Mucho se comenta sobre los asesinatos de ciudadanos de bien sucedidos en los últimos meses en zonas de tradicional conflicto armado. Todos protestamos naturalmente. Y responsabilizamos a quien tiene a su cargo el cuidado de la vida y los bienes de los ciudadanos. Mejor dicho, a la autoridad competente. Desde el jefe del Estado hasta al aislado gendarme abandonado en el más apartado rincón de esos sitios de muerte. La autoridad se excusa fácilmente. Esto, porque aduce que por esos sitios dejados a la mano de Dios, anidan todas las agrupaciones que aún persisten en su alzamiento en armas y las que simple y llanamente aprovechan la fragilidad del Estado para delinquir, haciendo de las suyas en territorios literalmente abandonados; allí, la fuerza pública, ya la militar, ya la policía militarizada, hace presencia dentro de un contexto percibido de manera equivocada –para mal de nuestros males-, de una mantenida “cultura de la guerra”, formada y arraigada profundamente por aquella necesidad de antaño de combatir el “enemigo interno”.
Pero no nos podemos quedar en la simple protesta ciudadana. La tragedia hay que superarla con imaginación y arrojo. Así, lo que hay que hacer es erradicar la causa última del más próximo origen de todo ese mal. Y no con soluciones paliativas sino con cirugías de fondo.
Lo que seguidamente habré de exponer no es nuevo. Años atrás lo puse de presente. Si bien el tema al que me refiero a continuación aparece como la continuación de mis dos últimas columnas publicadas en este medio, tituladas Escrito con enojo ciudadano y Ejército a los cuarteles, policía a su función, lo cierto es que se trata de un propuesta efectuada por la época del cuatrienio Presidencia Pastrana Arango. Lastimosamente entró por un oído y salió por el otro. Se trata de una posible solución a un problema cancerígeno-social que no ha permitido que Colombia supere la tragedia de poseer un arma de destrucción masiva.
Fíjese bien estimado lector. El 6 y el 9 de agosto de 1945, Estados Unidos, de manera consecutiva, arrojó dos bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, precipitando con ello la terminación de la Segunda Guerra Mundial. Esto, por los resultados de las dos brutales explosiones. Entre 105.000 y 120.000 personas murieron y 130.000 resultaron heridas. Se ha calculado que hacia finales de aquel mismo año la cifra de muertos causados por la bomba en Hiroshima había ascendido a 166.000; en Nagasaki, a 246.000. Se estimó por otra parte, que entre el 15 al 20 % murieron por lesiones o enfermedades atribuidas a esa nueva arma letal. Búsquese en Google todo lo que se quiera al respecto.
A partir de ese momento fue la Unión Soviética la que logró desarrollar un poder atómico similar al americano. La siguieron Inglaterra y Francia. Diversos afanes de otras naciones por no quedarse atrás produjo miedo. Tanto como para haberse dado el Tratado de No Proliferación Nuclear, NPT. Entró en vigor en 1970. Limitó la posesión de armas nucleares a los cinco países con presencia permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
La carrera armamentista sovietica-americana puso los pelos de punta a ambos países; condujo a que estos Estados firmaran en Moscú el Tratado sobre Misiles Anti-Balísticos o Tratado ABM. Se pretendía con ello limitar el número de sistemas de misiles antibalísticos con carga nuclear. Esto en desarrollo de los llamados Acuerdo Salt I y Acuerdo Salt II (sigla para significar Strategic Arms Limitation Talks), suscritos en 1972 y 1974.
Finalmente, en julio de 2017, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó un acuerdo denominado Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. No obstante, este último esfuerzo y los anteriormente mencionados, el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, SIPRI, estimó, que para enero del 2018, más de 14.400 armas de destrucción masiva se encontraban en poder de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia, China, Paquistán, India, Israel y Corea del Norte.
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Solo en el año 2015 fallecieron aproximadamente 450.000 personas a consecuencia del consumo de drogas, dice la Organización Mundial de la Salud
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Pero de algo sirvió el esfuerzo de ese détente a la desbocada carrera armamentista nuclear. Tanto como para que desde Hiroshima y Nagasaki no haya habido un muerto más por causa de un arma de destrucción masiva. Eso si, sin que haya ocurrido lo mismo con el arma de destrucción masiva colombiana. Y otras armas del mismo alcance producidas en diversas regiones del planeta. Nuestras ojivas han sido mortales. No solo nos mantienen en vilo, sino en un ambiente de máxima violencia, pobreza inaudita en lo regional, y miopía total en lo nacional. Esas ojivas malditas se denominan cultivos ilícitos; hacen parte de ese arsenal de destrucción que se llama droga. Drogas de las malas. Como que según el informe anual (2018) de la Organización Mundial de la Salud, OMS, solo en el año 2015 “fallecieron aproximadamente 450.000 personas a consecuencia del consumo de drogas. De esas muertes, 167.750 estaban directamente relacionadas con los trastornos por consumo de drogas (principalmente sobredosis)”. Y no hay en el mundo un solo acuerdo internacional que obligue a los países consumidores a asumir responsabilidades. Aparte, si, de que nos comprometamos, a cambio de unos dólares y unas armas, a echarnos bala entre nosotros mismos para evitar en algo que se siga aumentando el vicio entre sus débiles ciudadanos.
La participación de la droga colombiana en las muertes sucedidas en el mundo por razón del vicio desbocado es grande. Según la OMS, el cálculo de la cifra de consumidores de cocaína en el 2016 ascendió a 18 millones. Tan significativo el problema en el caso de la sociedad americana, como para que solo Estados Unidos haya dispuesto de más de 10.000 millones de dólares para destinar en ayuda militar y policiva a Colombia entre el año 2000 y el 2020 para combatir ese nuestro flagelo. ¡Qué desperdicio!
En la próxima columna propondré de nuevo, como fórmula de solución a toda la tragedia regional-nacional derivada de nuestra arma de destrucción masiva y sus ojivas, el Plan Marshall nacional en los términos que se presentó en 1999. Sigue vigente. Tristemente, para mal de todos, en aquel entonces, se echó por la borda.
