Claro que Colombia necesita una reforma tributaria, pero esta no debe ser para que el gobierno cuadre caja, sino para que garantice una redistribución equitativa de los recursos. De hecho, esta debe partir del principio de que quienes más recursos tengan más deben contribuir.
El primer esfuerzo no debe ser de la clase trabajadora. El primer esfuerzo debe ser del Estado, quien tiene el reto, después de 30 años de la constitución del 91, de garantizar las condiciones de bienestar para que la ciudadanía pueda desarrollar sus proyectos de vida de manera digna y efectiva y que al mismo tiempo permita generar y acumular riqueza.
Estas condiciones de bienestar no son más que la garantía universal al acceso a la educación con calidad, pertinencia y permanencia; acceso universal a la salud bajo un modelo preventivo; trabajo digno y bien remunerado; desarrollo de la conectividad territorial que permita el acceso oportuno a bienes y servicios; acceso universal a la totalidad de los servicios públicos, reconociendo internet como uno de ellos y transporte público subsidiado; acceso real a vivienda digna y de calidad.
Con la garantía de estas condiciones se establece una nueva y necesaria relación entre el Estado y la ciudadanía que generará las confianzas necesarias para, ahí sí, definir las fuentes de financiación y los modos para dar sostenibilidad financiera y ambiental, que garanticen el desarrollo de los territorios y sus comunidades.
El Estado, entre otras acciones, debe reorientar la destinación del gasto (no es decente que un país con tanta desigualdad destine más presupuesto para la guerra que para atender las necesidades de la ciudadanía); iniciar el cobro justo de impuestos a quienes tienen grandes riquezas en Colombia; renegociar la deuda externa, suprimir tributos "provisionales" como el 4x1000; actualizar urgentemente el catastro para el cobro adecuado a los grandes poseedores de tierra; sancionar a quienes llevan la riqueza generada en Colombia a paraísos fiscales, convirtiéndose en los mayores evasores. Los mismos, que su declaración de renta es inferior a la de cualquier trabajador honesto, pero que su patrimonio supera por miles al de la gran mayoría de colombianos y colombiana
De igual manera, debe reducir los sueldos —exagerados e irrespetuosos con la ciudadanía— de los altos funcionarios del estado e implementar medidas reales que ataquen la corrupción y permitan recuperar los recursos que se han parrandeado o entregado como coimas en casos como Reficar, Odebrecht o Hidroituango; casos en donde han metido las manos altos funcionarios de Uribe, Santos y Duque (responsables de 12 reformas tributarias, 8 de las cuales estuvieron a cargo de Alberto Carrasquilla). Recuperar estos recursos y cancelar la destinación de billones de pesos en aviones de guerra aliviaría las arcas del Estado.
Durante siglos, los gobiernos en Colombia olvidaron que su finalidad es garantizar la vida digna de sus habitantes y se dedicó a garantizar la comodidad de una élite privilegiada dejando desprotegida a la mayoría de la población y, por qué no decirlo, fomentando lógicas de reproducción de pobreza.
No se le puede imponer una reforma tributaria, cada dos años, a la sociedad sin que esta no vea mejoras en su calidad de vida. La reforma tributaria que requiere Colombia es estructural, justa y equitativa. A modo de ejemplo, en los países escandinavos hay gran tributación tiene, pero en contraprestación su calidad de vida es digna.
La sociedad colombiana, caracterizada por su sumisión, parece haber despertado y se levanta exigiendo lo que siempre debería haber tenido y para lo cual siempre ha tributado. En resumen, hoy exige un trato y una vida digna. Claro está que esa dignidad no será obtenida en este gobierno corrupto, fascista y elitista. Este dejará un país quebrado y con mayor desigualdad.
