Una de las características del Estado colombiano en su constante histórica es la confrontación interna. Los conflictos armados en el país se han desarrollado desde su origen fundacional, pero estas violencias se recrudecen cada tanto se desarrollan procesos electorales en el territorio nacional. Es una tradición de nuestra violencia, así como el uso de los medios de comunicación para poder difundir los objetivos y resultados de esta (bajas y víctimas).
Colombia es un ejemplo del ejercicio del necropoder y el diseño de necropolíticas que establecen y profundizan los procesos de desigualdad en el territorio, acostumbrados a señalar la diferencia como el enemigo público se justifica desde el discurso de verdad promovido por el Estado, la muerte de aquellos que representan oposición a los intereses económicos privados que defienden las políticas gubernamentales el origen del mal (Étienne Balibar, Alejandro Bilbao, & Bertrand Ogilvie, 2018) para una parte de la población son aquellos que levanta su voz contra el establecimiento.
Para entender el conflicto armado en el país partiremos haciendo un breve resumen de nuestra historia nacional para entender cómo podríamos establecer que Colombia es un constante Estado de excepción (Agamben & Gimeno Cuspinera, 2010), en donde las confrontaciones internas contra el poder establecido han sido una constante a lo largo de la historia nacional desde la época de la colonia hasta nuestros días. Recordemos que al principio de nuestra lucha independentista existieron divisiones marcadas entre las formas de concebir el Estado pasando del centralismo al federalismo que mutará en santanderistas y bolivarianos aglomerandose en Partido Liberal y Partido Conservador, divisiones y discrepancias que se mantuvieron durante el siglo XIX llegando al olimpo radical de los liberales (constitución de 1863) después de una larga hegemonía conservadora seguido de la regeneración nacional (constitución de 1886) de Rafael Núñez y la guerra de los mil días. Ambas consecuencia de un gobierno ultra conservador que negó derechos políticos a lo liberales de la época desatando la más cruenta guerra interna que ha vivido el país.
En el siglo XX nos enfrentamos a las largas hegemonías de partido (republica liberal-republica conservadora), la dictadura de Rojas Pinilla y la dictadura bipartidista (frente nacional), todos estos procesos antes mencionados cobijados bajo la constitución de 1886, incluyendo el desarrollo del narcotráfico y paramilitarismo en la década de los 80; en respuesta a este largo proceso surge la constitución de 1991 como demanda de grandes sectores de la población que se movilizaron buscando ser visibles dentro del cuerpo social y reclamar sus derechos de participación y representación política; pese a esto, la constitución de 1991 se desdibuja por el actuar de las elites de poder en el país que, en 28 años ha realizado más de 40 cambios estructurales a la carta magna del país a comparación de la constitución de 1886 que en 105 años se modificó un total de 70 de veces podríamos plantear la idea de que ¿Colombia es un Estado que se ha encargado de destruir paulatinamente desde la apertura económica de Gaviria el gran acuerdo nacional que fuese la constitución de 1991?
Este corto esbozo de la historia política nacional nos permite contextualizar la premisa antes mencionada, Colombia es un constante Estado de Excepción, y como tal, para su mantenimiento es necesario el uso de diversas máquinas de guerra en el territorio que permita establecer diferentes ejercicios de poder por fuera del Estado controlando lo territorios; estas máquinas de guerra actúan directamente sobre la población que en el caso del conflicto armado colombiano, podríamos caracterizar en narcotraficantes, paramilitares, guerrillas-disidencias, fuerzas estatales, configurando en el territorio del Cauca un espacio donde la necropolítica es visible tanto en la población como en la construcción de vida digna, máquinas de guerra que en ejercicio de su poder de muerte (necropoder), actúan sobre la población cohesionada que ha luchado a lo largo de la historia nacional por su existencia.
La semana pasada se vivió una de las jornadas más sangrientas de la historia reciente en el marco del postacuerdo, específicamente en una de las regiones que históricamente ha sido atravesada por el desarrollo del conflicto armado en el país: el departamento del Cauca. Allí en solo cinco días se vivió una ola de violencia atravesada por masacres, secuestros y combates, una remembranza de nuestra historia reciente; acciones que fortalecen la idea de un Estado que se legitima desde el ejercicio de la muerte sobre la población en lugar de la administración de la vida.
Las comunidades del Cauca han sido objetivo de políticas de desarrollo que se han servido del ejercicio de la muerte decidiendo quién puede vivir y quién debe morir (Mbembe, 2011), un territorio en donde los intereses de grandes propietarios y azucareras han predominado por encima de la autodeterminación de los pueblos y la protección constitucional de los resguardos; el territorio del Cauca hace parte del llamado Chocó biogeográfico uno de los ejes ambientales del planeta pero igual un territorio en donde por parte del Estado se ha dado prioridad al desarrollo de proyectos de índole extractiva siendo necesaria la respuesta de las comunidades en oposición al desarrollo de este tipo de políticas, pero este no el único problema sino una de sus aristas, uno de los problemas de mayor impacto dentro del territorio es la apropiación de tierras para cultivos ilícitos; el departamento tiene una importancia estratégica para la consolidación de la paz en el país, siendo uno de los territorios con mayor riqueza y biodiversidad pero es el segundo departamento más pobre del país siguiendo al Chocó, territorios empobrecidos por la imposición de un modelo de desarrollo en donde la vida no cuenta, y los habitantes son el objetivo de políticas de muerte por parte del Estado o de las elites regionales que buscan reafirmar su poderío en la región asi como grupos armados que establecen su dominio a partir del ejercicio de la muerte.
Pero el Cauca no es el único espacio del territorio nacional donde el ejercicio del necropoder es evidente, Colombia que caractericé antes como un constante Estado de excepción implica a su vez que es un conflicto asimétrico con diferentes matices dependiendo de la región en donde se desarrolle siendo diferencial la forma de manifestación de este; el conflicto en el territorio nacional se ha desarrollado fuera de los centros de desarrollo (grandes ciudades) que imponen en los territorio periféricos a estas una visión de desarrollo que va de la mano con el desplazamiento, escalamiento, intensificación y territorialización del conflicto social, político y armado (Grajales, 2017), el conflicto armado en el país es un mal necesario para el mantenimiento de las elites políticas que buscan validar su existencia y pertinencia en un país que ha buscado alternativas para la superación de este, legitimando la muerte de aquello que se establece como el origen del mal.
La respuesta del gobierno de turno a los hechos desarrollados en el Cauca es el aumento del pie de fuerza mas no la ejecución de lo acordado en el acuerdo final firmado en el teatro Colón pese a que como enunció con anterioridad, el Cauca es un departamento clave tanto en el proceso hacia la terminación definitiva del conflicto como en la puesta en marcha de los acuerdos (Cauca: análisis de conflictividades y construcción de paz.).
Esta semana se desarrolló el debate de moción de censura del ministro de Defensa Guillermo Botero, en donde se mostró el asesinato por parte de las fuerzas armadas de un grupo de menores que estaban retenidos en el campamento, que para agosto del presente año se mostró como una operación exitosa y contundente desde el discurso oficial encubierto por lo medios de comunicación, ocultando las consecuencias de estas acciones; algo similar a lo vivido en el gobierno Uribe con las ejecuciones extrajudiciales que suavizaron los medios de comunicación titularlos como falsos positivos; pese a esto, el partido de gobierno se muestra en una férrea decisión de apoyo hacia el ministro que encubre estos hechos.
Con eso en mente, la pregunta sería: ¿por qué la necesidad de encubrir? La respuesta es simple, la necesidad de legitimación y evidencia de acción por parte de los entes gubernamentales. Por otro lado, ¿a quién le sirve este accionar? Obviamente a las fuerzas que se encumbraron en el poder con un discurso de mantenimiento de la guerra y no continuación del proceso de paz. Somos una sociedad acostumbrada a la muerte como dispositivo de control por parte del Estado, a quien le basta la justificación del presidente eterno para validar y justificar la violencia en las regiones así como la muerte de cualquiera que pueda ser objetivo de categorizar como el origen del mal.
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Agamben, G., & Gimeno Cuspinera, A. (2010). Homo sacer: El poder soberano y la nuda vida. Valencia: Pre-textos.
Étienne Balibar, Alejandro Bilbao, & Bertrand Ogilvie. (2018). Estudios sobre necropolítica. Violencia, cultura y política en el mundo actual. (Primera edición). Santiago de Chile: LOM ediciones.
Grajales, N. O. (2017). Al precio que sea necesario: Aproximación al desarrollo como práctica de la necropolítica en el. . . Pp., 13.
Mbembe, A. (2011). Necropolítica..
Cauca: análisis de conflictividades y construcción de paz (s. f.). Recuperado 6 de noviembre de 2019, de
