Es un hecho innegable que todas las drogas lícitas o ilícitas generan un riesgo para la salud, igual que lo es el hecho de que su consumo es una actividad que existe desde los orígenes de la humanidad. La gente “puede volverse adicta a la bebida, a los coches, al dinero, al sexo, a las calorías, a la cocaína… a cualquier cosa”, como lo asegura Harvey Milkman. No obstante, existe una importante diferencia entre el consumo y la adicción: el primero hace referencia a una cuestión de elección personal y puede ser problemático o no; el segundo presenta una fase degenerativa de las drogas que debe atenderse mediante de salud pública.
El enfoque represivo y prohibicionista promovido por EE. UU., bajo la idea de la “guerra antidrogas” ha fracasado para resolver este problema y, de hecho, ha contribuido a que el negocio ilícito sea rentable para grupos al margen de la ley. Colombia ha seguido al pie de la letra esta política antidrogas y prueba de ello fueron los nefastos resultados del Plan Colombia. La oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito señaló que desde 2013 el área cultivada de coca ha ido en aumento en el país en un promedio de 45% anual, pasando de 48.000 ha en 2013, 69.000 ha en 2014 a 177,000 ha en 2017. Por lo tanto, ni la fumigación aérea con glifosato, o la persecución a los consumidores, que solo busca criminalizar y que ha permitido el uso desproporcionado de la fuerza policial en el espacio público, ha resuelto este problema.
El camino a tomar debe ser mediante salud pública y educación, como lo hacen Uruguay e Islandia. El Estado uruguayo logró transformar las dinámicas de consumo creando mercados legales y regulados, a la par, logró obstaculizar el negocio de las drogas en el mercado negro y según informó el Instituto de Regulación y Control del Cannabis de Uruguay estima que tras la implementación de la Ley de Regulación de Marihuana del año 2013 el narcotráfico en Uruguay ha perdido USD 22 millones. Por su parte, Islandia mejoró el bienestar social y cultural de forma integral incluyendo a los padres, las escuelas y la comunidad permitiendo a los jóvenes acceder a una oferta de actividades para un estilo de vida saludable y a las familias mayor tiempo para compartir.
Lo que demuestran estos ejemplos es que la acción estatal es clave para combatir el problema, desde una perspectiva de salud pública, en donde se “prevengan los riesgos y reduzca daños”, y en donde los jóvenes tengan muchas opciones para divertirse. En Colombia y el mundo urge una verdadera reorientación de la política de drogas, que debe partir del respeto por la autodeterminación y por la cooperación entre los países para modificar la lógica tanto de la oferta (cultivo y distribución) como de la demanda (consumo).
Un gobierno interesado en dar verdadera respuesta al problema acogería mecanismos de salud pública con respuestas socio-sanitarias. Solución que no llegará con gobiernos como el de Duque, que mantienen al país bajo sobredosis de falso moralismo y politiquería.
