Colombia, un país con voluntad de sanar

Colombia, un país con voluntad de sanar

Por: Steve Steele Castillo
abril 04, 2014
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Colombia, un país con voluntad de sanar

Tome la frase “Todo cambia para todo seguir igual” del Gato Pardo de Giuseppe de Lampedusa queriendo significar las implicaciones del Proyecto de ley ordinaria 210 de 2013, sin embargo temo que mi subestimacion, solo metaforica hasta ahora, desvirtue la certeza de que con Santos peor es posible.

La reforma sanitaria de su gobierno no soluciona la crisis de salud pública que postra al país. Tiene una novedad, si así puede llamarse tal desafuero, y es la profundización de la intermediación financiera en la atención en salud, la muerte anunciada de la tutela y la cortapisa a la autonomía médica. En otras palabras, es una actualización de la política sanitaria implementada en los últimos 20 años con la ley 100 de 1993 y resultado, como la citada, de una imposicion del gran capital financiero internacional en cabeza del Banco Mundial.

Valga decir que toda asistencia en materia financiera por parte de la banca multilateral trae consigo una condicionalidad política que socava la soberanía de nuestro país (Prado Lallande, 2009). La liberalización de capitales, posteriormente la retracción de la intervención pública en la economía en favor de la iniciativa privada, y en últimas la mercantilización de los derechos fundamentales son evidencia contundente de ello(Gomez Arias, 2005). Lo digo para ilustrar que politicas como la que anima este articulo se inscriben en un contexto de reformas estructurales, que en no pocos casos, y es el nuestro tambien, atienden a imposiciones politicas del gran capital financiero internacional que burlan todo proceso democratico.

En Colombia la cobertura actual de afiliación a los sistemas de salud es del 96%, el equivalente a mas de 45 millones de colombianos. El 48,11% en el régimen contributivo, el 42,84% en el régimen subsidiado y el 8,31 % restante no registran ninguna afiliacion (Pineda Restepo, 2013). Asimismo, los aportes de la nación en salud se estiman en cerca de un 6% del PIB y según la OMS (Organización Mundial de la Salud), figuran entre los mayores de Latinoamérica(Guerrero Espinel, 2013). No obstante, es importante anotar que ni la cobertura ni la cuantía de los aportes implican el acceso a los servicios. No es extraño que 114.313 tutelas se interpusieran en el 2013 para exigir servicios de salud, lo que segun la Defensoria del pueblo es la cifra mas elevada en la historia de estas solicitudes.

La intermediación financiera es la barrera principal para el acceso a los servicios de salud. De ahi derivan las ganancias de las aseguradoras privadas (EPS), so pena del deterioro de la red publica hospitalaria y la muerte de los colombianos. Consiste, sin llamarnos a engaños, en la apropiacion de recursos del erario público para fines ajenos a los de su predestinación, asegurando asi beneficios al capital financiero y a inversionistas privados.

A este fatídico escenario se suma la sepultura de la tutela por todos los frentes si tenemos en cuenta la ley de impacto fiscal que supedita la aplicación y el reconocimiento de todo derecho fundamental al estado de las finanzas públicas y la consagración de la salud como un derecho de orden público imposibilitando el acceso a beneficios adicionales en salud, a lo sumo no incluidos en los paquetes ofrecidos por las aseguradoras ni en el Plan Obligatorio de Salud. Por si fuera poco, y arriba hacía mención, la autonomía medica es ostensiblemente lesionada por la eventual elaboración de manuales de atención sanitaria, tarea que estaría a cargo del Ministerio de Salud, que restringe los procedimientos y los medicamentos que los médicos emplean en el tratamiento de sus pacientes.

En lo que a todos concierne, y eso también es la salud derecho fundamental, no podemos ser inferiores al reto que supone reclamar nuestros derechos ante un gobierno que no le augura más que ignorancia y muerte al grueso de la nación por un lado, y por otro, a lo sumo, empoderarnos de nuestro destino. Extiendo toda mi solidaridad a los sectores que reivindican justamente el derecho a la salud, exijo su reconocimiento democrático y en palabras de Camilo José Cela espero que jamás les haga falta “salud para rebelarse y decencia para mantener la rebelión”.

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