Es recurrente escuchar que con la constitución política de 1991 llegó al país el modelo de Estado laico, una estructura en cuyo funcionamiento solo la ley opera en la toma de decisiones en lo público. Lo anterior es cierto, bajo la constitución de 1886, Colombia se encontraba bajo el mando histórico de las relaciones iglesia y Estado, premisa que fue desmontada con el liderazgo y apoyo del Movimiento Unión Cristiana en el seno de la asamblea nacional constituyente, pasando el Estado de un matrimonio con la religión, a ser un promotor de las libertades religiosas de las diferentes confesiones en Colombia.
Muchos en el país creen erróneamente que el laicismo implementado en 1991 supuso el surgimiento de una nueva relación con el ateísmo o el gnosticismo, con lo cual se equivocan, pues el Estado colombiano es neutral.
Según el Ministerio del Interior, el 91% de los colombianos profesan en la actualidad una religión, el 58% son católicos mientras el 33% son protestantes. Las anteriores cifras demuestran que la religión forma parte de la vida cotidiana de los colombianos.
Una cosa es un Estado laico y otra la democracia. ¿Puede ignorar una democracia los valores religiosos arraigados en los colombianos? Este es otro tema, concordamos y defendemos el Estado laico tal como está concebido, sin embargo, no podemos bajo la premisa de separación entre iglesia y Estado ignorar que las organizaciones religiosas en Colombia, al igual que todos los grupos sociales tienen derecho a participar activamente en la política nacional y regional.
Muchos con conciencia o no, intentan desconocer que las organizaciones religiosas no por su número o representatividad, sino por ser parte integral de la realidad del país pueden participar activamente en la política colombiana, ya sea mediante la conformación de mesas, protestas, referendos, partidos políticos y otras expresiones propias de un sistema democrático. Vuelvo y repito confunden Estado con democracia, laicismo con ateísmo.
Una democracia fuerte debe nutrirse de la expresión social integral de todos sus agentes, en la actualidad grupos de pastores, líderes y activistas buscan ser escuchados, incidir en las corporaciones democráticas y por sobre todo hacerse parte de la vida política del país, aun cuando sus legítimas acciones sean señaladas de “oportunismo”, “fanatismo” y “sectarismo”.
Colombia Justa Libres en las últimas semanas ha sido blanco de ataques por sus protestas en contra de la recurrente imposición de valores y concepciones de vida a nuestros hijos por parte de la educación pública. Estas arremetidas acompañadas de calificativos como “fanáticos”, “homofóbicos”, “retrógrados” evidencian el desconocimiento del derecho que tienen las familias a criar a sus hijos con sus propios valores y principios, así sean de corte religioso.
Los que abogan por un Estado laico deben entender que nosotros también abogamos por esto, que no buscamos discriminar a nadie, que hemos forjado una participación política porque defendemos los principios y valores de una comunidad que quiere ser oída, que busca la libertad de formar a sus propios hijos sin la imposición de visiones de vida a través de los colegios públicos.
Quizá cuando se entienda que Colombia es un Estado laico, pero no ateo, y que la democracia comprende la representación de todas las expresiones de la sociedad, y que como cualquier otra organización los cristianos tienen el derecho de expresar sus inconformidades de forma pacífica, ese día habremos dado un paso más en la madurez del sistema político del país.
