Los recientes comportamientos violentos en instituciones educativas han provocado comprensibles preocupaciones en autoridades, educadores, padres familia y sociedad en general. Dado el inquietante grado de agresividad, intolerancia e insolidaridad observadas se sugiere la imperiosa necesidad de intensificar la acción educadora en nuestra población para que superemos civilizadamente las diferencias.
La educación es una de las líneas principales del Plan Nacional de Desarrollo y es asunto prioritario en las agendas de las autoridades regionales y locales, las cuales tienen ineludibles responsabilidades. En el propósito de construir un nuevo país, la educación es un elemento vital en tan noble propósito de transformar vidas.
La Constitución Nacional ( Art. 67) resalta la educación al darle categoría de derecho fundamental de los ciudadanos: “la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social (…) El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación”.
La problemática social se refleja en las aulas de escuelas, colegios y universidades: víctimas y victimarios del conflicto armado, en las que se debe dar un diálogo civilizado de ideas para crear conocimiento. Delicada tarea corresponde a los docentes: estimular la convivencia, el análisis crítico, el respeto al pluralismo y a la dignidad humana, alejada de prejuicios y posturas excluyentes. Docentes que no entiendan este desafío serán factores generadores de conflicto.
Colombia necesita educadores para la paz y la convivencia, no para la guerra, la intolerancia, el fanatismo.
La Ley 115 de 1994, la cual desarrolla el mandato constitucional, es enfática en señalar los fines del servicio educativo (Art. 5):
“El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social , afectiva, ética, cívica y demás valores humanos.
La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad”.
Con el decreto No. 1038 de mayo 25/2015 se reglamenta la Ley 1732 de 2015, correspondiente a la implementación de la Cátedra de la paz en todos los establecimientos educativos públicos y privados. Con esta se pretende estimular diálogos entre los estudiantes para la construcción conjunta de una Colombia en paz, la cual es posible con ciudadanos de “buena voluntad”, sin odio ni rencor.
Un valioso aporte brindan las instituciones educativas, públicas y privadas, teniendo en cuenta su proyecto educativo y su modelo pedagógico y en sus planes de estudio. El objetivo es claro. Adicionalmente a la calidad académica, formar competencias ciudadanas en estudiantes para la solución civilizada de los diversos conflictos que se presentan en la vida diaria, la participación democrática, la solidaridad, la libertad de opinión, el respeto por los derechos humanos, el desarrollo sostenible y ambientalmente responsable.
Docentes con vocación pacifista, no guerrerista, pedimos los padres de familia para nuestros hijos, pues anhelamos una “sociedad más justa, equitativa e incluyente”.
