Quien piense diferente en Colombia pone en riesgo su vida. Lo muestran los datos. Sectores de la legalidad han utilizado la violencia como estrategia política y forma de acumulación y, al parecer, esto no va a desaparecer una vez se firmen los acuerdos de paz. Durante las elecciones locales de octubre pasado, 7 candidatos de sectores de izquierda fueron asesinados, 68 víctimas y líderes de restitución de tierras cayeron asesinados por reclamar lo que les pertenecía, y en lo que va del año 11 miembros de minorías políticas han sido asesinados o han sido víctimas de atentados. El último caso ocurrió contra Imelda Daza, quien duró más de 20 años exiliada en Suecia después de salvarse de la guerra sucia o el baile rojo y regresó el año pasado. Así la recibe el país.
Uno de los cuentos populares más extendido en el ámbito político y académico colombiano es que la izquierda democrática no ha llegado al poder porque existe una izquierda armada; es decir, los sectores armados han provocado que la población asocie a toda la izquierda en un mismo paquete, donde todo es lo mismo y por eso no votan por los sectores democráticos alternativos. Esta afirmación que muchos repiten como loritos es absolutamente falsa y no hace más que legitimar el asesinato de inocentes.
En Colombia asesinan la competencia política, la diferencia o la oposición, y luego para justificar estos hechos se dice que eran “guerrilleros disfrazados de civil”, o que pertenecían al “frente intelectual de las Farc”, tal como lo manifestaba el actual senador Uribe, o más recientemente se les llama “redes de apoyo al terrorismo”.
A pesar de que amplios sectores de la izquierda democrática han sido investigados y se ha comprobado que no tienen ninguna relación con organizaciones armadas —lo cual ha sido de público conocimiento— aún se escuchan voces en ese sentido. Pero la realidad es que a las élites locales y regionales, e incluso a las nacionales, les da miedo perder el poder y por ello asesinan la oposición.
El mayor reto del posconflicto es que el Estado cumpla,
que las élites cumplan, y no sigan utilizando la violencia
como estrategia de competencia política
El ejercicio político de las minorías políticas es tal vez el tema más complejo y el impedimento para que el país avance hacia una democratización. Solo con una apertura democrática el país logrará avanzar en el desarrollo social y los debates nacionales sufrirán una cualificación. Esto significa que la Colombia del posconflicto no tendrá como reto principal el hecho de que las Farc cumplan, es decir, que la dejación de armas sea efectiva. El mayor reto es que el Estado cumpla, que las élites cumplan, y no sigan utilizando la violencia como estrategia de competencia política.
En Colombia son estas élites las que tienen el poder y administran el estado a nivel local y regional, son estas mismas élites las que se beneficiaron del conflicto armado de más de 50 años y las que podrían, o llevarnos a un posconflicto violento o a un avance democrático importante al país. El camino que escojan estas élites dependerá de al menos cuatro factores. 1. La capacidad del Estado y las élites nacionales de domesticar y controlar las élites a nivel local y regional. 2. Disminuir la impunidad. En la medida que la justicia avance y se capturen quienes asesinan la oposición, se mandará un mensaje de “no más” a estos sectores políticos violentos. 3. De la presión de la comunidad internacional hacia el gobierno nacional para que impida que se repita una nueva masacre de las minorías políticas, como la ocurrida en los años ochenta del siglo XX. Y 4. De la movilización ciudadana, es decir, del respaldo ciudadano a la democracia. Pero el camino no será fácil.
