En 33 años de vida, que yo recuerde pocas movilizaciones sociales han tenido efectos semejantes y al mismo tiempo se han hechos esfuerzos de tal tamaño para hacerlas invisibles como las que han ocurrido en este mayo del 2017.
Los marginados del progreso y los trabajadores vuelven a movilizarse. Dos paros cívicos -uno en Chocó y otro en Buenaventura-, y afectación a la producción petrolera en el Meta y en el corregimiento de El Centro en Barrancabermeja, donde también se realizó una marcha histórica y masiva reclamando la modernización de la refinería de esa ciudad, son algunos de los hechos de convulsión social del momento. Además, 300 000 empleados públicos piden al gobierno negociaciones salariales serias y los maestros, siguen parados mientras el gobierno se niega a cumplir, no solo acuerdos laborales, sino a mejorar el limitado presupuesto para lograr la jornada única y mejorar la calidad de la educación pública.
Como lo hemos advertido en columnas anteriores el posconflicto sería tierra abonada para el auge de los movimientos sociales, poblaciones o territorios y para lograr la solución a necesidades, demandas y abandonos acumulados por años y que se han estrellado con los señalamientos de ser agitaciones en el fondo patrocinadas por las Farc y con los ministros de hacienda, férreos guardianes del control fiscal, pilar del neoliberalismo que gobierna el país.
El acuerdo de paz le quitó el miedo a trabajadores y pueblo en general, de salir a protestar sin ser señalado de guerrillero. El final del conflicto armado pone en primer lugar los problemas estructurales del país, las inmensas desigualdades sociales, la corrupción, pero sobre todo el modelo económico que las mantienen.
Y la respuesta del gobierno es obvia: no hay plata para resolver esas demandas. Lo han salido a decir tanto el ministro de Hacienda como el mismo presidente de la República. Lo que genera claro más protestas y el intento de disolver estas movilizaciones vía desgaste o represión con el Esmad.
Al mismo tiempo que el gobierno alega la falta de dinero
para cubrir los reclamos de las comunidades y de los trabajadores del Estado,
se conocen escándalos de corrupción y malversación de fondos
Al mismo tiempo que el gobierno alega la falta de dinero para cubrir los reclamos de las comunidades y de los trabajadores del Estado, se conocen escándalos de corrupción, malversación de fondos y destinación de recursos a cientos de cosas que realmente escandalizan.
Santos ha tomado una serie de decisiones que tienen detenido el crecimiento económico: objetó el proyecto de ley que le concedía derechos laborales a las madres comunitarias, también objetará el proyecto de ley que disminuye las deducciones por salud a las mesadas pensionales, pidió archivar el proyecto de ley que bajaba el inicio del horario laboral nocturno a las 8 p. m., también aumentó el IVA, redujo el gasto público y decretó un ínfimo aumento del salario mínimo que han conducido al país a un fuerte pesimismo y a la caída de la inversión y el consumo. Pero no duden, un gobierno del Centro Democrático habría hecho lo mismo.
Los cada vez menos poderosos medios masivos de comunicación no han podido acusar a las inmensas movilizaciones sociales y sindicales se estar “infiltradas” por el terrorismo. Es bueno, Colombia avanza hacia la lucha civilista que sin duda conducirá a transformaciones sociales necesarias. Lo que debió ocurrir en nuestro país hace medio siglo pasará ahora.
Por fortuna, al cierre de esta edición se habían resuelto los conflictos del Chocó, después de 17 días de paro cívico y el conflicto petrolero en el corregimiento de El Centro en Barrancabermeja, después de 10 días de afectación a la actividad de Ecopetrol S.A., que terminó reconociendo en el acuerdo, la necesidad de cumplir compromisos e invertir socialmente en las comunidades que han visto pasar 98 años de explotación petrolera sin el más mínimo desarrollo para ellas.
El resto de conflictos laborales siguen en el limbo. Y con el gobierno radicalizado en no acordar, los paros se alargarán y extenderán. Ya empiezan a desfilar los candidatos al Congreso por los diferentes conflictos y pasada la mitad de año empezarán todos a distanciarse del gobierno que tiene los niveles más bajos de popularidad y cayendo.
Y la decisión de la Corte Constitucional de darle más poderes a los congresistas en el fast track lo que ha hecho es cotizarlos. No solo será utilizado por el uribismo para sabotear la implementación, sino por los mismos senadores, que, no convencidos de la necesidad de cumplirle a las Farc, no desaprovecharán la oportunidad de pasarle cuenta de cobro al gobierno nacional a cambio del apoyo.
Luego de que todo pase ojalá los movimientos sociales y sindicales entren a reingeniería. Se hace necesario fortalecer las tasas de sindicalización, agitar las banderas de las transformaciones sociales, incursionar en política para el poder local, regional y nacional y reclamar reformas legislativas exigiendo mayores y más garantías para el ejercicio de la protesta ciudadana, del derecho de asociación sindical, de negociación colectiva y de huelga.
Si todos conociéramos el contenido de los acuerdos de La Habana y los hiciéramos propios, reclamando que se implementen y se cumplan, seguramente los movimientos sociales y sindicales ganaríamos más, pero ese tema no ha logrado la atención necesaria y ya, el otro año, candidatos presidenciales amenazan con “hacer trizas” el acuerdo o levantar la mesa de negociación con el ELN. Lo más importante, en estos momentos para el país, es salvar la paz y no retroceder a una lucha armada sin sentido.
Ojalá eso lo tengamos claro muy pronto.
