Cuando un Estado asume su supervivencia mediante la guerra constante contra el ciudadano común, a fin de favorecer los intereses del ser individual y no del colectivo de la sociedad, se convierte en una institución mafiosa, tal y como está pasando en Colombia desde hace un tiempo (cosa que hoy se vive a plenitud).
No es casual que el uribismo hoy imponga su ideario político y económico, basado en privatizaciones, apoyo presupuestal al sector financiero, subsidios a los grandes terratenientes y ganaderos, reformas fiscales regresivas hacia la clase media y baja en beneficio del capital, e insolidaridad social como lo demuestra el manejo de la pandemia de coronavirus con el gobierno Duque.
Se llega a la consolidación del Estado mafioso colombiano después de décadas de transcender la política de una falsa democracia sustentada en elecciones periódicas, las cuales en su recorrido histórico han estado viciadas por prácticas clientelistas, compra de votos e incluso el servicio de importantes instituciones a las mafias electorales (en donde se compran y venden curules).
Todo lo anterior al tiempo que se ha trabajado la conciencia, cultura, religión y el actuar del colombiano hacia el conformismo, el rebusque como forma de dislocación para que no proteste, pero en especial la insolidaridad. De ahí que “lo que no es conmigo, no me interesa”, por lo que no se protesta y, peor aún, se es indiferente ante la muerte y masacre de líderes sociales y jóvenes estudiantes. En estas condiciones se ha edificado en nuestro país un Estado mafioso.
El Estado en todo su aparato de andamiaje al unísono (Presidencia, Congreso, Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, Defensoría y cortes) está cobijado bajo un manto clientelista que exonera, falsea, oculta, detiene y direcciona investigaciones y políticas con base en acuerdos previamente establecidos por el sistema mafioso político imperante, hasta el punto de que la financiación de una campaña presidencial por mafiosos se toma a la ligera por parte los grandes medios de comunicación y de gran parte de la sociedad.
A esto se suma una política de contracción del movimiento social y político antisistema, teniendo como expresión el asesinato de líderes sociales y la masacre como forma de terror, lo cual lamentablemente se complementa con el resquebrajamiento mezquino del movimiento social que no es capaz de responder más allá de un equívoco cacerolazo (y cuando puede responder, el Estado mafioso lo fracciona y divide).
El Estado mafioso dominante en Colombia es quizás el más vivo ejemplo en el contexto mundial de una falsa democracia que sabe dominar, asesinar y masacrar sin que nada pase, hasta el punto de que nunca ha contado con una reclamo contundente de organismos internacionales. Por ahora, el futuro colectivo de Colombia es incierto; en cambio, el particular, el del poder, es claro. La mafia no está en el vecino Venezuela, la tenemos en nuestro Estado.
