Colombia se posiciona a la vanguardia en América Latina implementando un Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP). Este logro es fruto del esfuerzo de los pueblos indígenas para que su diversidad cultural, lingüística y territorial sea reconocida, respetada y protegida.
El acuerdo, firmado por el Ministro de Educación, Daniel Rojas, reivindica los derechos de las comunidades indígenas y demuestra el compromiso del "Gobierno del Cambio" que lidera el presidente Petro, para reconocer la multiculturalidad. Es un paso sin precedentes en América y un acto de justicia para esos pueblos históricamente marginados.
El sistema establece un marco que garantiza a las comunidades indígenas la posibilidad de educar a las nuevas generaciones basándose en sus principios organizativos, en torno a sus dinámicas políticas y sociales, y alineándose con su cosmovisión y valores.
Durante mucho tiempo, los indígenas de Colombia han sido ignorados en las decisiones que afectan su educación y sus formas de vida, imponiéndoles un modelo occidental que no refleja sus realidades ni satisface sus necesidades. Ahora, el SEIP no solo reconoce sus derechos, sino que también les devuelve el control sobre la educación de sus hijos, respetando su visión del mundo y su relación con la Madre Tierra.
Es el comienzo de un camino que, con dedicación y compromiso, podrá llevar a una verdadera inclusión y respeto por las diferencias. La construcción colectiva del SEIP aún no ha terminado, ya que la firma del acuerdo es apenas el primer paso para llevar a cabo la concertación de los artículos reglamentarios que darán pleno efecto al sistema. Queda pendiente la socialización en el Congreso de los Pueblos Indígenas para garantizar que el proceso tenga respaldo y comprensión de todas las comunidades involucradas.
El SEIP, más que una simple reforma educativa, es una apuesta innovadora que, por sus características y propósitos, no tiene comparación en América ni en el mundo. Se constituye en un referente para otras naciones que buscan reconocer los derechos de sus pueblos originarios. La posibilidad de que el SEIP y el sistema educativo nacional coexistan es una muestra de que es posible integrar las particularidades culturales en un marco que respete la diversidad sin fragmentar el Estado.
El SEIP representa un cambio que nace del ejercicio real de la Constitución y garantiza el derecho a los pueblos para que sus autoridades tengan el control de su propio desarrollo e identidad cultural. La implementación que se llevará a cabo es un ejemplo para avanzar hacia la justicia social y el respeto por la diversidad, aunque la lucha por la defensa de los derechos indígenas en Colombia está lejos de concluir y no se puede bajar la guardia; por eso es responsabilidad de todos velar para que este logro no se convierta en letra muerta.
En el caso particular de La Guajira, el SEIP es una oportunidad para terminar con el negocio que tienen con la educación algunas autoridades tradicionales, asociaciones de autoridades tradicionales y falsos "líderes". Es una oportunidad para sacar del camino a personajes inescrupulosos que han sido apoyados por la clase política tradicional para intercambiar favores, administrando los recursos sin control y vinculando maestros de su entorno familiar sin ninguna formación pedagógica. Algunos de estos individuos han sido sindicados de abuso sexual y, a pesar de las denuncias y las pruebas, se mantienen impunes.
También es una oportunidad para que la comunidad wayúu se apropie y ejerza gobernanza al interior de sus territorios, evitando entregar la educación a "organizaciones sin ánimo de lucro" que no se preocupan por el devenir de los pueblos indígenas, sino por aumentar sus patrimonios y mantener el estado de cosas inconstitucionales. Estas prácticas corrompen los principios y valores del sistema normativo de la etnia wayúu, reconocido como patrimonio inmaterial de la humanidad.
El SEIP es un avance significativo que promueve la justicia social y el respeto a la diversidad para inspirar a otras naciones a seguir un camino similar, garantizando que las comunidades indígenas tengan el control sobre su educación y desarrollo cultural, que no solo representa un cambio en la educación, sino también un paso hacia la equidad y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.
