Desde Europa a Estados Unidos es casi imposible entender lo que realmente está pasando en Colombia por dos razones principales. Uno, la puesta en escena por parte de este pérfido gobierno está finamente montada, pues, digamos que desde lejos, se alcanza a crear la ilusión. Dos, la crueldad y frialdad de los crímenes paraliza a las mentes más sanas.
¿Qué ve el resto del mundo?
Una reforma tributaría necesaria fue presentada al Congreso. Numerosos colombianos, que ya sufren de una desigualdad social crónica acentuada por una crisis sanitaria y económica sin precedente, bajaron a las calles para oponerse al proyecto. Al margen de las manifestaciones, en general pacíficas, se dan los tradicionales enfrentamientos entre grupos de encapuchados y la policía antimotines. La comunidad internacional sanciona un uso de la fuerza desproporcionado de parte de la policía. El gobierno promete hacer justicia.
Finalmente, se trata de acontecimientos relativamente ordinarios.
Ahora, la reforma ataca a los sectores más vulnerables de la población. Recordamos que el simple hecho de restablecer los impuestos en algunos sectores económicos como el financiero, detenido en su casi totalidad por dos familias, hubiera permitido respaldar a los programas sociales y solidarios que se requieren. De la misma manera, recordamos que el simple hecho de perseguir a los evasores fiscales, que tienen sus fortunas escondidas en “paraísos” caribeños, hubiera llegado a cubrir estos gastos extraordinarios. Con tan descaradas provocaciones, no cabía duda ninguna que marchas se iban a organizar a pesar de la pandemia y de los riesgos mortales de contaminación a los cuales se exponían los manifestantes.
¿Entonces para qué el gobierno colombiano actual quería que la gente bajara a las calles?
Por un lado, para preparar adecuadamente el terreno con el fin de mantenerse en el poder más allá de las próximas elecciones legislativas y presidenciales de 2022, que según las actuales encuestas iban a perder, y seguir con una gestión mafiosa de los presupuestos públicos.
Por otro lado, para cubrir los innumerables crímenes cometidos por funcionarios y exfuncionarios públicos, aún en vida.
¿Cómo se articula esta estrategia en 6 puntos principales?
Primero, dejando a líderes sociales y defensores de derechos humanos sin protección.
Segundo, saboteando a la Jurisdicción Especial para la Paz.
Tercero, confiscando la dirección de todos los entes de control al entregarlos a amigos de bolsillo.
Cuatro, creando disturbios que permitan justificar la militarización de las ciudades, de las regiones y finalmente decretar la Ley de conmoción.
Quinto, construir, no el respeto sino el miedo a las instituciones gubernamentales, en particular a las Fuerzas armadas y a la Policía.
Sexto, disimulando el asesinato y la desaparición sistemáticos (con lista) de detractores subversivos y organizados.
¿Cómo lo hacen?
Disparando directamente a la muchedumbre desde motos y helicópteros, destruyendo, quemando, torturando, violando, y, más discretamente, desapareciendo y asesinando a blancos identificados con anticipación.
¿Para dónde van (o eso creen)?
Establecer a todo costo las condiciones que según ellos justificarán privar a los Colombianos de gran parte de sus derechos cívicos y seguir imponiendo, un rato más, unas reglas del juego que solo benefician y protegen a la franja ultraderechista de una oligarquía decadente y como nunca expuesta ante los ojos del mundo entero.
Señores de la comunidad internacional, no se trata de errores policiales aislados, sino de la implementación premeditada de una dictadura.
