Ya es normal en nuestro país que ahora se esté legislando en el Congreso, como suele suceder y se ha vuelto una normalidad, para que sean los intereses y poderes particulares y privados quienes traigan y proporcionen las vacunas, con las que se intente paliar el caos social y de salud pública, institucionalizado a partir de una manipulación orbital con un virus menos letal que el hambre, y que muchas otras enfermedades o virus ya presentes en nuestro país y en el planeta, las cuales, desde hace mucho tiempo, ya vienen matando a millones de seres cada día, cada semana y cada año, sin que por ello la humanidad, a través de la mayor organización política hasta hoy creada, la ONU, haya hecho lo que se está haciendo en este caso específico, o sea, declarar una pandemia más importante, sobre otras muchas más graves, pero que son pandemias invisibilizadas.
Claro está que en Colombia esta decisión y comportamiento no es nada nuevo, ya que desde hace rato los intereses privados y particulares vienen ejerciendo muchas de las funciones, por no insinuar todas, que le correspondían al Estado, entre ellas el manejo, control y la prestación de los servicios públicos de energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, igual sucede con la responsabilidad sobre los sistemas de la salud, educación, pensiones e infraestructura del Estado; en donde este, el concepto de lo que significa un Estado, se ha ido transformando en una mera figura retórica y almibarada, en una armazón hueca, inane y sin forma, de lo que antes fue un concepto universal, dentro de la cual estaban contenidos los compendios y fundamentos sociales, políticos y culturales que caracterizan y representan a una cierta región y población del planeta, que en el caso particular nos representara a nosotros, y a todos.
Pero al no tener ni perseguir poder de ninguna clase, ni tampoco mostrar interés por usarlo o reclamarlo, la sociedad colombiana se ha conformado con cumplir el papel de simple observadora de los sucesos, aquellos que día tras día confirman y evidencian el desmonte total del Estado colombiano, al cual le han quitado, robado y ha perdido todas sus funciones, mientras que al mismo tiempo al ciudadano le han arrebatado todos sus derechos y de paso también sus obligaciones, generándose una situación interna de ilegalidad manifiesta, no solo por el asalto a la majestad, al poder y a la representación del Estado, algo que ocurre y está expuesto en todo el ámbito nacional, mucho más regional y localmente.
Colombia es un remedo de sociedad y de Estado, sobreaguando sobre una realidad cada vez más complicada, desmoronándose socialmente a un acelerado ritmo ante las influencias de movimientos políticos que congenian con este tipo de irregularidades, además que conviven, tranzan y patrocinan a grupos delincuenciales, haciendo de los negocios ilícitos herramientas a las que deben echar mano quienes no tienen ninguna otra alternativa, pues el Estado, que debiera ser el único garante de la constitución y de los derechos, se viene deshaciendo a pasos agigantados, a través de las erróneas políticas que unas clases dirigenciales indecentes y corruptas toman al respecto.
