Colombia es un país de barreras invisibles, pero al fin y al cabo barreras, las cuales se han puesto en evidencia desde este 28 de abril, día en que inició el paro nacional.
La protesta ha dejado en evidencia, una vez más, que los derechos humanos en Colombia existen solo en una hoja de papel, y que los colombianos viven en una burbuja que les nubla la empatía y el conocimiento de la realidad.
Los dirigentes de este país no han entendido que su labor no consiste en ocupar los cargos públicos para llenarse los bolsillos de papel moneda, sino que poseen un deber de naturaleza democrática, prestar su voz para que por medio de ella puedan ser escuchados los clamores de cada colombiano que pide a gritos la construcción de un mejor país.
Sin embargo, la historia reciente de esta nación ha demostrado que el conocimiento de la realidad por parte de sus dirigentes bien puede calificarse de paupérrimo; considérese, por ejemplo, las declaraciones que hace 2 semanas realizaba el exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ese mismo que ha dicho que el salario mínimo de los colombianos es excesivamente alto, y quien manifestaba, ensimismado en su completa ignorancia, que una docena de huevos costaba $ 1.800 pesos. Mientras tanto quienes deberían cuestionarlos por su desconocimiento de la realidad son protagonistas de una risa cómplice que nubla la independencia y sentido crítico del que debería gozar el periodismo.
Colombia siempre se ha jactado de su biodiversidad, pero lo que no se ha puesto de presente es que esa diversidad no es solamente ambiental, sino económica y social. Los privilegios de que gozan algunos han contribuido a añadir más centímetros de espesor a esas barreras que separan la realidad de un sector privilegiado de la población que no se interesa en lo más mínimo por conocer más allá de lo que logra ver encerrado entre sus cuatro paredes, de la realidad de aquellos cuyo día a día está lleno de necesidades que no pueden satisfacer.
No obstante, se debe dejar en claro que el problema no consiste en poseer privilegios, el problema consiste en que esos privilegios sean la causa de la indiferencia. Una indiferencia que se convierte en una asesina silenciosa, cómplice de la arbitrariedad de quienes creen que este país es una utopía equivalente al Jardín del Edén. Una indiferencia cómplice de aquellos que niegan rotundamente, por más que la evidencia ronde frente a sus ojos, que la fuerza pública ha sido autor de sistemáticas violaciones a los derechos humanos de quienes protestan pacíficamente.
Frente a esa situación, el ministro de Defensa, Diego Molano, ha dicho, por ejemplo, que la fuerza pública ha actuado en el marco de la legalidad y en pleno respeto de los derechos humanos, obnubilado por un sesgo que lo tiene ensimismado en no aceptar que la institución a la que representa ha realizado actuaciones que han atentado contra la vida e integridad de la población civil.
Es claro que la causa común que en los últimos días ha motivado a los colombianos a salir a las calles ya no consiste simplemente en eliminar una reforma cuyas disposiciones desconocen la realidad de un país que ha sido azotado por la violencia y la pobreza, sino que consiste en exigir lo que alguna vez, un 4 de julio de 1991, se les prometió a los colombianos y colombianas, el respeto y garantía por sus derechos humanos, y la instauración de una política dirigida por representantes que realmente trabajen por y para los ciudadanos.
Por esta razón es que hay que movilizarse, salir a las calles o usar los medios digitales, para dar a conocer el clamor de quienes no tienen voz y de tantos que han sido silenciados en un país que se ha mostrado reacio a reconocer su indiferencia. Pero no hay que empeñarse en mostrar una sola cara de la moneda, hay que denunciar la arbitrariedad, pero también reconocer que hay personas que no buscan movilizarse pacíficamente, sino aprovechar la manifestación para causar desmanes que atentan contra el orden público, y que atentan contra el patrimonio que tantas colombianas y colombianos han construido con el sudor de su frente.
Debe reconocerse, también, que en la fuerza pública hay miembros que sienten un profundo respeto por los derechos humanos, que jamás alzarían las armas contra el pueblo que algún día juraron proteger, pero que la represión que ejerce la institución sobre ellos les impide alzar su voz, por ellos también es la causa.
Que en las urnas se materialice esa inconformidad y la frase que resuena, aún hoy, de quien fuere alguna vez la esperanza de todo un país: “El pueblo es superior a sus dirigentes”.
Fuentes
Ministro de Defensa dice que se está presentando terrorismo urbano premeditado
Alberto Carrasquilla responde en Semana a toda la polémica por la tributaria
