El 11 de marzo de 2018 los colombianos tuvimos ocasión de depositar nuestro voto para escoger aquellos que representan nuestros ideales de gobierno, política y nación. Justo dos meses atrás fue la oportunidad de dar un voto de confianza para la conformación del Congreso de la República: Cámara y Senado, y aparentemente esta jornada democrática, que respalda el derecho de ser elegir y ser elegidos —expuesto en el artículo 40 de la Constitución—, transcurrió en términos de normalidad.
El seguimiento informativo que hicieron los medios de comunicación mantuvo al país al tanto del conteo de votos que se hace inmediato al cierre de la jornada, y no fue una novedad encontrar en el umbral más alto de los sufragios a los partidos que por décadas encabezan las listas de elegidos por los colombianos. Los resultados reflejaron la voluntad del pueblo colombiano y designaron la ubicación de los representantes en cada una de las sillas del Capitolio Nacional —con un margen de error entendible del conteo inicial—.
Tres días después se empezó a oír una voz de denuncia, uno de los votantes que además estaba adscrito como candidato representante a la Cámara notó que su voto no se registró en el acta E-14 de la Registraduría, donde se certifica el número de votos que obtuvo un partido o movimiento político. Esta voz rápidamente se hizo oír en la capital de la República donde no pasaron más de 48 horas y ya había cientos de ciudadanos que confirmaban que su voto no fue contado, ni válido, ni visto, solo eliminado de la democracia colombiana.
¿Qué pasó en esta jornada democrática? No es sencilla la respuesta, pero es verídico que más de 4.700 denunciantes —que presentaron soportes— tienen en común el partido/movimiento por el cual depositaron su voto. Este es un porcentaje de un grupo significativo de ciudadanos que comparten unos ideales de nación y por consiguiente un marco de interpretación sobre cómo podría organizarse Colombia desde diferentes esferas y hacia un fin común: la dignidad humana. Es un porcentaje de ciudadanos bajo el nombre de Colombia Justa Libres (CJL).
Colombia Justa Libres debutó en la democracia colombiana para obtener la personería jurídica, constituirse partido político, tener un equipo de representación en el gobierno y un candidato a la presidencia. Estos alcances resultaban posibles de acuerdo con una extensa red de votantes situados en la capital colombiana y en los diferentes departamentos del país, lo que resultó admirable para ser el comienzo de un proyecto de gobierno. Sin embargo, los daños causados por la fragilidad de nuestra sociedad electoral y de las fuerzas de poder que juegan en el escenario político y público hicieron oposición fuera de las reglas y parámetros.
La Procuraduría General de la Nación recibió cientos y miles de quejas documentadas de votantes que se vieron excluidos de la oportunidad de elegir a sus representantes —sin lugar a exageraciones— y doce días después a la jornada de elecciones se ordena la apertura de 6.000 mesas repartidas en 16 localidades para realizar un conteo voto a voto en las diferentes urnas. Para Colombia Justa Libres esto significó recuperar cerca de 40.000 votos que no le fueron reconocidos en el conteo inicial.
El número de denuncias fue una décima parte del número de votos rescatados del 20% de los escrutinios de la nación. El movimiento pasa de 431.418 votos —con una curul en cámara ocupada por el votante quien denunció la ausencia de su voto en las actas— a 462.529 votos reconocidos hasta el 28 de marzo, cifra que se entendió como oficial y pública. Sin duda el margen de error se superó sin temor a nada, fundamentado en que hubo mesas en las que se encontró hasta 35 votos para el partido y en el acta de votación y resultados mesa a mesa se le diligenció cero “0”.
Este nuevo conteo reflejó una voluntad democrática diferente en el país y movilizó la representatividad en el Congreso de la República dado que la cifra de votos eliminados —no validados— fue lo suficientemente alta como para reconocerle a Colombia Justa Libres además de la curul en Cámara, una personería jurídica —superando con 5.000 votos el límite requerido—, el estatus de partido y al menos tres curules en el Senado. Incluso, si el conteo inicial no hubiera presentado tanta diferencia en relación a los resultados dados a conocer en los escrutinios posteriores, hoy los colombianos contaríamos con otra posible elegibilidad para la presidencia el próximo 27 de mayo. Colombia Justa Libres, tanto sus representantes como votantes, se enfrentaron así ante el derecho de ser elegidos y elegir, más que un derecho se tornó una batalla.
Y la pregunta que queda para muchos de los ciudadanos que vemos en Colombia Justa Libres nuestra representación en el gobierno y política pública es ¿el 80% restante de los escrutinios en que existen votos por recuperar quedó en el olvido por las instancias de control electoral y el Ministerio de Justicia? De acuerdo a las cifras mencionadas anteriormente, se puede presupuestar que quedan cerca de 100.000 votantes víctimas de invalidación ante la democracia colombiana que aún están a la espera de que su voz en la jornada electoral sea contada.
A manera de comentario personal, el grupo significativo de ciudadanos que nos sentimos parte de CJL agradecemos a Dios que los votos rescatados no pasaron desapercibidos para el partido, para nosotros, ni aún para la nación, porque la denuncia legal, las tutelas y más de 1.000 personas en acción colectiva hicieron oír su voz para reclamar justicia —días completos en los pabellones de Corferias y en la Plaza de Bolívar el 23 de marzo—, y sin duda Dios nos la dio. Colombia Justa Libres ha hecho ante todo un trabajo con fe, con esfuerzo y valentía, pese a las barreras en los recursos y representa un sueño de nación de un porcentaje importante de colombianos, por eso, yo soy una voz más que se suma para denunciar lo sucedido en la espera de que se den a conocer aquellos votos faltantes y para animarlos diciendo que ¡viene más en esta representatividad!
