Al inicio de este año, Amnistía Internacional –AI– afirmó que Colombia es el país más peligroso del mundo para la defensa de los Derechos Humanos, tras un comparativo que hizo con otros países como Honduras, México y Brasil.
Esta organización, que tiene presencia en más de 150 países, levantó una alarma asegurando que “la protección de comunidades Indígenas, campesinas y afrodescendientes en Colombia es ineficaz porque no aborda las causas estructurales de la violencia... Decir la verdad y defender la vida sigue siendo motivo de incomodidad para muchos. Sobre todo en Colombia, México, Brasil y Honduras”. No se hizo esperar la respuesta del Gobierno del presidente Iván Duque, acudiendo al expediente de descalificar dicha ONG.
El pasado mes de febrero, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz –Indepaz– denunció que, solo en enero de este año, 15 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos fueron asesinados en Colombia y al 29 de enero de 2022 se registró un total de trece masacres, en donde fueron asesinadas 39 personas que vivían en zonas rurales en Colombia.
Este fatídico saldo confirma las denuncias de Amnistía Internacional sobre las políticas fallidas de prevención y protección del Gobierno nacional, que por omisión o por acción de algunos de sus agentes del Estado, sigue posicionando a Colombia como el país más peligroso del mundo.
Lo más grave es que la tendencia se mantuvo el mes pasado hasta el punto que la Jurisdicción Especial para la Paz le ordenó al gobierno de Iván Duque activar la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, con el propósito de combatir y desmantelar a los grupos armados ilegales que están afectando la reincorporación y afirmó que, desde la firma del Acuerdo de Paz de La Habana, 306 exmiembros de la extinta FARC han sido asesinados en todo el territorio nacional.
La mar de sangre derramada por el pueblo colombiano es tan escandalosa que el mundo avergonzado lee documentos de las organizaciones internacionales como el de la representante de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Juliette de Riveros, quien en el informe anual sobre Derechos Humanos 2021 manifestó: “Deja evidenciado cifras de violencia y violaciones de Derechos Humanos que no se registraban desde hace 8 años.
"La ONU documenta 78 masacres con 292 víctimas; desplazamiento forzado de 72.388 personas; 100 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos asesinados; y asesinato de 54 excombatientes de la desmovilizada guerrilla de la FARC".
Indepaz insistió en que, hasta diciembre de 2021, en la presidencia de Iván Duque, han sido asesinados 911 líderes y defensores de Derechos Humanos. El Gobierno mira “pa’ donde el vecino”.
En su momento, el Centro Nacional de Memoria Histórica –CNMH– indicó que “entre 1958 y 22 de octubre de 2018, en Colombia se han ejecutado 4210 masacres, que han dejado 24.447 víctimas mortales; de ellas, 23.937 corresponden a la población civil...
Y sobre desaparición forzada, registró 68.431 hechos... Las víctimas totales son 80.472 y quienes más fueron desaparecidos de forma forzada son los civiles (79.245)”.
Las cifras totales del CNMH dan cuenta de 352.786 hechos documentados en medio del conflicto armado, entre 1958 y 2018. El total de víctimas fatales suman 261.619, de las que 214.584 eran civiles. ¡Basta ya! ¡Colombia merece vivir en paz!
