Los docentes están en su tercera semana de paro y, con el apoyo de los padres de familia y buena parte de la opinión pública, su lucha legítima se ha convertido en un símbolo y una muestra fehaciente del malestar que asoma hoy en un número cada vez más creciente de colombianos, literalmente “mamados” de un gobierno que comete todos los días un exabrupto con sus ciudadanos. Entre los más recientes, la reforma tributaria que elevó el IVA del 16 al 19% y amplió su base de liquidación para incluir más artículos de la canasta familiar, al tiempo que disminuyó las cargas de las grandes empresas de tal manera que nos puso a pagar a todos la rebaja de impuestos que otorgó a unos pocos privilegiados. Y aunque Santos dijo que los nuevos recaudos irían en gran medida para educación, cuando los docentes reclaman mayor inversión en este rubro, la respuesta es “no hay plata”.
Aparte de los maestros, muy pocos colombianos saben que el origen del déficit en el sector educativo surgió de una agresiva reforma constitucional que desaceleró el crecimiento de las transferencias de recursos que la nación entrega a las entidades territoriales para prestar los servicios de educación, salud, agua potable y saneamiento básico; por cuenta de esta reforma se han dejado de transferir a las regiones 138 billones de pesos, de los cuales 73 billones corresponden a educación, el sector más afectado.
Esa reforma, iniciada en 2001 por Andrés Pastrana y su ministro de hacienda Juan Manuel Santos, prolongada por Álvaro Uribe y su gabinete, incluido Santos, y aplicada a fondo por Santos -¡otra vez!- como presidente, tiene hoy postrada a la educación pública, a los colegios estatales con plantas administrativas congeladas, sin orientadores, ni vigilantes, ni personal de servicios generales, ni dotación, ni planes de alimentación, ni transporte escolar, con un rezago salarial de varios años a los docentes y unos acuerdos de nivelación que no se cumplen y hoy se evaden en las mesas de negociación, con una nueva carrera docente impuesta en 2002 que negó antiguos derechos a los maestros nuevos, y con una imposición de jornada escolar única sin las inversiones que requiere atender más de once millones de alumnos durante todo el día y no ocho millones repartidos en dos jornadas como sucede hoy.
En cifras redondas, cerca de cinco millones de jóvenes asisten a colegios públicos entre 6 de la mañana y 12 del mediodía; y cerca de tres millones y medio van a esos mismos colegios entre 12 del día y 6 de la tarde; eso significa que el Estado sólo tiene capacidad instalada para atender cinco millones de alumnos al mismo tiempo —con hacinamiento de 40 y hasta 50 estudiantes por grupo en la mayoría de los casos—. Y hoy pretende que se dé el paso a una sola jornada de todo el día, sin invertir un solo peso nuevo, lo que significa que quiere dejar por fuera a tres millones y medio de estudiantes actuales y un millón y medio que no están escolarizados, sin contar con otro millón y medio de estudiantes de escasos recursos que asisten a colegios privados de bajo costo. En otras palabras, al gobierno le importa muy poco la suerte de seis millones y medio de estudiantes que quedarían por fuera de la cobertura estatal si impone su jornada única desfinanciada; pero hoy, para indisponer a la opinión en contra de los maestros, la ministra de educación se rasga las vestiduras por ocho millones de alumnos sin clase por la huelga docente.
Por haber sido parte de este proceso, sé muy bien que en la discusión de la Ley 115 de 1994, más conocida como Ley General de Educación, fue el magisterio el sector más interesado en que se incluyera como norma la reimplantación de la jornada escolar única, que eliminó en 1965 el gobierno de Carlos Lleras Restrepo para darles a los colegios públicos más cobertura, abriendo dos y tres jornadas, una medida que se proclamó entonces como transitoria, pero se quedó en forma permanente hace más de medio siglo. Restablecer la jornada única escolar, medida necesaria para la educación porque agregaría cantidad y calidad con el mayor tiempo que docentes y alumnos dedicarían al proceso educativo, es imposible si el gobierno no duplica los recursos que actualmente dedica a la educación. En lugar del 3,8% del PIB que hoy invierte el gobierno colombiano en educación, debería dedicar, como mínimo el 7% -como lo ha venido proponiendo Fecode desde hace varios años- si en verdad se pretende que Colombia sea “la más educada”.
Hay otros hechos gubernamentales que indignan, especialmente cuando la gente recuerda que se han perdido billones de pesos, sacados de los bolsillos de quienes pagamos impuestos, en incontables casos de corrupción protagonizados por encumbrados dirigentes del país —desde presidentes de la república para abajo, incluyendo ministros, congresistas, fiscales, procuradores, magistrados, en una lista interminable—, poderosos hombres de negocios, entre ellos el hombre más acaudalado de Colombia, uno de los más ricos del planeta, y enormes empresas multinacionales con inversiones en el país, que compran presidentes, tierras, leyes, contratos, fallos judiciales, y todo aquello susceptible de ser comprado, en esta sociedad regida por un sistema socio-económico diseñado para enriquecer a unos pocos a costa del trabajo y el sacrificio de la mayoría de los ciudadanos.
Ejemplos de estos hechos indignantes: anunciada negativa de sanción a la ley que disminuye la gravosa contribución de los pensionados al pésimo sistema de salud, desde el actual 12% al 4%, para aquellos cuya mesada pensional es inferior a cuatro salarios mínimos; no sanción a la ley que reconocía derechos laborales a las madres comunitarias dándoles el trato de trabajadoras al servicio del Estado; el anuncio de que vetará la ley que devolvió una hora de las cuatro que raponeó la reforma uribista a la jornada laboral nocturna dizque para generar más empleo -pero las cifras del desempleo siguen aumentando-; el trato represivo que se da a todas las protestas sociales, y particularmente a la de Buenaventura, cuya población se levantó hace tres semanas a exigir soluciones a problemas tan elementales como el suministro de agua potable, la atención en salud, la cobertura en educación, el desempleo, la inseguridad y todo el rosario de males que afectan al puerto por donde transitan mercancías por billones de pesos mientras sus habitantes se consumen en la miseria y el abandono estatal.
Para concluir, es preciso advertir que, como lo han señalado ya destacados analistas como Eduardo Sarmiento Palacio, Manuel Gómez Martínez, Aurelio Suárez Montoya, hay vientos de recesión económica en Colombia, como resultado de la destrucción del aparato productivo propiciada por los tratados de libre comercio, de la imposición del modelo extractivista y de toda una política de sumisión a las imposiciones de organismos como la OCDE, el club de los países ricos al que Santos se empecina en llevar a Colombia. Los anuncios de nueva reforma tributaria, una reforma pensional que trae como chiste el “reconocimiento a la igualdad de derechos de las mujeres” subiendo su edad de pensión para igualarla con la de los hombres, y toda una serie de medidas que agravarán más la situación, son elementos que van a exacerbar más el ánimo de los colombianos y a multiplicar los movimientos de protesta que, si ubican puntos de encuentro en sus reclamaciones, van a generar un levantamiento posiblemente de mayor envergadura que el protagonizado por todos los sectores políticos y sociales que se unieron en contra de las medidas del gobierno de Alfonso López Michelsen hace cuarenta años. Los vientos de recesión pueden terminar generando un poderoso huracán social, con efectos que pueden llegar a cambiar, para bien, la historia del país en el proceso electoral de 2018. Esperemos que así sea. Y contribuyamos a ello.
