A pesar de intentos reformistas por modernizar los sistemas productivos agrícolas e industriales, disminuir la pobreza y hacer más operantes y justas las instituciones del Estado, un fantasma sobrecogedor recorre las ‘democracias latinoamericanas’ de izquierda y derecha: el de la corrupción administrativa, agenciada por quienes las orientan a todos los niveles, impulsando algunos proyectos reformistas, asistencialistas y comunitarios, que si bien benefician a amplios sectores de poblaciones marginadas, mantienen vigente estructuras hegemónicas sustentadas en ideológicas y alianzas rentables que permiten a ‘roscas’ y camarillas al interior de los partidos y familias, perpetuarse en el poder, sin mayor control a sus desafueros.
Los escándalos por la ‘evaporación’ de cerca de dos mil millones de dólares de Petrobras, durante los gobiernos de Lula y Dilma, tienen en dificultades al Partido de los Trabajadores del Brasil, sin olvidar que la fortuna del matrimonio Kirchner Fernández y de altos funcionarios del gobierno gaucho se multiplicó durante las sucesivas presidencias de la pareja; para no hablar del escándalo que afectó a la presidenta de Chile, Bachelet, con negocios de la familia de su nuera y el enriquecimiento de la camarilla del ‘Cártel de los soles’ venezolano, con Diosdado a la cabeza, apoderándose y ordeñando el filón petrolero de PDVSA y manejando las redes del contrabando y tráfico de dólares subsidiados a gran escala y del narcotráfico, aliados con las Farc y haciéndose los de la vista gorda con delincuentes como Pastor Perafán, Jabón, Cuchillo, Diego Vecino, los Usuga y otros jefes que por años invirtieron y escamparon en varias ciudades venezolanas de la persecución en Colombia; y si nos vamos a Nicaragua, el panorama de nepotismo y grandes fortunas acumulados por los lideres ‘revolucionarios’ no es la excepción; y si salimos del ‘guate-peor’ de la izquierda vamos a la Guate-mala derechista del general en las época de las masacres indígenas Pérez Méndez que debió renunciar para ser juzgado al destaparse la red de corrupción alrededor de la Aduana y otras entidades, gracias al trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, encabezada por el magistrado colombiano, Iván Velásquez, perseguido por el uribismo que con Job y compañía intentó fabricarle imputaciones para inhabilitarlo, al investigar la para-política y vinculación del senador Mario Uribe, primo del ex-presidente, con las Auc. Sin olvidar a México con la mujer del presidente recibiendo lujosa residencia de un contratista chino gracias a los generosos favores recibidos en multimillonarias contrataciones y en cada Estado y municipio, las autoridades y la policía aliadas con la variedad de cárteles narcotraficantes y paramilitares actúan en completa impunidad como en las viejas películas de vaqueros y charros mexicanos.
En Colombia el ejemplo más fehaciente de corrupción fue el de los hermanitos Moreno Rojas y su bandola del ‘cartel de la contratación’ en Bogotá, integrado por concejales de la mayoría de partidos políticos (Polo, Liberal, de la “U”, Conservador, Cambio Radical) apoderándose de cerca de mil millones de dólares; y por el estilo, en menor cuantía hay muchos casos sin investigar, ni destapar en numerosas ciudades, municipios y departamentos del país, donde desde que se instauró la elección popular de alcaldes y gobernadores - buscando dizque profundizar la democracia directa, en un país de analfabetas funcionales y millones de pobres manipulables con tamales y espejos- a los maestros del clientelismo les fue fácil mimetizarse en el nuevo escenario legal para conformar sofisticadas mafias de contratistas, favorecidos por licitaciones amañadas y contratos a dedo y también integradas por paramilitares, guerrilleros y otros exitosos ‘empresarios’ engordados de la noche a la mañana con mágicas y espumosas fortunas, pelechando de los presupuestos de obras públicas, salud y educación, que con la descentralización se convirtieron en un apetecible botín a conquistar, “más rentable que la coca”, como lo expresara el ‘benemérito’ senador Luis Carlos Martínez Sinisterra.
La utopía de implantar sistemas ‘democráticos’ o ‘socialistas’ justos y honrados se evidencia con mayor crudeza en nuestro continente y el África. Aunque en algunos países europeos y asiáticos también saquean a la administración pública, no lo hacen en las macro-proporciones epidémicas como sucede en la impunidad casi total reinante en Colombia desde las más altas a las más bajas esferas de la administración pública donde se roban desde millones de dólares, hasta la alimentación de los niños, pasando por el sobrecosto a los suministros de equipos, medicamentos, hasta llevar al saqueo del café para los tintos y el papel higiénico, prácticas entronizadas en muchos de nuestros gobernantes, funcionarios y modestos trabajadores de nuestras republiquetas bananeras.
En el Cauca, apertrechándose para las elecciones de octubre, desde el año anterior, en la mayoría de las administraciones municipales y el Departamento los beneficiarios del poder, iniciaron el trabajo de orientar el presupuesto del 2015, a favorecer campañas de candidatos encargados de perpetuar las maquinarias.
Desde antes de entrar en vigencia la ley de garantías, las licitaciones y contratos para obras públicas financiadas por presupuesto ordinario y regalías, estudios,’ servicios varios, empleos temporales’, publicidad de Lotería, Licorera y Secretarías, etc, ya estaban dirigidos a favorecer la candidatura de sus pupilos. En este escenario entraron aportes de ingenieros contratistas y socios camuflados que en cuatro años de gobierno esperan multiplicar sus inversiones. Unos van por las ganancias en dinero, otros por estas y seguir escalando en las cumbres del poder bien sea al Senado o a las más altas posiciones del Gobierno central, cuando dejen sus actuales cargos, como señalan de hacerlo al gobernador Temistocles Ortega, sus antiguos socios del Partido de la “U”, la ASI, El Partido Verde y el partido Conservador, que en alianza hace cuatro años lo eligieron; pero se sintieron traicionados cuando los dejó colgados de la brocha al retornar al Partido Liberal respaldando al candidato Oscar Campo, poniendo la maquinaria departamental a su servicio y torpedeando la gestión de las Secretarías Departamentales de Educación y de Salud, que aún permanecen al mando de representantes de la Alianza Social Indígena y el Partido Conservador, según reciente denuncia pública del representante a la Cámara Óscar Ospina, del Partido Verde.
Ante tanta corrupción y la inoperancia de la Justicia, Fiscalía, Contraloría, Procuraduría y Superintendencias, falta nos hace una Comisión Internacional Contra la Impunidad, como la que en Guatemala encabezó el perseguido en Colombia, Iván Velásquez y destapó la corrupción del Presidente para abajo.
Pero estamos en Cundinamarca y no en Dinamarca… maestro y todavía nos falta mucho pelo pa’ moño y poder pasar de una democracia de mentiras y bandidos ‘honrados’ amparados por leyes complacientes fabricadas por ellos mismos, a una democracia real donde los recursos públicos sean sagrados, como lo pregonaba Mockus, en las elecciones presidenciales que casi le gana a Santos, antes de dedicarse a payasear y adelantar la más brillante anti-campaña electoral de la que se tenga noticia.
