La participación electoral es una de las manifestaciones de la participación política que permite identificar el alto o bajo grado de legitimidad de una sociedad que se presupone de derecho y democrática. La democracia no se reduce a las elecciones, pero ellas constituyen uno de los fundamentos del poder político y uno de los principios fundantes del Estado de derecho, así como una condición sine qua non de la existencia del Estado democrático.
El proceso electoral se desarrolla tanto en la legalidad como en la legitimidad. La primera se da cuando se respetan los procedimientos dictados por la ley en el régimen político, y la segunda por el reconocimiento legítimo que se le otorga a una decisión publica por su nivel de representatividad y aceptación colectiva en el marco del sistema político.
Las sociedades que se ufanan de ser democráticas consideran la participación electoral como una de las fuentes de legalidad del poder político, permitiéndole a los actores políticos tomar las decisiones colectivas emanadas del pueblo en las instituciones del Estado por medio de un sistema de representación. Países como España y Francia en el continente europeo, y Venezuela, Perú y Ecuador en el continente americano, demuestran que existe una ciudadanía que expresa su voluntad popular mayoritariamente en las urnas durante cada proceso electoral.
Por ejemplo, en las últimas elecciones a las Cortes Generales de España del año 2016 los españoles tuvieron una participaron del 66% del potencial electoral; en Francia durante las últimas elecciones presidenciales de 2017 hubo una participaron del 77% del censo electoral; en las elecciones presidenciales de 2013 en Venezuela participó un 79% de los votantes de ese país; durante el año 2017 se celebraron las elecciones presidenciales en Perú donde participó un 82% de los votantes peruanos en la primera vuelta presidencial y un 80% en la segunda vuelta; finalmente, en el caso ecuatoriano durante las elecciones presidenciales de 2017 participaron en la jornada electoral el 81% de los votantes ecuatorianos. Estas son evidencias de una alta participación electoral en países donde la legitimidad democrática no es cuestionada por el nivel de participación política de sus ciudadanos en cada jornada electoral que elige sus representantes políticos en el Estado.
El caso colombiano en el tema de participación electoral es particular y excepcional por las circunstancias políticas de violencia y la desigualdad social generalizada; desigualdad expresada en el reconocimiento del país como el tercero más desigual en términos económicos a nivel mundial, una participación electoral que en condiciones excepcionales supera el 50% de los votantes en las urnas. A partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991 se puede evidenciar que los colombianos no participan mayoritariamente en las elecciones.
Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad competente para la realización de las elecciones, se tienen registros de los resultados electorales desde 1998. En ese año las elecciones legislativas tuvieron una participación del 45% y 20 años después en las elecciones legislativas de 2018 la participación fue del 48% del censo electoral. En las elecciones presidenciales de 1998 los colombianos participaron en un 51% durante la primera vuelta presidencial y en un 58% durante la segunda vuelta; para las elecciones presidenciales del año 2002 se dio una participación del 46% durante la primera y única vuelta presidencial; en el 2006 la participación fue del 45% en la primera y única vuelta presidencial; para el 2010 la participación en la primera vuelta presidencial fue del 49% y en segunda vuelta del 44%; en las elecciones presidenciales del 2014 la participación en la primera vuelta fue del 40% y en la segunda vuelta del 47%.
Históricamente se ha visto un desencanto de los electores colombianos por la participación política, reflejado en los bajos índices de participación. Ha sido una constante la abstención electoral que no ha permitido que sean las mayorías quienes elijan sus representantes políticos, sino que lo sean unas irrisorias minorías que en muchos casos han sido cooptadas por las diferentes prácticas corruptas de hacer política.
Comparar a Colombia con los países mencionados anteriormente en el tema de participación electoral es imposible por las diferencias que existen de tipo económico, social y cultural entre ellos y nosotros; diferencias que se reflejan en la apatía política nuestra durante los procesos electorales. Lo que está claro es que esa indiferencia se puede revertir convocando a la manifestación pública de participar políticamente en las elecciones y a la necesidad de participar colectivamente de un proyecto común de país.
Es un imperativo participar del destino común que tenemos como sociedad y para ello las elecciones deberían vivirse como una fiesta nacional que invite a las mayorías ciudadanas a votar el país que deseamos. Así que las elecciones presidenciales de mayo de 2018 son la próxima oportunidad que tenemos los votantes colombianos de votar ese destino colectivo que nos llevará por caminos de reconciliación, paz y unidad. Votar es un menester que permitiría un futuro posible en el que la paz social sea el producto de la paz política.
