La actual situación de la Universidad San Martín en Colombia ha evidenciado una crisis, ya vaticinada desde los primeros años de este siglo. El incremento exponencial de universidades, institutos universitarios, fundaciones universitarias, cooperativas universitarias y demás formas de constitución legal de Instituciones de Educación Superior (IES) privadas en el país no ha tenido una regulación ajustada a parámetros de inspección y vigilancia pertinentes; sólo hasta hoy, el gobierno decide intervenir enfáticamente y poner en las mesas del Congreso un proyecto de ley para tal fin. A pesar de las advertencias, como siempre, el gobierno llega tarde; y sin vergüenza alguna hace las veces de ‘redentor de los caídos’ y ‘verdugo de los culpables’, cuando gran parte de la responsabilidad de esta crisis es suya, porque también se es cómplice por omisión. El presidente Santos y la Ministra Parody no pueden lavarse las manos, han hecho parte del gobierno, de una u otra manera, durante los últimos años.
Es profundamente criticable el lenguaje estigmatizante que utiliza Santos cuando habla de temas educativos, se ha atrevido a decir ‘países mediocres’ a aquellos que no obtienen buenos resultados en pruebas externas y tampoco tuvo reparos en anunciar mano dura a las universidades de ‘garaje’ en el caso de la Universidad San Martín. Expresiones como ésta que, prejuiciosamente, hacen parte del sentido común hacen mella en la práctica. Y como muchos, estoy convencido de que ser egresado o estudiante o docente o administrativo de ésta IES no es sinónimo de mediocridad ni de ‘mala educación’ ni de ‘educación de segunda’. Apoyo ese justo reclamo y me sumo a quienes siguen con una posición crítica frente al gobierno que quiere salir en ‘andas’ de esta crisis. No entremos en el juego de estás lógicas excluyentes.
La educación superior en Colombia es un negocio, ya lo he dicho en otras ocasiones. Yo no creo que el crecimiento de IES privadas sea fruto de la filantropía o de un altruismo exacerbado. En Nariño, por ejemplo, según el Observatorio de la Universidad Colombiana, tenemos al menos 23 IES que ofrecen estudios en diversos programas, de las cuales 16 son privadas. Hace no pocos años, hablábamos de 4 o 5 universidades que ya no daban abasto, hoy no podemos quejarnos de esto, de lo que si nos quejamos es del limitado acceso a la educación pública en la región, situación que ha llevado a un endeudamiento sistemático de las familias de Nariño para que sus hijas e hijos estudien en universidades privadas con elevados costos. Atención, no hablo de calidad, ese es otro tema que debe tratarse con sumo cuidado; sólo para dejarlo señalado, bajo el criterio del gobierno, ninguna de nuestras universidades pudo recibir a las/os estudiantes que accedieron a la posibilidad de un crédito condonable por no tener acreditación de alta calidad, además, haciendo un balance escueto de la inversión de las IES en Nariño en investigación, se podría intuir que estamos con medio siglo de atraso, por lo cual, no nos queda otro remedio que seguir nuestra posición de consumidores de innovación en cualquier campo del conocimiento.
Para agudizar el tema del ‘negocio’ y en relación con lo dicho con anterioridad, no olvidemos las cifras ‘astronómicas’ que gastan las IES en la implementación de sistemas de control, que finalmente, no redundan en beneficios académicos o sociales, sino en el detrimento de la labor docente y en la ‘ilusión del control’, como lo señalan diversos estudios realizados en universidades europeas al respecto. Por eso, si lo que esperamos de esta nueva ley es mayor control, comprendamos que en la dinámica del actual gobierno, esto se aprovechará para que ese control no sólo sea financiero y administrativo sino académico. Así que adiós a la sobrevalorada autonomía universitaria y bienvenida la multimillonaria inversión de las IES para hacer parte de la exclusiva lista de las universidades acreditadas del país. Todo esto me ‘huele’ y me ‘suena’ a presión, a una nueva forma de centralismo burocrático, de homogeneización, de concentración del poder… sólo había que ‘engordar’ el ‘chivo expiatorio’ para que el sacrificio valga la pena.
Termino con esto, para disipar indirectas o malos entendidos las IES privadas deberían, con tranquilidad, asumir su postura empresarial. No es una ‘inmoralidad’ lucrar por la prestación de un servicio, lo inmoral es lucrar y no prestar el servicio (como el otro negocio de la salud, por ejemplo). En educación lo fundamental es que ese servicio educativo posibilite la transformación social de la región y del país, que nuestras IES contribuyan a resolver las tremendas crisis que afrontamos, eso es lo que les corresponde, ayudarnos a reconocer y comprender para actuar consecuentemente ante estos problemas que, a veces, ni siquiera ingresan en nuestras queridas ‘alma máter’.
