Colombia opera como un Estado mafioso. Es decir que las políticas públicas, la normativa legal vigente, las instituciones que administran la justicia (Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, etc.) y las que monopolizan las armas (Policía Nacional, Ejército, ESMAD, etc.) actúan bajo principios mafiosos y no democráticos. En una democracia, por ejemplo, todas las decisiones estatales, antes de ser puestas en marcha, deben ser revisadas por organismos como el Senado para garantizar su transparencia y el verdadero beneficio de la ciudadanía, objetivo final de todo Estado social de derecho. Sin embargo, en Colombia el Senado y demás órganos constitucionales también se ven bajo el dominio de la “lógica mafiosa”.
La mafia opera como una especie de autoritarismo y caudillismo: responde ante un jefe mafioso, un líder único cuya voluntad se toma como ley, sin reprimendas, sin críticas, sin cuestionamientos. Incluso cuando el líder mafioso toma malas decisiones se las respeta, asumiendo así una postura de lealtad que, esperan los subordinados a la organización mafiosa, se vea luego recompensada. La mafia tiene como objetivos ganar poder, influencia sobre la población y, por supuesto, enriquecimiento propio. Para ello utilizarán todos los medios necesarios; legales y, principalmente, ilegales.
Otro de sus objetivos es eliminar la competencia, mediante el soborno, la coacción, intimidación o simplemente eliminándolos. Su esencia organizacional recae en lazos consanguíneos y familiares, depositando la confianza de la organización en estos individuos antes que en otros, con indiferencia de sus aptitudes, desventajas, capacidad, etc. La idea primordial y uno de los conceptos claves dentro de la mafia es la lealtad, la cual se considera como un valor cuasi sagrado. La noción existente es que los familiares o allegados a una mafia poseen esta cualidad per se, siendo eso más importante que cualquier otra cosa. Es por eso que todo el mundo sabe que dentro de una mafia “el que se tuerza lo quiebran”, ya que no existe mayor desagravio que la traición.
Colombia opera como un Estado mafioso y los ejemplos abundan. El poder es y ha sido, literalmente, controlado por familias tradicionales, tal y como en la mafia. A su vez, los cargos públicos o relevantes para el país son “heredados” por nuevos integrantes de las mismas familias, monopolizando así el poder y los beneficios. Por otra parte, cuando estalla un escándalo en torno a un político, militar, policía, “empresario” o alguna otra personalidad que haga parte del poder (o que sirva al poder), no se le reprende, no se le castiga, no se le juzga con transparencia ni se censura su accionar por parte del gobierno o de su mismo partido político.
Al contrario, el gobierno (o el poder) lo acoge y lo protege. Se “cierran filas” entorno a esa persona, tal y como ocurre en las mafias donde, de esa manera, sus integrantes se protegen entre sí. De nuevo, esto ocurre únicamente con los individuos afines al poder. El resto de personas son, en cambio, susceptibles a verse enjuiciadas de manera regular. Esto, además, representa una desventaja para el pueblo en un Estado mafioso, ya que su justicia está diseñada para proteger los interés de algunos y no de buscar realmente la imparcialidad. Es por eso que, para la gente ordinaria, la justicia “cojea y cojea antes de llegar” (si es que llega). En cambio, la justicia para la gente que sirve al poder es eficiente, inmediata y, generalmente, favorable. Una de las pocas defensas que le queda a la gente común y corriente de protegerse a sí mismos es mediante el llamado Clientelismo o realización de favores al poder. Esto de por sí es una forma de corrupción bilateral.
Otro ejemplo es que cuando alguien no hace parte del poder, no es afín al él o no cumple su cuota de clientelismo se convierte en enemigo u opositor, y al igual que en las mafias se ve perseguido, silenciado, invisibilizado, extrajudicializado, acorralado burocráticamente o simplemente eliminado de la contienda. Para evitar llegar a este último recurso, la mafia ofrece el famoso contrato de “plata o plomo”, es decir soborno o muerte. En el Estado mafioso colombiano lo conocemos como “mermelada, sobornos o persecución política y amenazas (y a veces hechos) de muerte”.
La gente tiene la idea que todo aquel que se involucre con el poder termina “torcido” o corrupto, y no están del todo equivocados. Esto ocurre debido a la lógica (mafiosa) de que “si no estás conmigo estás contra mí”, concepto absurdo y erróneo dentro de una democracia pero aplicable a una organización mafiosa y que ocurre dentro de nuestro país. Por eso el gobierno hace listas o “perfilamientos” de opositores, tal y como lo haría un cartel que necesita identificar a los integrantes de otra organización enemiga. Compra medios de comunicación masivos para utilizarlos a su favor, paga campañas mediáticas en el exterior para “lavar” la imagen de uno de sus integrantes (así como se lavaría el dinero ilegal de una mafia), ofrece embajadas y cargos diplomáticos (y que por tanto cuentan con inmunidad diplomática) a integrantes del gobierno investigados o con procesos en contra, tal y como la mafia exilia a sus miembros cuando se ven en peligro inminente de muerte o judicialización, entre otros muchos ejemplos.
Finalmente, esta realidad impulsa uno de los fenómenos más graves dentro de un Estado mafioso; instaurar en su población una conciencia o mentalidad corrupta. Es decir, incitar a la gente a corromperse, a hacer apología del delito mafioso, insidioso, de soborno, de evasión de impuestos. Delitos de “bajo perfil” distintos al delito vulgar y común como el atraco, el hurto, pasionales y demás, los cuales siguen condenándose (como todos deberían hacerlo). Es así como se promueve la desconfianza en las instituciones públicas y se instauran los múltiples “valores” o mentalidades populares que tanto abundan en nuestro país como “marica el último”, de “saltarse la cola”, de “el vivo vive del bobo”, de ser “abeja”, “aventajado”, “que pague otro”, entre otros.
La amenaza más grave de la organización mafiosa estatal colombiana lo representan sus fuerzas armadas y policivas. Las fuerzas armadas (entre ellas la Policía Nacional) son las únicas organizaciones que, por ley, tiene potestad de utilizar armas y asesinar personas. Si semejante poder se le da a una entidad que se encuentra capturada por las lógicas mafiosas, el resultado es catastrófico; como fuimos testigos esta semana con el asesinato del abogado Javier Ordóñez, la policía actúa sin ninguna precaución, con total libertad y a la vista de cualquier testigo.
Su empoderamiento es tan grande que al par de agentes que asesinaron al abogado Ordóñez no les importó que su crimen quedara grabado en vídeo, que su accionar fuera en contra de los derechos humanos, del debido proceso, del debido procedimiento policivo, etc. Tal y como lo hace la mafia, los policías “dispararon primero y preguntaron después”. Esto ocurre debido a que dentro de la institución existe una mentalidad colectiva de poder hacer lo que se les venga en gana. Que no existe la ley para ellos. Que aun cuando se vean incursos en una falta grave o alguna investigación delictiva, la Policía, como institución, los protegerá. Lo mismo ocurre con el Ejército que no se ha visto exento de denuncias de asesinatos, masacres, violaciones y demás actos en contra de la ciudadanía.
En cualquier otro país realmente democrático, tanto el director de la Policía como el ministro de Defensa habrían renunciado inmediatamente luego de un hecho como el de estos últimos días. Pero no en Colombia. En Colombia, al contrario, el gobierno los protege, porque en ellos recae la lealtad al poder y, en consecuencia, el poder mismo. Lo ocurrido esta semana es una más de las miles de veces que “la gota ha rebosado el vaso”. Una y otra vez sucede algo que deja demasiado en evidencia el hecho de que Colombia se ha convertido en un Estado fallido, es decir unas antípodas de lo ideal, donde se premia y protege al criminal y se juzga y asesina a la víctima.
Como todos los Estados fallidos de la historia, si la actual situación del país sigue su curso por 10 o 20 años más, Colombia será un país inviable, conducido hacia su propia disolución. La única esperanza es que ocurra un proceso de cambio profundo y acelerado, una reestructuración de las políticas internas y, en especial, el desmonte de la mentalidad y voluntad política mafiosa que actualmente ocupa el poder estatal y todas sus instituciones y que, en últimas, es lo que termina pervirtiendo y corrompiendo la mentalidad de las personas. Al final debe prevalecer un verdadero Estado social de derecho que cumpla con su deber natural: servir a la ciudadanía colombiana.
