El término justicia, está definido como la virtud que hace dar a cada quien lo que le corresponde.
Para alcanzar aceptable cumplimiento de ese concepto idealista e idealizado, se requieren condiciones, mentales, morales y psicosociales específicas. No surgen espontáneamente. Es menester desarrollarlas. En este sentido, Colombia este en retroceso continuo.
La aplicación y estructuración del marco legal institucional, guía del que hacer y de los actos ciudadanos, demanda un ordenamiento legal obligatorio, para quienes ejercen poder institucional, como para el ciudadano, en general.
Colombia, de acuerdo con el acontecer real diario, antes que lograr niveles aceptables, del ordenamiento legal, por contenidos y objetivos coherentes con el ascenso social integral, padece condiciones de desgobierno, corrupción, politiquería, clientelismo, inmoralidad, que generan y nutren los altos niveles de inseguridad a la que ha sido sometida toda la ciudadanía, bajo la retórica legalista y camuflaje del poder institucional.
En el fondo, la retórica del poder institucional, solo trata y en parte logra, ilusionar al ciudadano. Colombia, para garantizarle seguridad integral a sus ciudadanos, requieres la aprobación de políticas de estado, capaces de establecer control real y efectivo a toda organización delictiva y para ello debe derrotar el clientelismo judicial e institucional, la corrupción y la impunidad judicial.
De acuerdo con el ordenamiento legal, para lograr esos cambios de actitud y decisión, en todos los niveles del poder público, es imperativo tramitar y aprobar profundas reformas para toda la Rama Judicial. Y estas, solo pueden responder a la urgente necesidad de garantías de seguridad, si parten desde introducir cambios al sistema de ingreso, de funcionarios al servicio de esa rama, desde el mensajero, hasta los magistrados de las Altas cortes.
Colombia necesita revertir ese intrincado laberinto de intereses, tendencias, clientelismo, politiquería y amiguismo, situación que instituyo la corrupción, en las altas esferas del poder al servicio de la voluntad de poder político y económico.
Lograrlo es un desafío cósmico, que se nutre en las aguas turbias de ideologías y seudoideológicas, que sustentan el poder político y económico, evidente. Basta leer periódicos o escuchar noticias para comprobarlo.
La práctica racional y responsable del principio de justicia integral, obliga ejercer y cumplir funciones legales específicas. Bajo esos postulados y complimiento de los mismos, y solo así, es posible genera y garantizar justicia y equidad socioeconómica integrales.
La base del negocio del poder, cosiste en mantener el poder político para aumentar y proteger el poder económico, utilizando todos los medios y procedimientos posibles, para lograrlo.
El instrumento especial para lograr ese objetivo, es la contratación pública. Ahí está la clave y objeto del cogobierno, que a toda costa procuran mantener, políticos y gremios económicos, y es lo que explica que después de más de doscientos años de supuesto régimen político-económico independiente, soberano y democrático, bajo el mando de gobiernos, que supuestamente actuaron, conforme a principios filosóficos de solidaridad y responsabilidad social y política, la pobreza, la injusticia, la corrupción y el atraso técnico-intelectual, sigue azotando a más del 90% de la población colombiana.
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Colombia ha padecido Gobiernos, caracterizados por la mediocridad y el analfabetismo funcional, pasto del arribismo, el gregarismo, la corrupción y la inmoralidad, tolerada por la complicidad social, que garantiza, en muchos casos el triunfo electoral de los más funestos y rapaces.
La problemática socioeconómica, de inseguridad y de atraso nacional, que padece Colombia, es consecuencia de sus pésimos gobernantes, en todos los sentidos y épocas.
¿Por qué países que estuvieron sometidos a condiciones políticas, sociales y económicas, peores que las que ha padecido y padece Colombia, hoy pueden mostrar y disfrutar, de altos y positivos niveles de desarrollo integral, entre otros, Corea del Sur, Vietnam, Singapur, China, países nórdicos, etc., pudieron derrotar la pobreza y el atraso material e intelectual?
Pudieron porque han tendido gobernantes responsables que privilegiaron el interés general sobre el particular y la calidad de vida, frente al caos, la anarquía y el desgobierno.
Esos países, en un momento estelar de su existencia, lograron elegir gobernantes responsables, que sabían y entendieron que el mejor negocio de toda nación es construir equidad socioeconómica, instruir a sus ciudadanos y acabar la pobreza, en general.
¿Por qué el auge de la criminalidad, la ilegalidad y la delincuencia, en la actividad pública y privada, en Colombia y muchas otras naciones en desarrollo?
Porque el pueblo está sometido a una vil servidumbre, bajo el espejismo de la libertad, la democracia condicionada y de papel. Esa es la realidad nacional colombiana.
Vale recordar el pronunciamiento hecho por Bolívar, después de sellar la independencia de cinco naciones, entre ellas Colombia, expresado a su amanuense, L. Perú de Lacoix, sobre la servidumbre en Colombia: “…el pueblo siempre oprimido (y confundido) por los militares, clérigos, abogados, doctores, demagogos y políticos, lo estará siempre; aún con la Constitución más democrática, porque depende de la poca educación (y pésima educación, digo yo) y porque en Colombia hay una aristocracia de rango, de riqueza, de empleos y oportunismos….”.
Y tal situación, sigue igual y/o peor, por la existencia de mafias políticas de diversas calañas, que imponen el estancamiento socioeconómico, la exclusión social, el desplazamiento social y económico, la criminalidad y la inviabilidad del desarrollo social integral.
Ese diabólico caldo de cultivo en que se ceba el poder público, la burocracia, la politiquería y el clientelismo, nutre la corrupción y la inmoralidad y corrompió todas las esferas del poder, en mayor o menor proporción y parió Carteles de la Toga, de la salud, del Soat, de la Hemofilia, de la contratación pública, de los Órganos de Poder Público, en los que pueden realizar festines de compra-venta de testigos, autos, sentencias, prescripciones y condenas y ha garantizado en muchos casos, que delincuentes de alta peligrosidad, disfruten de absoluta impunidad, como en los casos de los responsables intelectuales y ordenadores de masacres como la de, El Aro, La Rochela, falsos positivos, exterminio de líderes sociales y defensores de derechos humanos, etc.
Ese panorama sombrío de la institucionalidad, hace posible que desde altas esferas del poder, impongan domino sobre órganos de control y ramas del poder público, para asegurar la defensa de sus intereses y de la impunidad. Es lo que ocurre en Colombia y lo que impide el ejercicio de plena democracia e impide el desarrollo socioeconómico con equidad.
Revertir ese panorama y realidad siniestra, exige profundas reformas institucionales, en todos los campos del desarrollo nacional. Reformas a las que siempre se oponen, la derecha y extrema derecha, los Gremios Económicos, la politiquería, el clientelismo y los corruptos agazapados tras del poder público.
El pueblo, como Constituyente Primario, legalmente puede lograr esas reformas. Y podrá hacerlo, si el sr. Presidente Petro, impulsar y hacer realidad esos propósitos.
En cuanto al sr. presidente concierne, debe aterrizar en la realidad nacional. Valorarla la real dimensión de su problemática y pragmáticamente tomar las decisiones y acciones más convenientes, para la nación. No dispone de tiempo para perder. Pronto inicia su cuenta regresiva. Si no aterriza, puede causar muchos daños irreparables, a la nación. Los enemigos del pueblo están al acecho, disfrazados de salvadores.
