Continua la situación de discriminación estructural, estigmatización y segregación racial a la que son sometidos los jóvenes negros en el distrito de agua blanca de la Ciudad de Cali hoy Distrito Especial.
Las instituciones de gobierno en especial la Policía Nacional a perseguido de forma sistemática a los jóvenes de color marrón son prejuzgados y sentenciados por el hecho de su color distinto que implica para ellos “cosa peligrosa” esto en particular, profundiza las desigualdades raciales en el ámbito policial y en el sistema de justicia penal.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “ha señalado anteriormente que el sesgo racial constituye la espina dorsal de muchos de los problemas de abuso policial”, sobrerrepresentación de los afro caleños en detenciones y en el sistema penitenciario, acceso desigual a la justicia, así como también problemas más amplios de pobreza por motivos raciales y acceso desigual a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que en medio de la crisis humanitaria de desplazamiento por la guerra en los territorios solo logran marginación y muerte
Como el caso de los jóvenes color marrón de Llano Verde, Álvaro Caicedo, Jair Cortés, Jean Paul Cruz, Luis Montaño y Léider Cárdenas víctimas del sistema policial que por acción u omisión permiten que los derechos de los jóvenes negro sean vulnerados (“Las Vidas Negras Importan”)
Han incrementado el debate público respecto de los problemas raciales en el ámbito policial y en el sistema de justicia penal. Como quedó establecido en el marco de la protesta juvenil del 28 de abril del 2021 vista. De la amplia información recibida en el último año se puede evidenciar por lo menos en el caso del joven de 25 años Álvaro Herrera Melo, estudiante de la Universidad del Valle fue torturado, y forzado a confesar un delito que no cometió.
Es esto acaso lo que le pasa a muchos jóvenes negros que son sometidos a torturas y auto incriminarse en delitos o como lo llaman los Policías “Lo legalizamos”.
Si bien los problemas de racismo por parte de la policía y la justicia penal son ampliamente abordados como cuestiones urgentes sobre derechos civiles a nivel nacional, es necesario subraya que éstos también plantean preocupaciones con respecto a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Se debe atender el mandato de monitoreo y promoción de los derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y que las organizaciones de la sociedad civil y las víctimas de violencia policial, reciban protección por parte del Estado colombiano.
