Desde décadas pasadas el Estado y otros actores protagonistas del conflicto social armado han sometido al destierro a cientos de ciudadanos y ciudadanas colombianas: periodistas, críticos, escritores, investigadores, sindicalistas, indígenas, afrodescendientes, ambientalistas, estudiantes, mujeres activistas, población LGBT, defensores de derechos humanos, etc.
Este alarmante índice de amenazas, persecuciones y creciente desplazamiento forzado transfronterizo es presentado por la Cancillería y el Ministerio de Hacienda Pública como un fenómeno normal migratorio, que confunde e invisibiliza la realidad de la crisis social y política, de los posacuerdos de paz, y de los asesinatos sistemáticos contra los líderes y lideresas sociales en los territorios como una práctica social genocida, con el agravante de que no hay investigación de las entidades de control del estado.
El abandono del gobierno y su Cancillería a los cientos de víctimas en el exterior es evidente en muchos aspectos, fundamentalmente en el desconocimiento de la discriminante realidad del exilio, refugio y migración forzada, y del impacto psicosocial y choque cultural de llegar a entornos sociales desconocidos en territorios extranjeros (que implica la separación de sus núcleos familiares y amigos, y de su entorno laboral, académico y social), la vulneración de sus derechos y la revictimización en los países de acogida (donde en principio no se le reconoce el pleno ejercicio de la ciudadanía). También, la identidad de género es significativamente victimizada mediante violencia contra la mujer, la trata de personas y el sometimiento a trabajos de explotación, incluso largas jornadas de trabajo doméstico.
En consecuencia, existe una idea equivocada y generalizada por el Estado Colombiano de que las víctimas de exilio, refugio y migración forzada que abandonan el país se integran social, cultural y laboralmente sin ningún impedimento en el país de acogida. Todo este abandono negligente se refleja en la inexistencia de políticas públicas determinadas (económico, cultural, derechos de la migración, sociales, de ciudadanía y retorno digno y con garantías de no repetición, etc.) que no solucionan las necesidades urgentes de los cientos de víctimas que residen en el exterior.
Así pues, exigimos un reconocimiento público por parte del Estado colombiano a las víctimas y migrantes en condiciones de vulnerabilidad, que nunca perdieron su ejercicio constitucional de ciudadanía y que fueron forzadas a salir del país para proteger su vida ocasionado por el conflicto social. Finalmente, enviamos un mensaje al Estado y a la memoria colectiva de la sociedad colombiana para que mire la ventana del exilio, refugio y la población migrada de las 400.000 víctimas dispersas por el mundo, según la OIM (Organización Internacional de Migraciones).
Recuerden que no solo somos sujetos de estudio, sino que somos una diáspora activa de la sociedad colombiana, por lo que queremos hacer importantes aportes con nuestros conocimientos académicos en contextos geopolíticos, empoderamiento social y aprendizaje de otros idiomas, otras formas de vida que son vitales en las urgentes transformaciones históricas con la implementación del posacuerdo de paz que requiere nuestro país.
