La medida cautelar que ordenó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el año 2015*, los llamados que han hecho la Defensoría del Pueblo, líderes sociales y otras entidades para que se garanticen los derechos, las denuncias por el incumplimiento de autoridades en zonas como la Guajira en materia de nutrición, acceso al agua potable, disponibilidad de alimentos y acceso a la salud, no han sido suficientes para acabar con esta problemática.
El Estado está en la obligación de garantizar los derechos fundamentales de la población, pero mientras el presidente, vicepresidente, congresistas y otros funcionarios públicos reciben un sueldo de más de 20 millones de pesos, el pueblo al que deben cuidar y velar por su bienestar se ve afectado por una situación tan lamentable como esta.
Se siente impotencia y tristeza de conocer los salarios elevados que reciben personas que a la hora de la verdad no están cumpliendo con su trabajo, porque de lo contrario no existiría ni una sola víctima por una situación tan cruel y desgarradora. Para el 2018 lo que recibe por su labor un congresista al mes es de 31 millones 331 mil 821 pesos*, me pregunto ¿cuántas personas pueden comer con esta cantidad de dinero? Quizás ni un solo niño habría muerto por desnutrición o alguna otra de las causas relacionadas si los salarios fuesen más bajos o ese mal al que llamamos corrupción no existiera y ese dinero se invirtieran en solucionar cada uno de los problemas que dejan víctimas inocentes.
Si hay suficiente dinero para pagar estos sueldos entonces también debería haber para proyectos que garanticen agua potable, salud y alimentación; se deben tomar medidas contundentes para que todas las entidades que de alguna manera puedan evitar que esta problemática cobre más vidas trabajen con dedicación y transparencia.
El gobierno ha sido indolente con miles de niños que lo único que necesitaban era que se les garantizara su derecho a la vida y lo sigue siendo con muchos que aún esperan una solución, pero el panorama es cada vez más desalentador y las cifras siguen creciendo.
Lo más absurdo de todo esto es que nosotros tenemos gran culpa, hemos sido indiferentes y hemos permitido que unos cuantos hagan con los recursos y con nosotros lo que les place, si tan solo nos diéramos cuenta del poder que tenemos ni un solo colombiano tendría que sufrir por algo así, tenemos el derecho de elegir gobernantes, pero esto va a acompañado de una gran responsabilidad eligiendo a personas que nos representen y trabajen por un presente y un futuro mejor para todos, estamos en nuestro deber de exigir resultados tenemos una deuda con cada una de las víctimas del hambre a las que les quitaron sus fuerzas para jugar, sonreír y crecer junto a sus familias y con los que aún esperan por una intervención que erradique del todo esta situación para no ser un número más en estadísticas aterradoras.
