lo cual sería una insensatez, pues tendríamos que personas que no han sido responsabilizadas de conductas punibles, mayores y menores de edad, tendrían sus derechos fundamentales, como la libertad y la libre locomoción, restringidos.
A juicio del candidato, a los reos se les deberían pagar 1.6 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Cantidad importante y que, remitiéndonos a lo antes dicho, exigiría que dicho ingreso fuera subsidiado por el Estado, o particulares, antes que la ciudad fuera productiva, y que, después de ello, se haga una redistribución del ingreso en caso que haya actividades económicas más rentables que otras.
Afirma el entrevistado “si la persona quiere comer tiene que trabajar” desatendiendo la existencia de instrumentos internacionales suscritos por Colombia, como el Convenio sobre trabajo forzoso, que prohíbe los trabajos forzados y la esclavitud como contraposición al empleo digno y decente.[5]
El candidato entrevistado propone traer a los arquitectos más importantes del mundo para convertir las cárceles en centros culturales, mientras el problema carcelario propone dividirlo entre la propuesta abolicionista y la segregacionista.
Lo primero se ha logrado en países europeos, pero no tras esconder a los delincuentes, sino luego de décadas de reducir la desigualdad y mejorar las condiciones de los habitantes, de modo que la criminalidad se redujo a los mínimos posibles.
Lo segundo y lo tercero resulta en una visión muy simplista de la criminalidad, pues solo tiene en cuenta a pequeños asaltantes y asesinos, sin reparar, por ejemplo, en la delincuencia de cuello blanco y otro tipo de “locos”.
Para no entrar en el campo de la especulación se finalizará este somero análisis en este punto.
A juicio del autor, la propuesta parece ubicarse más en el campo de los futuros distópicos del cine, traslada a la economía algo que es, en gran parte, consecuencia de diversas fallas del Estado y es cuestionable desde el punto de vista ecológico, económico, criminológico y del respeto por los derechos fundamentales.
Referencias:
[1] https://www.ingrodolfohernandez.com/
[2] https://igac.gov.co/es/noticias/vichada-un-territorio-apto-para-cultivos-y-ganado-pero-con-restricciones-y-grandes
[3] https://drive.google.com/file/d/1HjJPELs7ccjJMLAKN_bT1TsgdvGoxHIy/view
[4] https://www.youtube.com/watch?v=hTP89M3218s&list=TLPQMDMwNjIwMjKDn3n4yzxkow&index=1
[5] https://www.mintrabajo.gov.co/prensa/mintrabajo-es-noticia/2019/-/asset_publisher/5xJ9xhWdt7lp/content/colombia-no-fue-incluida-en-lista-negra-de-trabajo-forzoso-de-la-oit
