El escándalo político y presión gubernamental sobre la Jurisdicción Especial de Paz por el dictamen de la no extradición y libertad para Jesús Santrich ha revelado la pérdida de independencia y soberanía del gobierno de Iván Duque. Además, sentó a la JEP y a la Corte Suprema de Justicia en el más alto puesto de honor, imparcialidad y honradez al no dejarse ni comprar ni presionar. Una conducta digna de hombres y mujeres que conociendo los riesgos que se corren al desafiar al corrupto poder que existe en Colombia.
El renunciante fiscal Néstor Humberto Martínez huyó del país no por el enfrentamiento con la JEP, sino por su vinculación al caso Odebrecht que se investiga en Colombia y que ya se cobró la muerte de tres personas, según la prensa bogotana, vinculadas a dicho caso.
No se trata de tener buenas relaciones diplomáticas, políticas, comerciales con otros Estados y tener coincidencia en política y aliarse en temas que se consideren comunes, pero lo inadmisible es que el embajador de cualquier Estado, se inmiscuya, presione y chantajee al gobierno, Congreso o poder judicial, en su política interna. Y mucho peor que agencias de inteligencia extranjeras operen es su territorio sin el debido permiso del gobierno, como lo hizo la DEA y lo dio conocer el exfiscal Néstor Humberto Martínez Neira, luego de su renuncia el pasado 17 de mayo, en conferencia de prensa.
Para conocimiento de los lectores, en este fuerte debate sobre la ley estatutaria en el Congreso, el embajador de Estados Unidos llegó a convocar a congresista colombianos para pedirles que aceptaran las objeciones planteadas por el presidente Duque, un hecho inadmisible del embajador de un gobierno extranjero. Mucho más grave, lo sucedido posteriormente, cuando el Departamento de Estado retiró las visas a magistrados y magistradas que han defendido los acuerdos de paz y a los congresistas que denunciaron la injerencia de Kevin Whitaker. Un verdadero chantaje y una política de terror.
La injerencia del gobierno gringo ha sido tan descarada que, tal como cité en párrafo anterior, el expresidente César Gaviria denunció una presión indebida del gobierno norteamericano sobre las cortes y la JEP y dijo que ante ello el gobierno colombiano ha tenido "una actitud en la que no es posible distinguir entre el temor y la subordinación del gobierno de Duque".
En relación a la ley estatutaria de la JEP, debatidos y aprobados por el Congreso, luego de varias modificaciones a propuesta del senador Álvaro Uribe, conocida y aprobada por la Corte Constitucional, que envió a la firma del presidente Iván Duque, luego de meses de estudio, la devolvió al Senado con seis objeciones, el senado lo debatió no llegó acuerdo y las remitió a la Corte Constitucional que no aprobó las objeciones y nuevamente trasladó su veredicto al presidente Iván Duque, quien por fuerte presión popular y política decidió firmar la ley, el pasado 5 de junio.
Un fuerte revés para el mandatario colombiano cuya figura pierde cada día más autoridad y menos apoyo de la población, según las encuestas de varias agencias. Sin embargo, la tozudez sigue reinando, después de haber firmado la ley estatutaria, Duque anunció que llevarían nuevamente a debate las atribuciones de la JEP, la misma ley que acaba de firmar, lo que demuestra su inconsecuencia, un rasgo inapropiado para tan alta investidura.
Está favorable decisión por la paz de las altas cortes, se toma luego de la batalla que se ha venido desarrollando en Colombia, entre los sectores que defiende dignamente los acuerdos de La Habana y los que, desde el gobierno de Iván Duque toman acciones y medidas no solo para desconocerlos, sino para acabar con ellos.
Frente a la digna postura de las cortes, el expresidente Álvaro Uribe ha comenzado una campaña de calle, convocando a la población para que se pronuncie contra el actual sistema judicial colombiano, o sea, contra las altas Cortes, cuya independencia y soberanía se han puesto de manifiesto, es el inicio de un trabajo de manipulación política y social, para plantearse el objetivo supremo de la ultraderecha oligárquica colombiana de convocar a una asamblea nacional constituyente, y así concentrar el poder judicial en una sola Corte Suprema de Justicia, que no tenga oponentes y obviamente subordinada al poder ejecutivo.
Las posiciones del oficialista Centro Democrático, liderado por el senador Álvaro Uribe Vélez, siempre han sido contrarias a la paz. Esto se ha visto muy bien reflejado, luego de asumir Duque la presidencia el pasado 7 de agosto. La ruptura de los diálogos con el ELN y los incumplimientos a la implementación de los acuerdos son muestras claras y muy graves al no tomar en cuenta que esos acuerdos ya se habían convertido en honorables compromisos del Estado colombiano, que no debieran ser rotos por un gobierno.
Pero al no haberse sometido a una asamblea nacional constituyente corporativa, no se convirtieron en una política de Estado, lo que los hacía inviolables para cualquiera de los tres poderes, como sucedió con los acuerdos de AD-M19 recogidos en la constituyente del 91. Solo una asamblea constituyente corporativa es la que puede incluir artículos y leyes complementarias que incluyan los intereses del pueblo, que recoja lo más positivo de la constitución del 91 y convierta los acuerdos de paz en una política de Estado.
Claro que esta no es la Constituyente que desea la oligarquía y la ultraderecha del Centro Democrático, ellos quieren delegados constituyentes solo de los partidos políticos tradicionales, pero no que incluyan a delegados del movimiento social y gremial, líderes comunales y defensores de derechos humanos, elegidos por sus comunidades, sindicatos y expresiones sociales. Fue a esa propuesta a la que se negó el gobierno de Santos a convocar y en su lugar propuso el plebiscito que al final favoreció al sí por la guerra, un resultado realmente demencial, empujado por la campaña mediática de noticias falsas, impulsada por Uribe.
Todo lo sucedido en las últimas semanas en Colombia, entre ellos el gran escándalo relacionado con las objeciones a la ley estatutaria, el caso de Jesús Santrich, y la impunidad como trabaja la DEA en Colombia, el tema de la JEP, la renuncia del fiscal y la vicefiscal, la ministra de Justicia; las contradicciones y la profunda crisis institucional en el Poder Judicial, el anuncio del posible decreto de Conmoción Interior y rumores de un posible golpe de Estado, la represión, asesinatos diarios de líderes sociales y exguerrilleros desmovilizados.
La denuncia del New York Times sobre la orden del jefe del Ejército que podría llevar nuevamente a los criminales falsos-positivos, se agrava con la denuncia del pasado 5 de junio en el diario El País de España, que implica al comandante del ejército colombiano Nicasio de Jesús Martínez, y lo responsabiliza con al menos 23 ejecuciones extrajudiciales de civiles presentados como guerrilleros de las Farc caídos en combate, el clásico “falso-positivo”.
Aseguro el diario madrileño que dichas ejecuciones se llevaron a cabo entre los años 2004 y 2006 en los departamentos de La Guajira y Cesar durante el gobierno de Uribe Vélez, según consta en documentos suministrados por las fuentes al diario español, también dado a conocer por La Jornada de México, que señala que “los casos denunciados ocurrieron en 2005, e incluyen una matanza de indígenas en la que participaron miembros de las ahora disueltas Autodefensas Unidas de Colombia, y un caso de violencia sexual”.
Mientras que la prestigiosa periodista María Teresa Rondero, en su libro Guerras Recicladas, en su página 244, (1) da conocer que el jefe paramilitar Jorge 40 “ordenó aplastar de la forma más dolorosa a una comunidad wayúu, el 18 de abril de 2004, que entraron como hordas salvajes a las rancherías de bahía Portete en la Alta Guajira, decapitando matronas, robaron piedras sagradas, profanaron el cementerio y destrozaron el centro de salud, y casa por casa fueron matando mujeres porque sabían que eran ellas las figuras de autoridad en esa cultura indígena”.
No olvidar que en ese periodo el gobierno uribista había negociado un supuesto proceso de paz con los paramilitares en Santa Fe de Ralito y que en ambos departamentos operaba el llamado comandante Jorge 40, cuyo verdadero nombre es Rodrigo Tovar, que fue extraditado por Uribe Vélez a Estados Unidos y guarda prisión en ese país, actualmente este acusa a Uribe de haberlos traicionados y ha denunciado las estrechas relaciones que ellos mantenía con altos jefe de las FF. MM.
Se producen estas denuncias, en Estados Unidos y España, cuando el Senado colombiano se aprestaba a promover los ascensos de generales al grado inmediato superior, entre ellos al general Martínez Espinel. Ascenso que fue aprobado por la Cámara Alta, pese a tales denuncias y como una fuerte bofetada a las víctimas de esas acciones y a los organismos como las Naciones Unidas, la CPI y las organizaciones de Derechos Humanos, lo cual demuestra de donde viene la impunidad.
Las declaraciones y trinos del senador Uribe Vélez sugiriendo convocar a una asamblea nacional constituyente, para lograr el orden institucional, tiene un objetivo claro y estratégico: unificar todo el sistema judicial y concentrarlo en una sola Corte Suprema, eliminando las Cortes y todo el democrático sistema jurídico logrado en la constituyente de 1991.
Por estas razones ha convocado para hoy sábado 9 de junio, una marcha contra la Corte Constitucional y la JEP, con una mentirosa campaña, de que las cortes están entregadas a la narcoterrorista guerrilla y proporcionar la impunidad, de esa manera busca apoyo popular y reeditar lo que hizo cuando el plebiscito, lo grave de todo esto que una parte de la población se cree estas degradante y asquerosas mentiras y que de paso a la convocatoria de una constituyente.
Ello permitiría liquidar los acuerdos de paz y no solo ese objetivo, también desde el poder wjecutivo, eliminar muchas prohibiciones que limitan al gobierno en su política entreguistas a las trasnacionales estadounidenses, canadienses y europeas de las riquezas minerales y forestales, una buena parte de ella ya están en venta a espalda del pueblo colombiano como el caso de ISA, Ecopetrol, la transportadora de petróleo y una parte de los llanos orientales, y el Chocó, así como estimular el fracking y la explotación minera de oro, coltán, y otros ricos minerales a beneficio de empresas foráneas.
Este lamentable y complejo escenario solo puede ser conjurado por una fuerte unidad de las fuerzas políticas, sociales y populares que se unan como un solo puño a favor del cumplimiento de los acuerdos de paz. Además, es necesario parar con mucha fuerza las intenciones del senador Uribe Vélez, el ultraderechista Centro Democrático y sus aliados de convocar a una asamblea constituyente, ya que ellos pretenden concentrar el poder en una minoritaria y dictatorial oligarquía.
