En forma casi anónima, sin ningún cubrimiento por los medios de comunicación ni compromiso formal del gobierno se realizó a comienzos de mayo un evento que pretendía preparar una cumbre de América Latina y el Caribe sobre la tributación internacional el cual se realizará en Cartagena en julio del presente año. El evento fue un fracaso estruendoso y la mayoría de los participantes de la sociedad civil latinoamericana manifestaron su descontento.
Es una realidad ampliamente conocida que las grandes multinacionales han evitado recurrentemente pagar impuestos. Para ello han colocado sus sedes en paraísos fiscales en donde tributan muy poco o nada y eluden los pagos en sus países de origen o aquellos en los cuales operan. Esta situación es particularmente grave con el extraordinario crecimiento de las empresas tecnológicas que realizan operaciones digitales.
En 2021 dentro del marco de la OCDE y el G20 se acordó lo que se denominó Marco Inclusivo para garantizar que las empresas multinacionales (EMN) estén sujetas a una tasa impositiva mínima del 15%, y reasignar los beneficios de las empresas más grandes y rentables a países de todo el mundo.
Sin embargo este nivel de impuestos es muy bajo y es inferior a lo que las multinacionales deberían pagar de acuerdo a las legislaciones nacionales y su efecto se limita a elevar un poco los niveles de impuestos que pagan las multinacionales en los paraísos fiscales y su efecto es desestimular un poco la inversión en dichos paraísos pero si hace que los impuestos que se cobran en la mayoría de los países compitan hacia la baja y, por otra parte, solo se aplica a una parte de las ganancias y a cambio las multinacionales lograron que las divergencias en esta materia se dirimieran en un mecanismo de solución de controversias, dilataron en el tiempo la aplicación de los mecanismos de control y solo se aplica a las más grandes corporaciones. Por otra parte, debido al poder de Estados Unidos y a la prevalencia de la legislación estadounidense en todas las definiciones sobre la arquitectura financiera internacional, estas reformas deben ser aprobadas por el Congreso de ese país. Según la OCDE el Marco Inclusivo implica una reasignación de recursos por unos 100.000 millones de dólares que podrán ser gravados y que el impuesto mínimo con un tipo de interés de al menos el 15%- generará alrededor de 150.000 millones de dólares estadounidenses en ingresos fiscales adicionales al año a nivel mundial.
Las definiciones del Marco Inclusivo, están llenas de excepciones, normas complejas, ambigüedades y mecanismos para que muchas multinacionales y países sometan a litigios y reglamentaciones dilaten la implementación de estos impuestos y solo aquellos que tengan la capacidad de controlar, supervisar e incluso sancionar a las grandes empresas estén en condiciones de beneficiarse de ellos. Esto limita los eventuales de estos beneficios a los países desarrollados.
Alianza Global por la Justicia Fiscal (GATJ) manifestó en su momento su preocupación por que las nuevas reglas tributarias globales, no proponen una solución a los problemas fundamentales de la actual arquitectura tributaria internacional e ignoran los intereses de los países en desarrollo y que Las “soluciones” no abordan las causas fundamentales de las prácticas y normas actuales que incentivan la transferencia de beneficios y facilitan la evasión fiscal con impunidad. El impuesto mínimo global acordado del 15% es mucho más bajo que el promedio mundial del impuesto sobre la renta de las empresas del 25% y más cercano al 12,5% propuesto por las jurisdicciones con impuestos bajos o nulos.
Por su parte la Comisión Independiente para la Reforma de las Tasas Internacionales de Tributación a las Corporaciones, ICRICT ha planteado que se debe aplicar un impuesto de mínimo el 25% a todas las corporaciones en función de su participación en las ventas, activos, empleo y beneficios que obtengan en cada país y que esto representaría ingresos adicionales por miles de millones de dólares para los países en desarrollo.
Dentro de este contexto el exministro José Antonio Ocampo miembro del ICRICT propuso una reunión latinoamericana para coordinar entre los países de la región una posición conjunta en este proceso para ello se realzó un seminario académico a comienzos de mayo en Bogotá para lo que se denominó una cumbre sobre tributación global a realizarse en Cartagena en julio de 2023, para ello coordinó con Fedesarrollo, principal centro de estudios colombiano defensor de la globalización, la realización del seminario. Los participantes en dicho seminario, miembros de la sociedad civil después del seminario declararon que “salimos con una gran decepción y preocupación al percatarnos que el evento estaba claramente influenciado por intereses del poder corporativo (a quien precisamente se busca regular),
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Los participantes de la sociedad civil declararon que “salimos con una gran decepción y preocupación al percatarnos que el evento estaba claramente influenciado por intereses del poder corporativo (a quien precisamente se busca regular)
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Y que quedó en evidencia un claro desbalance entre personas académicas europeas (particularmente vinculados a la academia holandesa), con respecto a representantes de la academia latinoamericana; que además representan posturas que en nuestra región están ya superadas entre sectores académicos, operadores tributarios gubernamentales y de sociedad civil. Ello tuvo como resultado que el evento no sólo no aportara nada significativo, sino que además significara un retroceso con respecto a los consensos que se tienen en la región” además que Debemos cuestionar con contundencia la opacidad y falta de ética en la selección de las ponencias… Incluso dos de los miembros del comité seleccionador, se auto seleccionaron (no estuvieron siquiera en la lista con los puntajes) para presentar ponencias y al mismo tiempo conducir los paneles. No se puede ser juez y parte. Además, uno de ellos es miembro de un organismo que brinda asesoría a las multinacionales más ricas del planeta. Este procedimiento amañado desde todo punto de vista en conjunto con una metodología verticalista y nada participativa le quitó objetividad, rigurosidad y transparencia a un evento que tenía que ser claramente un espacio de deliberación e intercambio conceptual.
Es evidente que como resultado de todo esto, no puede hablarse ni de conclusiones, ni de valoraciones, y mucho menos de que existieran puntos de vista compartidos por las personas representantes de la academia y de la sociedad civil participantes. Por tal razón nos preocupa que se quieran enviar a las delegaciones ministeriales que participarán en la Cumbre en Cartagena propuestas o recomendaciones como resultados del evento. Nuestra participación en dicho evento no avala, ni suscribe de ningún modo cualquier documento que se quiera concebir como resultado de esos dos días del evento.
