El término de “República bananera” no es nuevo. Parece que el primero que lo acuñó fue el escritor gringo William Sydney Porter, alias O Henry, en 1904 en su cuento “El Almirante” y aunque en el mismo se refería a un lugar ficticio llamado Anchuria, los lectores supieron que se refería a un país centroamericano llamado Honduras.
El término es despectivo porque se utiliza para referirse a aquellos países en los que imperan altos niveles de corrupción, profundas desigualdades sociales, inestabilidad política, bajo nivel de confianza en las instituciones y, en síntesis, un desorden político, social y económico. A pesar de que Colombia reúne casi todas estas características, todavía no se le conoce como “República bananera”; aunque si nos descuidamos, allá iremos a parar.
¿En qué país decente de este mundo, las fuerzas militares han prácticamente fusilado a 6402 ciudadanos para hacerlos pasar como guerrilleros en el escándalo conocido como “falsos positivos”? Y lo hicieron impulsados por una política de gobierno. Igualmente, desde las firmas del Acuerdo de Paz, mueren en promedio diariamente dos dirigentes sociales o exguerrilleros. Eso solo bastaría para ubicarnos en la ruta de una “República bananera”; pero hay más.
La Constitución Política parece más bien una cartilla para no cumplir. Muy a pesar de que en su artículo primero se dice que Colombia es un Estado social de derecho, “fundada en el respeto de la dignidad humana” y “en la prevalencia del interés general”, los gobiernos de turno, nacionales y territoriales, parecen olvidar la esencia de estos postulados y sigue primando el interés particular y el irrespeto a toda dignidad humana. Por eso hay hambre y corrupción como en cualquier “República bananera”.
La separación de poderes considerada como estandarte de los regímenes democráticos también es una ficción en el territorio patrio. Por eso el ejecutivo hace que se posesionen personajes de su bolsillo en los órganos que supuestamente son para controlarlo, como Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, igual que lo hacían los mandatarios de las “Repúblicas Bananeras”.
Por eso también el ejecutivo mayor, llámese Duque, Santos o Uribe, por solo citar los últimos tres, se embolsilla a la que llaman “bancada de gobierno” a punta de mermelada que se unta en forma de contratos o de burocracia.
Y la gente no cree en sus instituciones como lo reflejan las estadísticas sociales que a diario son publicadas. Y anualmente acuden, en promedio, al mecanismo de tutela, más de 500.000 personas para tratar de defender sus derechos, para que no se viole la constitución y para que se respete la dignidad del colombiano de a pie. Es como una protesta permanente de medio millón de personas contra un régimen.
Y la Corte Constitucional, que debe ser faro de la institucionalidad como guardián que es de la carta magna, a cada rato se la pasan por la faja, como si no existiera. Así pasa con la expedición de la Sentencia T-302 de 2017 que declaró cuatro municipios guajiros “en estado de cosas institucionales” por la muerte y desprotección de la niñez indígena en la región. Por ello solicitó al ejecutivo un Plan de Acción que sacara a esa región del estado de cosas inconstitucionales.
Hoy, después de cuatro años de publicada dicha sentencia, el gobierno en cabeza de Duque no ha expedido el tal Plan de Acción. Como si estuviéramos en una “República Bananera”.
O se pasan a la Corte por la faja o toman las decisiones sabiendo que cuando se produzca el fallo, ya se ha consumado la intención. Como cuando Duque, a sabiendas de que la Corte Constitucional echaría atrás la reforma a la Ley de Garantías Electorales, la impulsa y saca adelante con “su” bancada.
Sabía, que la reforma no era posible tratándola como Ley Ordinaria pero también sabía que cuando la Corte Constitucional se pronunciara, ya se habrían entregado millonarios recursos a los amigos políticos para el financiamiento de sus campañas. El ejecutivo facilitó que con el dinero público se compraran votos y cuando la Corte dijo que no, ya el daño estaba hecho. Como en cualquier “República bananera”.
Por todo lo anterior y por muchas otras cosas, se requiere un cambio en primera. Cambio que nos vuelva a hacer creer en las instituciones, que nos devuelva la dignidad, que acabe con el hambre de los más vulnerables, que nos vuelva un país de derechos y que, al menos, se respete la Constitución Política porque no hay que olvidar que somos un Estado social de derecho.
