Es confortable hablar de Colombia cuando se considera el segundo país del mundo con mayor índice de felicidad personal, según un estudio realizado por la firma Win Gallup International. Más formidable aún, hablar de un país de 47 millones de habitantes que se caracteriza por poseer una importante cantidad de población multicultural, entre ellos mestizos, blancos, gitanos, afrocolombianos e indígenas. Con mayor orgullo se habla de Colombia por su materia prima, sus recursos humanos y su calidad de gente. No obstante, Colombia, aunque sea un país con grandes cualidades, ha tenido que sufrir durante varias décadas un conflicto interno bastante vehemente.
La historia de la violencia en este país empieza exclusivamente desde los años de la Conquista, cuando un conjunto de españoles perpetraron nuestra tierra, marcaron ideologías, y fusionaron el territorio americano. Pero si se sigue una línea cronológica, más actual, de la violencia en Colombia, podemos encontrar desde los años 1950 las pinceladas de coacción que se daban en fuertes encuentros con los partidos Liberal y Conservador. Sin embargo, una de las patologías que desprendió de manera trascendental la violencia en Colombia fue la muerte de Jorge Eliécer Gaitán, un político en el que el pueblo campesino creía y tenía toda su confianza para salir de las guerras entre partidos, narcotráfico y demás. Este acontecimiento revolucionó a la comunidad campesina y llevó consigo la formación de los grupos al margen de la ley, como el M -19 (ya desmovilizado), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) (Proceso de desmovilización), el Ejército de Liberación Nacional ELN, paramilitares, y actualmente las Bandas Emergentes en Colombia (BACRIM).
Debido a la formación de estos grupos al margen de la ley, más específicamente al comando guerrillero de las FARC, se propuso una mesa de negociación, con el fin de acabar con las múltiples violaciones de derechos humanos por parte de este grupo militante, y llegar a un acuerdo. Durante más de cinco décadas se ha tratado de pactar con intentos fallidos de expresidentes como Belisario Betancur, seguido de César Gaviria, Ernesto Samper Pizano, y Andrés Pastrana. Actualmente, el presidente Juan Manuel Santos, ha logrado de la mano de líderes en derechos humanos, representantes del estado colombiano, víctimas del conflicto, y cabecillas de las Farc, llegar a un acuerdo en el que posconflicto es una de las principales inquietudes para toda la nación.
Muchos colombianos se hacen miles de preguntas sobre este hecho de la paz, unas de ellas son: ¿cómo se olvida una violación?, ¿cómo se intenta perdonar un secuestro?, ¿cómo podremos convivir con las personas que un día solo pensaban en matar, hacer su propia ley o justicia?, ¿qué pasará con los comandantes de la guerrilla, con los guerrilleros rasos, con los militares judicializados y por judicializar, con los civiles, con las víctimas, entre otros? La respuesta, aunque es prospectiva se desarrolla sustancialmente.
Hablar del futuro de Colombia después largas peleas se hace bastante complejo, conmovedor e irónico, pero se necesita de varias soluciones no solo políticas con la firma de la paz en la Habana, sino con soluciones potencialmente, culturales, morales y judiciales. Está claro que se debe perdonar y no vivir llenos de rencor, darle la oportunidad a todos los sujetos que han estado en el conflicto armado, así como hace unos años, le dimos la mano a personajes como Everth Bustamante, quien fue miembro del M- 19 y en la actualidad hace parte del partido Centro Democrático posicionado como Senador de la República, o por su parte, sujetos como Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá, quien aún siendo uno de los implicados en la Toma del Palacio de Justicia, junto a su colega Navarro Wolf, se ha comprobado que estas personas, que han llegado a ser representantes de la ciudadanía, no han creado un conflicto interno, ni han faltado a su palabra después de la desmovilización.
Los ciudadanos tolerantes y pacifistas creen que es preferible ver a los insurgentes haciendo política y creando algún partido político que tratando de imponer sus ideas con las armas. Sin embargo, no todo puede verse desde la medida del perdón, porque aunque se olviden muchos hechos, que hicieron desangrar a Colombia, el país no ve una salida con los posibles gobernantes del futuro, aquellos cabecillas de las FARC. InSight Crime, Crimen Organizado en las Américas, realizo un estudio sobre la criminalización de las FARC y como se desenvuelve esto en el proceso de paz, ellos llegan a una conclusión; es difícil tener a los comandantes guerrilleros en el gobierno, oficinas o trabajos del común por tres razones fundamentales, primero no todos los guerrilleros tienen una educación adecuada para posicionarse en los cargos, tal vez los delfines hijos de las cabecillas, la tienen, pero es cosa de jerarquía el estudio. Segundo ellos esperan obtener dinero de gran mayoría, es algo que no le conviene a ninguna entidad. Tercero, la sociedad esta obliga a aceptar dicho acuerdo.
Sin embargo, es de vital importancia para estos casos plantear y pensar en el Marco Jurídico de la Paz (Acto legislativo 01 de 2012). Siendo este un acto que busca como prioridad la terminación del conflicto armado, la consagración de la verdad y la responsabilidad de los daños y lesiones a los participantes del conflicto. ¡He aquí el problema! El Marco Legal para la Paz autoriza la creación de mecanismos extrajudiciales de justicia, el establecimiento de criterios de priorización y selección de casos, la suspensión de la ejecución de la sanción, la renuncia a la persecución penal para los hechos no seleccionados, y la creación de una comisión nacional de verdad, entre otros temas.
El Marco que se está desarrollando puede tener ventajas a la hora de crear una memoria histórica, pues si un guerrillero habla sobre los delitos que ha cometido tal vez las víctimas del mismo delito pueden perdonarlos, pues finalmente pudieron llegar a saber sobre algo que se cuestionaban. Por otro lado, la justicia transicional, que es un mecanismo social, político y jurídico, que tiene por objetivo la reparación, reconstrucción y reconocimiento de las víctimas, está tomando un giro de 360 grados. Si se analiza uno de sus elementos principales “acciones penales” que busca investigar a los responsables de violaciones de derechos humanos, o peces gordos, se puede dar un claro, avance, el problema es que se está dando la impunidad de las masacres. El jueves 12 de octubre del año 2015, el Presidente Juan Manuel Santos pronunció que los guerrilleros que se adecuen a la justicia transicional, que hablen sobre sus delitos, y que proporcionen la paz, no serán extraditados, ni condenados de la misma manera que se había planteado antes (cárcel).
En cuanto a los guerrilleros rasos, según el gobierno, más del 80% de los guerrilleros son analfabetas o solo han cursado quinto de primaria, por o cual se realizó una alianza con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia para motivarlos y que salgan adelante por sus propios méritos. “Los desmovilizados podrán estudiar presencialmente o desde su hogar vía online, dependiendo su rendimiento académico podrán trabajar en esta universidad” afirma. (Jaime Leal Afanador, 2015). Estas personas que decidan desmovilizarse tendrán que insertarse a la sociedad normalmente, ejercer diversos empleos tanto en lo público como el privado y de esta manera cumplir sus derechos y deberes que se estipulan en la constitución de Colombia.
Por su parte, las víctimas quieren que se haga justicia y durante el proceso de paz se habló de las garantías que ellos necesitaban para que esto no fuera borrón y cuenta nueva. Cada líder contó sus historias, esas que con tanto dolor y nostalgia recuerdan, es que no es nada bueno volver a retomar lo vivido y las grandes injusticias que les tocó aguantar por tantos años. La fiscalía finalizo con estos procesos para que se hiciera oficial las denuncias.
Otra parte del conflicto que se ve afectada son los militares que han sido juzgados por delitos cometidos durante y después del ejercicio de su profesión. En el 2013, cuando Juan Carlos Pinzón, era el Ministro de Defensa, se habló de implementar la Policía Civil, que constaba en la implementación de la institución, con personas que fueran desmovilizadas. A esto, la nación colombiana, se promulgo con evidentes críticas de oposición, pues para algunas víctimas, la Policía y las Fuerzas Militares, son entidades que deben cumplir el deber constitucional de defender la seguridad de los colombianos. Por su parte, al crear una Policía Civil, no se contemplaría el fin propio de las fuerzas, este tema quedó en el aire, cosa que es preocupante.
Por otro lado, y en hechos, claramente actuales, la crítica por la posibilidad que actores de la guerrilla tengan privilegios en la parte legal, y que a los militares se les castigue cuando estaban, de una u otra manera ejerciendo su profesión, es un impedimento grande para la justicia de Colombia. El general Uscategui, quien fue condenado a 37 años de prisión, por estar implicado en la Masacre de Manirían, critico el hecho afirmando que no es justo cuando a un guerrillero o paramilitar comente un delito, no sea juzgado de la misma manera que se está juzgando a los militares, que bien algunos cometieron delitos, pero no tan al borde de crear un imperio de violaciones como lo han hecho los combatientes y cabecillas de las Farc.
“De nada sirve, ser militar, si se va a juzgar por proteger a la patria y al guerrillero se le va a premiar”, (General Uscateguì, 2015). No obstante, otro punto concerniente a los militares, son aquellos que han sido juzgados por falsos positivos y que serán juzgados por el fuero militar, pero con inclinaciones de mayor violencia que un guerrillero.
A esto consternado respondió: “el proceso de paz da la impresión de que este puede dejar vivos muchos rezagos y conflictos insolutos de la guerra” (expresidente César Gaviria, 2015), y a esos problemas hace referencia a que solo se está tratando unos temas en específico, dirigidos a resolver problemas entre las FARC y la Justicia, pero en lo concerniente con los civiles como empresarios, economistas, profesionales y demás no se le ha dado una solución específica. Es indispensable que dentro de la justicia transicional, los civiles se vean implicados realmente, pues el hecho que tengamos que vivir en un país, donde la guerra ha sido el símbolo de este, es complicado. Más difícil aún, cuando tengamos que vivir en una sociedad donde se viva junto al desmovilizado. Ponerse en los dos zapatos de los sujetos, es de gran dificultad, para esto, necesitamos una política de educación en donde no se sesguen los derechos humanos, y se cree una mejor Colombia que cultive paz.
Finalmente, para poder llevar a cabo una paz ideal, no solamente se debe crear un consenso para la unión nacional, sino que se debe establecer varias leyes, en las cuales se proteja a cada miembro de la comunidad colombiana. Por otro lado, se debe crear una campaña de re memorización del conflicto, en donde el colombiano sepa cuáles fueron los errores y los propósitos de paz por parte del estado, por parte de las Farc, y por parte de las entidades extranjeras. La violencia se termina cuando el gobierno piense más en la comunidad, que en ganar dinero. Si los colombianos se sienten respaldados, sienten que sus problemas tienen solución y tienen capacidad para una educación eficaz y colaboración estricta cuando se presenta algún antecedente de la violencia, no hay necesidad de hacer cosas ilícitas como secuestrar a una persona.
En conclusión, es de vital importancia que Colombia pueda recordar para no olvidar, resignificar el pasado y reconfigurar el presente, reparar individual y colectivamente, comprender la singularidad de las historias partir del conocimiento de la historia. También, recordar para darle voz a sus víctimas presentes y traer esas voces subterráneas de los ausentes, y descubrir, revelar, denunciar, recuperar los referentes de lucha. Recordar para que la singularidad del recuerdo se realice en el vasto ejercicio de la memoria.
