Hace 29 años, el asesinado candidato a la presidencia, Luis Carlos Galán, denunciaba que “Colombia está dominada por una oligarquía política que convirtió la administración del Estado en un botín que se reparte a pedazos”. Han pasado cinco presidentes, y el nivel de corrupción e impunidad sigue aumentando. Cada vez los escándalos son mayores y no pasa nada. La incapacidad del Estado, de las Instituciones y la misma comunidad para poner freno a este fenómeno que llena de frustración a todos aquellos que hemos creído en promesas electorales, es aplastante. ¡Al punto que hemos sucumbido a una suerte de resignación que nos hace pensar que si alguien roba menos está bien!
No solo son los escándalos de la corrupción en las alcaldías, o la financiación ilegal de campañas electorales (caso Odebrecht), o el saqueo en proyectos de infraestructura vitales para el país (La Ruta del Sol II, Reficar, etc.). Es también y quizás con mayor poder destructivo el accionar de la corrupción política que ha desmantelado las principales entidades que el país tenía para asegurar la prestación de servicios y derechos fundamentales de los colombianos.
Corrupción política que se acentuó con la implantación del frente nacional y su maquiavélica alternancia en el poder y que se ha exacerbado con la infiltración del narcotráfico y el paramilitarismo en la política y las principales instituciones del Estado. Por cuenta del clientelismo, importantes entidades se politizaron al punto que se volvieron focos de corrupción y desgreño financiero, operacional y administrativo. Entidades como el Instituto de Crédito Territorial- ICT, El Banco Central Hipotecario (BCH), La Caja Agraria, El Instituto de Fomento Industrial- IFI, Los Ferrocarriles Nacionales –FF.NN., La Flota Mercante Gran Colombiana, El Instituto de Mercadeo Agropecuario - IDEMA, La Empresa Distrital de Transporte Urbano, La Empresa Distrital de Servicios de Aseo (EDIS), el Instituto de Seguros Sociales (ISS), El Instituto Nacional de Radio y Televisión –Inravision, Caprecom, entre otras, desaparecieron por cuenta del accionar corrupto de los políticos. Hoy muchos de los servicios que estas entidades prestaban están en manos de entidades del sector privado, sin que ello signifique que los usuarios se beneficien de mejores servicios o tarifas.
Básicamente lo que ha sucedido es el desmantelamiento de entidades operadoras de servicios críticos para la ciudadanía, con el argumento que su ineficiencia y crisis financiera las hacían inviables y por tanto era necesaria su privatización. Desafortunadamente la sociedad ha permitido que este proceso se consolide sin mayor resistencia o cuestionamiento. Como resultado de esto, el sector privado, consolidado en unos pocos grupos económicos y financieros, ha aumentado su poder y riqueza con la colaboración de un Estado, corrupto, ineficiente y antidemocrático y una sociedad sin sentido de pertenencia, sin iniciativa para organizar la resistencia civil pacífica y resignada a una existencia mediocre.
El segundo elemento que mantiene secuestrado al país, es el miedo al cambio y a la posibilidad real de poder hacer de Colombia un país más incluyente, más equitativo, mejor educado, con más y mejores oportunidades para todos, con mejores servicios de salud, transporte, seguridad, justicia y con acceso garantizado a un retiro digno en condiciones económicas justas.
La estrategia del miedo, hábilmente diseñada, divulgada y promovida por los mismos personajes que han permitido y alimentado la corrupción y el debilitamiento del Estado, por los mismos que legislan para bien de sus intereses particulares, por los mismos que representan posiciones de ultraderecha y de injusticia social, tristemente ha logrado posicionarse en la mente de una inmensa mayoría de compatriotas que por su nivel de educación caen ingenuamente en el engaño y continúan apoyando a quienes han sido sus verdugos .
¿Quién puede negar que la situación de la Educación en Colombia requiere un cambio estructural?, ¿que la prestación de los servicios de salud amerita un replanteamiento urgente y a profundidad?, ¿qué los derechos de los pensionados, vulnerados permanentemente por las administradoras de los fondos privados de pensión, requieren la defensa oportuna y férrea de las entidades de control y del Estado?, ¿acaso la concentración de la propiedad de grandes extensiones de tierra en manos de agentes y testaferros del narcotráfico y paramilitarismo es un espejismo?
¿No es cierto que Colombia ostenta unos de los primeros lugares en el ranking de los países con mayor concentración de la riqueza en manos de tres o cuatro grupos económicos?, ¿no es aberrante el abuso de los grupos financieros en el cobro de tarifas y sobrecostos por la prestación de servicios bancarios?, ¿no existen en Colombia monopolios que operan de manera amañada con la complicidad del Estado?, ¿es equitativo que millones de colombianos tengan que sobrevivir con un salario mínimo que no representa ni el 2.0% de la asignación salarial de un congresista?
Si todo lo anterior es el diario vivir de nuestro país, ¿qué nos detiene a intentar un cambio?, ¿qué puede ser peor que seguir viviendo en un estado de sometimiento económico donde no se respetan los derechos ciudadanos, donde no hay esperanza?
Los colombianos, sabemos que se necesita un cambio, pero seguimos secuestrados por la corrupción y el miedo que promueven las oligarquías que nos han gobernado desde siempre. ¡Y cuando surge un líder con propuestas visionarias y progresistas, se le tilda de comunista o se le asesina! Es tiempo de dejar el miedo, es tiempo de exigir el respeto de los derechos ciudadanos, es tiempo de construir comunidades fuertes, bien informadas, bien educadas, es tiempo de creer que podemos tener un país mejor, es tiempo de elegir bien, es tiempo de derrotar los terroristas que promueven el miedo irracional!
