Me sorprendieron gratamente las declaraciones del ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, en una entrevista para El Tiempo (ver: Supermercados, culpables del alto precio de alimentos: Minagricultura), así como sus posteriores precisiones, en una entrevista para W Radio, sobre el papel que desempeñan las prácticas y las tácticas de los intermediarios y de los comercializadores dentro del entramado de causas que han venido elevando desproporcionadamente los precios de los alimentos, bastante más allá de los efectos atribuibles a el fenómeno de El Niño (ver: Agricultores están ganando la mitad y consumidores pagan el doble: Aurelio Iragorri).
Por el contrario, no me sorprendió para nada la histriónica y acalorada reacción de la columnista de opinión estrella de la emisora, María Isabel Rueda, quien tildó al ministro de ¡castrochavista!, no sin un leve adorno retórico previo, para disimular un tris la obviedad de tan tristemente superficial y trillado recurso demagógico; y tras la cual —¡oh sorpresa! — la emisora lanzó una cuña de supermercados Olímpica.
Volviendo al ministro, me pareció muy interesante que en ambas entrevistas relacionara explícitamente el urgente e importante fortalecimiento de las economías campesinas con los propósitos de construcción de paz en los que se ha embarcado este Gobierno. Es otra señal levemente esperanzadora sobre la seriedad con la cual muchos esperamos que el presidente Santos y su equipo de gobierno se estén tomando la idea de que la construcción de paz va mucho más allá de la firma de los acuerdos de La Habana.
Otra señal, digo, para quienes saben escuchar las portentosas ondas gravitacionales que emanan desde ese complejo campo de titánicas luchas de poder que, en últimas, es lo que es el Estado.
Una de esas grandes luchas de poder enmarca la historia del conflicto colombiano, y su epicentro es el Ministerio de Agricultura: es una lucha extensa y compleja que abarca desde las múltiples reformas agrarias fallidas del siglo XX, pasando por la creación del Incora y de la Anuc en los sesenta, por la retoma terrateniente, ganadera y agroindustrial de la institucionalidad agropecuaria tras el Pacto de Chicoral, por el infausto abuso clientelista de programas como el emblemático Agro Ingreso Seguro, hasta la tensión actual —hipertensión incluso— entre quienes impulsan una reforma estructural de la arquitectura institucional del sector compatible con los acuerdos de paz, y quienes promueven figuras retardatarias como las Zidres, o quienes a toda costa buscan cómo desplegar argucias jurídicas para preservar injustamente unos derechos de propiedad muy cuestionables sobre la tierra, como en el caso de la hacienda Las Pavas.
Y levemente esperanzadora, digo, porque fíjense: al cierre de su entrevista con La W, el ministro Iragorri señaló enfáticamente que el Gobierno Nacional ha adoptado una estrategia de fortalecimiento de las economías campesinas que busca la seguridad alimentaria de las poblaciones más vulnerables. Dicha estrategia se llama Colombia Siembra.
Esperanzado, busqué rápidamente la página web del programa. Desafortunadamente, de lo primero que me percaté es que esta es una más de las típicas páginas de Internet a las que nos tiene acostumbrados el Estado colombiano en todas sus ramas y todos sus niveles: cero información útil, tan solo ambiguas fórmulas retóricas disfrazadas de jerigonza planificadora: misiones, visiones, alianzas “estratégicas” y objetivos “de desarrollo”.
Tras una búsqueda frenética, por fin —en algún oscuro rincón de la página del Minagricultura— encontré una presentación en Powerpoint con algo de información un tanto más profunda… y preocupante.
La quinceava dispositiva nos informa que los protagonistas del “trabajo concertado”
son los poderosos gremios y las poderosas agroindustrias de siempre:
Fedepalma, Fedemaderas, Fedegan, Federación de Cafeteros, Nutresa, Dupont, Syngenta, Bayer, etc.
La quinceava dispositiva nos informa que los protagonistas del “trabajo concertado” que la página web del programa promete que irá “de la mano de productores, industriales, gremios y entidades públicas”, son —entre otros— los poderosos gremios y las poderosas agroindustrias de siempre: Fedepalma, Fedemaderas, Fedegan, Federación de Cafeteros, Nutresa, Dupont, Syngenta, Bayer, etc
Bueno, me dije —yo, el idealista— quizás lo que va a hacer el Ministerio es ponerlos por fin en cintura. Pero no: la onceava diapositiva responde a la pregunta “¿Qué Queremos Sembrar?” Y la respuesta es… maíz, forestales, soya, cacao, palma de aceite y frutales —todos productos claramente orientados hacia la producción de biocombustibles, grasas, maderables, alimentación de animales para la industria de carnes, y vehículos de comercialización masiva de azúcar refinada, alias jugos de frutas procesados—.
¿Eso es lo que el ministro Iragorri entiende por seguridad alimentaria y fortalecimiento de las economías campesinas? Seguir impulsando el modelo de grandes monocultivos agroindustriales no es compatible con la parla de un supuesto viraje histórico hacia una producción asequible y sostenible de alimentos nutritivos y saludables, especialmente para la población más vulnerable del país, que —¡trágica y enfurecedora ironía!— son los mismos campesinos colombianos, que, hoy por hoy, están pasando cada vez más hambre.
