La estocada al corazón del sistema pensional llegó hace un poco más de dos décadas. Este pilar de la seguridad social quedó herido de muerte con el diseño que se le dio en la Ley 100 de 1993 -como también quedó la salud-, con el agravante de que en materia de jubilación pocos dolientes hubo en su momento. Por el contrario, ante lo tedioso de desenmarañar sus trampas, decenas de miles de asalariados caerían en ellas “de forma voluntaria”, avanzando hacia el abismo de los regímenes privados y su perverso diseño anti “seguro” y anti “social”.
Y es que si bien hasta 1993 el sistema de pensiones colombiano presentaba fallas como la corrupción y en la inexistencia de un fondo único pensional, la Ley 100 en vez de corregir estos problemas, solo los agravó. Así, la seguridad social universal que se había concebido como un sistema piramidal, donde con los aportes mensuales de toda la población económicamente activa se debía pagar las pensiones de aquellos incapacitados para trabajar, ya por razones de edad, de enfermedad, de discapacidad o de orfandad, terminó destruido con la creación de los Fondos Privados, mal llamados “de pensiones”. Si bien sin fondos privados en un país como Colombia con los 47 millones de habitantes, con el aporte de una población de 25 millones económicamente activa debería pagarse las pensiones de los 1.6 millones de pensionados actuales, eso en la práctica no ha sido posible, ya que un alto porcentaje de aquellos trabajadores que no están en el sector informal de la economía, cotiza en fondos privados, invirtiendo la carga del sistema pensional del sistema de prima media (público), al punto de que unos pocos son los que cotizan frente a un número mayor de jubilados.
El resultado de ese obtuso diseño ha sido que el sistema pensional haya tenido que llenar ese hueco con dinero del presupuesto público, al punto de que para el 2017 esa cifra fue de $37,5 billones (4,1 por ciento del PIB). Es decir, en un modelo que de aplicarse de forma correcta -como lo hacen los países europeos- funcionaría de forma eficiente, por la torpeza de sus congresistas y de sus gobernantes, tan solo cubre a una minoría, debiendo sacrificarse recursos del presupuesto general de la nación que podrían dedicarse a otros aspectos, como un seguro de desempleo o una educación pública gratuita. Pero nada de eso cambia, los intereses de la minoría banquera del país se empeña en hacer lobby para que los fondos privados sigan existiendo sin importarle el daño que le causan al sistema de prima media.
Aun así, más de dos décadas después de crearse los fondos privados de pensiones, su fracaso es evidente, al punto que para el año 2011, en todos los fondos privados en los cuales cotizan casi 10 millones de personas, tan solo 2742 mayores de 65 años se habían jubilado. ¿Cómo es posible que el gobierno nacional y/o el congreso, seis años después no haya tomado ninguna decisión ante tan irrisoria cifra? ¿Cómo es posible que se abuse de la buena fe de millones de colombianos que cotizan en esos fondos privados de “pensiones” sabiendo que una gran mayoría de esos aportantes nunca se pensionarán? La respuesta no puede ser racional, solo propagandística, donde la fortaleza del aparato ideológico del neoliberalismo ha podido arrastrar a decenas de miles de hogares de clase media al umbral de la pobreza con total impunidad.
En un país decente y con gobernantes responsables los fondos privados deben ser algo complementario al sistema público de seguridad social, no es posible que las ansias voraces de hacer dinero fácil por parte de los pocos dueños de los grandes bancos no solo le sigan causando un detrimento tan grande al presupuesto público, sino que a la vez, amenacen el futuro de las generaciones venideras colombianas. La casta política colombiana debe ser consiente que el país no puede seguir manteniendo un sistema privado de pensiones que no solo socaba las bases contributivas del sistema público, sino que también afecta directamente a quien de buena fe aspiran a un sustento digno en su vejez y deciden optar por esos fondos privados “de pensiones” sin tener certeza alguna de que va a alcanzar su jubilación.
Colombia necesita de forma urgente una reforma pensional donde se cree una verdadera seguridad social universal, con un sistema de prima media, donde los aportes sean obligatorios para toda la población económicamente activa, con la certeza del cotizante de que al aportar determinado número de semanas y cumplir determinada edad adquirirá el derecho automático a pensionarse. Hoy el debate no debe girar en torno a si aumenta o no la edad de jubilación, pues ésta debería –incluso- equipararse a la de retiro forzoso tanto para hombres como para mujeres, pero con la certeza de obtener ese derecho. Los fondos privados no deben ser coexistentes con el sistema público sino algo opcional para quienes quieran aventurarse a intentar un segundo ingreso en sus años seniles.
@jalavrezcarrero
