La visita de Iván Duque Márquez al presidente Donald Trump, con el objetivo de coordinar la acción militar contra la República Bolivariana de Venezuela, para vergüenza de los colombianos, no tiene nada de diferente a la acción traidora del general Francisco de Paula Santander, cuando entregó información, alertó e invitó a los Estados Unidos a participar en el Congreso Anfictiónico en Panamá, al cual había convocado el libertador Simón Bolívar. El vicepresidente Santander no escondía su devoción por la doctrina Monroe, a la cual había dado excepcional importancia en la organización del congreso. Totalmente contrario a las posiciones de Bolívar, Santander sabía que panamericanizar el congreso lo llevaría al fracaso. Así fue.
Hoy, a 193 años de aquel significativo congreso convocado por Bolívar para promover la integración latinoamericana, los seguidores de Santander siguen en el Palacio de Nariño y su actual presidente lo ha hecho explícito al manifestar y agradecer al Secretario de Estado Mike Pompeo, durante la visita de este último a Bogotá, que “hace 200 años el apoyo de los padres de los Estados Unidos fue crucial para alcanzar nuestra independencia”. Semejante gesto indigno del inquilino del Palacio de Nariño retrata el nivel de subordinación a Estados Unidos y demuestra el bajísimo nivel patriótico que tiene el neófito presidente sobre la historia de su país. Más grave aún, cuando tanto Pompeo como el vicepresidente Mike Pence son los abanderados de aplicar la doctrina Monroe a nuestra región.
Este desatinado y despreciable hecho ya califica a Colombia como un Estado fallido. Estado y gobierno que no respeta su historia y la subordina al imperio no puede ser considerado como una república soberana e independiente, pero no solo por esa miserable conducta del presidente Duque Colombia es un Estado fallido. Un gobierno que no ha podido detener a un solo individuo relacionado con los asesinatos selectivos de líderes sociales, afrodescendientes, indígenas y exdesmovilizados de la guerrilla y que solo en lo que va de su gobierno ya suman más de 120 personas asesinadas, es un indicador de carencia de gobernabilidad o bien absoluta complicidad con el paramilitarismo.
La grave crisis de la seguridad ciudadana ha llevado y sigue llevando luto a los hogares colombianos, el clima de violencia se intensifica y de manera selectiva contra los sectores que levantan las banderas de la justicia social, la incertidumbre de una sociedad que no ve salida a la crisis que padecen en el orden económico y social y cuyo futuro no tiene buenos augurios y perspectivas.
La política fiscal solo favorece a los grandes empresarios nacionales y a las empresas extranjeras, a las cuales los gobiernos de Andrés Pastrana, Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos Calderón y el actual han entregado las enormes riquezas del país a los consorcios estadounidenses y europeos en perjuicio de la industria, el comercio y la producción agropecuaria nacional. Colombia no necesita de inversiones extranjeras, es un país muy rico y con una envidiable ubicación geográfica, bañada por los dos océanos y una fertilidad de sus tierras con todos los climas que les favorece, pero hoy entregada al capital foráneo.
La gravísima situación del río Cauca, el segundo más grande de Colombia, está en grave peligro de desaparecer, que se conozca no hay una respuesta de urgencia del gobierno nacional a lo sucedido con la presa de Ituango hoy por hoy. Según los científicos, el daño ecológico y acuífero es irreversible, por lo que toda esa región cuya economía dependía del río está severamente afectada.
Los acuerdos de paz firmados entre la insurgente Farc-Ep y el gobierno de Juan Manuel Santos están prácticamente fracasados. Ahora y para rematar, el acuerdo sobre la Justicia Transicional de Paz está en debate y ha regresado al Congreso para que este revise lo ya acordado y firmado... un manejo de la Fiscalía para favorecer a civiles y militares vinculados a graves masacres y asesinatos. Otro hecho que caracteriza la incapacidad gubernamental de Duque o de absoluta complicidad para favorecer a los agentes públicos y civiles que cometieron delitos considerados como terrorismo de estado.
Una justicia entregada y vergonzosa que tiene como fiscal del país a un individuo corrupto y repudiado por el pueblo colombiano, cuyas manifestaciones públicas para pedir su renuncia fueron acalladas por un sospechoso atentado al cuartel-escuela de la policía en Bogotá, que silenció los reclamos de renuncia del fiscal. Una justicia que amenazó con llevar a declarar al senador Álvaro Uribe ante el Tribunal Supremo y este ante el reclamo del Tribunal montó el show de que renunciaría a su bancada en el senado y como por arte de magia, ni renuncia en el senado ni se presenta ante los tribunales. De igual forma, fue liberado de la cárcel su hermano Santiago Uribe, acusado de conformación de grupos paramilitares, entre ellos el famoso grupo criminal conocido como los 12 Apóstoles del cual, según las denuncias y acusaciones, era su jefe.
Ahora bien, existen múltiples informaciones que vinculan al expresidente y senador Uribe Vélez con el narcotráfico. Estas vienen corriendo desde hace muchos años, las más antiguas se remontan a cuando era director de Aeronáutica Civil de Colombia, cargo muy apetecido por los carteles de la droga. En este sentido se han publicado numerosas versiones sobre la vinculación del expresidente Uribe con el cartel de Medellín y lo dan como ubicado en la lista con el número 82 de los pedidos en extradición por Estados Unidos, así lo dieron a conocer los periodistas Joseph Contrera y Fernando Garavito en su libro La biografía no Autorizada de Álvaro Uribe.
El grupo paramilitar "Los doce apóstoles" habría tenido sede en la hacienda "La Carolina", en el departamento de Antioquia, cuya propiedad comparten los hermanos Uribe Vélez. El hermano del presidente fue interrogado por la Fiscalía en 1997 respecto a delitos de secuestro, extorsión y asesinato cometidos por "Los doce apóstoles" entre 1993 y 1994 y desde entonces este caso ha sido silenciado.
Queda muy claro que puede considerarse a Colombia como un narco-Estado y que algunos de sus más importantes líderes relacionados con este flagelo están entregando al país a cambio de borrar estos graves delitos, no solo en Colombia también en Estados Unidos.
La aprobación en época del gobierno de Álvaro Uribe Vélez para que Estados Unidos estableciera no 7 bases, como se ha dicho, sino 10 bases militares, algunas compartidas con unidades del ejército colombiano, demuestran precisamente que Colombia es un Estado Fallido y que su política se subordina a los intereses estratégicos de Washington en la región. Ningún país que se respete acepta eso, un ejemplo lo tienen, cuando el alto mando militar brasileño se opuso dignamente y le negó al presidente Jair Bolsonaro aceptar el establecimiento de una base militar gringa en su territorio. Ellos saben que eso es dormir con el enemigo.
Es falso que estas bases militares se hubieran ubicado en este territorio para combatir a la guerrilla, si fuera así se demuestra la incapacidad del Estado colombiano de solucionar sus graves conflictos políticos internos. No obstante, la desmovilización de las Farc-Ep y el mantenimiento de las bases gringas en dicho territorio demuestran que ese no era el objetivo principal, la realidad apunta a una política expansionista más grave para la región en lo inmediato y desde que se instalaron en el 2007 hasta hoy el objetivo es Venezuela. Pero el más estratégico para Estados Unidos es Brasil y Argentina, especialmente el primero.
Lo más lamentable es que los gobiernos colombianos se han prestado a esa política expansionista contra los países de Suramérica. El ejemplo más claro lo tenemos hoy contra Venezuela. Sin embargo, mañana puede ser Ecuador, Brasil u otro. No obstante, ellos también deben valorar el grave costo político, militar, económico y social que tendrán que pagar y aunque aún es impredecible no deben descartar que lo tendrán si continúan apoyando esta conspiración que no los va a favorecer y que puede extender la guerra a su territorio donde hay fuerzas guerrilleras armadas y un grave descontento popular con el gobierno de Iván Duque. ¿Entonces de cual democracia representativa nos hablan? Lamentablemente hay que decir que es un Estado asociado a Estados Unidos.
Serán las organizaciones políticas y sociales colombianas y también los intereses económicos nacionales colombianos los que tendrán que exigir un alto. Cabe recordar que es probable que el show del concierto de Cúcuta estuviera diseñado por Estados Unidos para provocar un enfrentamiento al tratar de forzar el ingreso a una “ayuda humanitaria” que hasta la Cruz Roja Colombiana se ha negado a participar, porque señalaron que no tiene ningún carácter humanitario.
La reunión sostenida el 20 de febrero del Jefe del Comando Sur y del Comandante en Jefe de las Fuerzas Militares colombianas en Miami, Florida, es un grave indicio de comprometer a los militares colombianos en un conflicto armado contra Venezuela y cuyas consecuencias será impredecible. A esta loca aventura se ha sumado el presidente pinochetista Sebastián Piñera, quien ha viajado a Cúcuta para participar en el supuesto “concierto humanitario”. Ahora bien, lo que no sabemos es si alguno de los que organizaron conciertos por la paz, ahora concierto de la guerra y la muerte, cargarán en su conciencia el crimen de lesa humanidad que se puede provocar con una intervención militar en Venezuela, cuyas proporciones no parecen considerarse en Washington y en los gobiernos que están aliados a Estado Unidos en esta aventura, de la cual no escapa a este conflicto la Unión Europea.
