Hace 1100 días, el 7 de diciembre del 2016, un grupo de indígenas wayúu se reunieron en el territorio ancestral de Katsaliamana en La Guajira, Colombia, naciendo así el movimiento Nación Wayúu que agrupa a más de 200 autoridades tradicionales. En febrero del año 2017, como primera manifestación pacífica bloquearon el kilómetro 70 de la línea férrea del tren (1) que transporta anualmente 34 millones de toneladas de carbón proveniente de la mina El Cerrejón, de la cual son propietarias las multinacionales BHP Billiton, Glencore y Anglo American.
El objetivo de la protesta pacífica era denunciar los atropellos que las autoridades estaban sintiendo a sus derechos fundamentales, la muerte de los más de 4700 niños en los años anteriores por desnutrición, la escasez de agua y en general la violación de su derecho fundamental a la Consulta Previa, libre e informada para poder decidir lo que es “progreso” en sus territorios ancestrales, ya que las alteraciones a sus métodos tradicionales de vida y las afectaciones al medio ambiente han originado cambios estructurales en sus dinámicas de vida como comunidad reconocida y protegida indígena que son. Todo lo anterior, una situación vigente a pesar de las medidas cautelares de la CIDH que desde el 2015 recomiendan al Estado colombiano atender la evidente Crisis Humanitaria en la población indígena wayúu.
En esa ocasión el Esmad (policía antimotines) retuvo a algunas autoridades tradicionales y diluyó la protesta por medio de la fuerza. Sin embargo, en una enramada, al lado del tren, permaneció el movimiento, custodiado heroicamente 24 horas del día desde entonces por la señora Maria del Rosario Ruiz Ipuana, a pesar de que en mayo del 2017 Carbones de El Cerrejón intentó desalojar la enramada por considerarla “Perturbación a la propiedad privada” cuando dicho lugar queda en territorios indígenas, y es la mina quien ha venido perturbando sus territorios por más de cuarenta años (2). También a pesar de que en febrero del 2019 la enramada fue incendiada sin que las autoridades colombianas esclarecieran qué fue lo que ocurrió (3). Y continúan allí, a pesar de las continuas amenazas, panfletos, secuestros, asesinatos y continuas intimidaciones que todos sus líderes han recibido desde que el movimiento se inició y que aún continúan en total impunidad, sin resolverse por parte del Estado (4).
Continuas manifestaciones, protestas, cartas, denuncias, artículos y demás intentos de demostraciones pacíficas han intentado elevar su voz para que el gobierno escuche los llamados para que sean cumplidas las sentencias de más alto rango que evidencian el sostenimiento de la crisis, que viene denunciándose por las mismas instituciones del Estado y por la CIDH desde el 2014 (5).
Pero el Estado no escucha desde el 2014. Han pasado cinco años desde el primer informe de la Defensoría del Pueblo, cuatro años desde que se emitieron las primeras medidas cautelares por parte de la CIDH, y dos años desde la Sentencia ST 302/17 que declara en la Guajira el estado de cosas inconstitucionales en La Guajira debido a “una vulneración generalizada, injustificada y desproporcionada de los derechos fundamentales al agua, a la alimentación, a la seguridad alimentaria, y a la salud de la niñez wayúu”.
Al no encontrar respuestas contundentes por parte del Estado en estos dos años, el movimiento indígena Nación Wayúu presentó un incidente de desacato, en cuya primera audiencia se esperaba la presencia del presidente Iván Duque, quien dejó metido al pueblo wayúu, enviando asesores para resolver esta grave situación (6).
Es importante recordar que en un intento por resolver las cosas de manera rápida el Estado quiso celebrar una gran consulta en donde según lo denuncia el movimiento ONG wayúu se pretendía resolver en un solo paquete lo que debe ser evaluado de manera individual. Al enterarse de esta consulta, la ONG frenó el proceso alertando a las autoridades tradicionales para no firmar nada sin la suficiente asesoría y acompañamiento en el proceso de consulta previa.
Por otro lado, el movimiento Nación Wayúu está muy atento y buscando la asesoría y acompañamiento nacional e internacional para dar cumplimiento a la sentencia ST 704, por medio de la cual la corte ordena a la empresa El Cerrejón implementar un plan inmediato de mitigación de daños ambientales, sociales, culturales, en la zona, para lo cual, deberá compensar los daños causados por la explotación de carbón al ambiente y a los derechos de las comunidades afectadas. Esta sentencia está desde el 2017 y desde entonces no ha habido avance, sólo algunos acercamientos en donde no es claro a estas alturas cuáles son los impactos que la actividad minera ha generado en la región, ni cuáles podrían ser las maneras más adecuadas de repararlo para restablecer la armonía en las comunidades ancestrales.
Con todo esto, como ciudadanía dudamos de nuestra democracia. Si consideramos que la democracia, según la define el Banco de la República de Colombia, etimológicamente significa: “la palabra proviene del griego: δημοκρατία, "demos", pueblo, gente, y "kratos", poder, superioridad. La democracia es una forma de gobierno en la que se plantea que el poder político es ejercido por los individuos pertenecientes a una misma comunidad política, es decir a los ciudadanos de una nación. La preocupación central de una democracia auténtica consiste en garantizar que todos los miembros de la sociedad tengan una posibilidad real e igual de participar en las decisiones colectivas”.
Cuestionamos entonces que vivamos en un Estado democrático, en donde como ciudadanos no sentimos que nuestra voz sea escuchada por las instituciones que nos representan. Por el contrario, solo recibimos de dichas instituciones omisión o silencio. Es hora de que tengamos una respuesta. Y esa es, una vez más, nuestra solicitud.
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(1) El tren de Katsaliamana. Lo que el progreso se llevó.
(2) ¿Querella por perturbación a la posesión?
(3) Incineran casa de reuniones wayúu en Katsaliamana, Guajira
(4) Línea de tiempo de las amenazas e intimidaciones
(5) Iván Duque y su gabinete dejaron ‘plantados’ a los wayúu en audiencia para garantizar derechos
