Con la reactivación de los sectores productivos, las relaciones de derecho y controversias jurídicas tanto públicas y privadas evidentemente han proliferado; ante esta situación y la imposibilidad actual de un acceso a la justicia oportuno y eficiente a razón de las medidas adoptadas por el Gobierno frente al Covid-19, los afectados han recurrido en masa a las acciones constitucionales con el fin de reactivar la Rama Judicial o de encontrar la protección inmediata de sus Derechos.
Es evidente que los medios de comunicación no tienen interés de generar debate sobre este tema, aún siendo conscientes de la vulneración de Derechos Humanos y Fundamentales que se derivan de las medidas especiales adoptadas por los Estados para combatir la crisis pandémica; tal vez por este motivo es que se ha aumentado el gasto público para manejo de imagen y publicidad del Gobierno, contratos que hoy ningún medio rechazaría en plena crisis económica, pues como ya se ha demostrado con "noticias uno" si hay imparcialidad no hay publicidad y sin publicidad no hay continuidad.
Volviendo al tema desde Bogotá ya casi se cumplen 90 días desde que el Presidente y sus Ministros considieron en que a través de la expedición de resoluciónes administrativas y proteccionistas del sistema Corporativo y Bancario nacional, la emisión de un telediario tipo "Alo presidente" y mensajes de control social al mejor estilo Bolivariano, se podría resolver las miserias e injusticias sociales acrecentadas por una pandemia que en el caso de Colombia encontró una curva mucho mas lenta que las vertiginosas curvas ascendentes de desempleo, pobreza, desigualdad, injusticia y violencia; afectaciónes que hoy aquejan a casi la totalidad de los sectores sociales, productivos, económicos y culturales que aunque de distintos estratos comparten como nunca en la historia reciente nacional el mismo inconformismo y desesperanza.
Sin embargo la "buena noticia" es el anunció de que a partir del 1 de junio inicia el llamado aislamiento inteligente, por lo que en adelante si algo fallara aún más en este difuso Estado Social de Derecho ya no será atribuible al Gobierno sino a esa malicia indígena de los "Locombianos" quienes optan por desatender las medidas de protección de la salud pública empujados por una fuerza interior que algunos llaman necesidad y/o hambre mientras que otros le llaman imprudencia, inconciencia desde la comodidad de sus despachos.
Frente lo anterior evidente no necesitamos un Estado represivo, necesitamos un Estado capas de responder a las necesidades básicas que en materia de justicia social demanda la actual coyuntura, para controlar el caos que deviene de la indebida interpretación de la Ley, del abuso del derecho, del ejercicio de la posición dominante, de la violación de norma llámese de derecho público o privado, pues solo así se garantiza el correcto funcionamiento del Estado.
Por lo anterior se podría presagiar una eventual crisis entre las ramas del poder, si la Corte Constitucional en su rol de guardiána de la integralidad y supremacía de la Constitución Colombiana decidiera actuar en protección del ejercicio de derechos fundamentales como el Derecho al acceso de justicia y del deber de cumplimiento Estatal de las obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos, ordenando al Ejecutivo y legislativo el disponer de todos los recursos económicos, administrativos, físicos y logísticos necesarios para la reactivación efectiva y eficiente del servicio público de administración de justicia actuación que sería acordé a la consecución de los fines esenciales del Estado.
