La crisis sanitaria, económica y social del país vino acompañada por un incremento notorio del asesinato de líderes y lideresas sociales, excombatientes y de masacres. La sevicia de las dos últimas semanas contra los jóvenes es aterradora.
Nariño ha sido el departamento más afectado, como lo muestran las noticias. En el municipio de Leiva, al norte, fueron asesinados dos niños por paramilitares cuando llevaban una tarea a la escuela. Una semana después, en una vereda de Samaniego masacraron a nueve jóvenes, estudiantes y deportistas.
Tres días más tarde mataron a tres indígenas awá en Ricaurte. Entre tanto, circularon unos videos por redes sociales que mostraban a dos personas asesinadas y desmembradas en Magüí Payán. El sábado pasado hubo otra masacre en Tumaco, que dejó 6 jóvenes muertos y una niña desaparecida.
Pero no fue solo en Nariño. Antes del crimen de Samaniego, cinco niños negros de Llano Grande, un barrio popular de Cali, fueron torturados y asesinados. Hay indicios de complicidad de patrulleros con vigilantes del cañadulzal donde aparecieron los cadáveres. Se registraron también masacres en Arauca, Huila, Cauca y Catatumbo.
Una vez más, las agencias de la ONU expresaron su enérgica condena de estos hechos y le exigieron al gobierno avanzar y profundizar en la implementación integral del Acuerdo de paz. Señala la oficina de la Alta Comisionada para los DH que en 2020 se han documentado 33 masacres y otras 7 están por documentar e informó que hace seguimiento a 97 asesinatos de defensores de derechos humanos y de 41 excombatientes.
¿Cómo explicar semejante ensañamiento? hay varios factores.
Primero, el incumplimiento deliberado del Acuerdo de Paz por parte del gobierno. Ni la sustitución voluntaria de cultivos, un programa conocido como PNIS, ni la restitución de tierras marchan. Su presupuesto se redujo de manera considerable en estos dos años. Eso sí, por imposición de Trump, avanza la fumigación con glifosato. Las comunidades piden presencia e inversión del Estado, contemplada en el Acuerdo, pero la respuesta es solo militar.
Segundo, la carencia de una estrategia de seguridad integral por parte del gobierno para recuperar el control territorial y garantizar la vida de sus habitantes. Una vez se desmovilizaron las Farc, los territorios fueron ocupados por bandas criminales, carteles de la droga, paramilitares, el ELN y las disidencias. Todos ellos se disputan la economía ilegal, incluido el narcotráfico.
Tercero, ha habido una clara negligencia, cuando no complicidad, de las Fuerzas Militares en estos crímenes y masacres. En el 2018 una “Alerta temprana” de la Defensoría del Pueblo informó a la ministra del Interior sobre el peligro en el que estaban los habitantes de la Comuna 15 donde se produjo la masacre de Cali. Se pidió protección urgente para su población, en especial para sus 97.285 niños. Pero nada pasó. El 23 de julio del 2019 también se emitió una 'Alerta temprana' ante la "inminente situación de riesgo, que enfrentaban los habitantes de Samaniego". Se hizo énfasis en los antecedentes y en la constante presencia de grupos armados. Pero como en el caso anterior, nada pasó.
Cuarto, un factor central de la exacerbación de la violencia han sido los mensajes incendiarios que tienden a estigmatizar a la población y en particular a los/as jóvenes pobres, campesinos, negros, indígenas. “Juventud Farc”, decía un trino emitido por el amo de El Ubérrimo, reafirmado en el publirreportaje de sus dos amigas, en medio de sus improperios contra la CSJ.
Duque y su gabinete culpan en abstracto al narcotráfico y al Acuerdo de paz y ello ha sido determinante. Los poderosos medios de comunicación los secundan. El alcalde de Samaniego viajó por tierra a Bogotá para transmitirle al presidente el dolor y la indignación de su gente y aclararle que la masacre no fue un ajuste de cuentas, que las víctimas no eran delincuentes y que lo que se necesita allí es presencia efectiva del Estado. Ello explica la masiva movilización de repudio al presidente cuando viajó al municipio el sábado pasado.
Quinto, son conocidos los vínculos del alto gobierno y de sectores del Ejército con el narcotráfico. Pero la Fiscalía y las entidades de control quedaron en manos del uribismo.
Para completar tan desolador panorama, la semana pasada se publicó una investigación independiente, basada en el informe de inteligencia No.937 sobre el bombardeo del Ejército a un campamento en la selva de San Vicente del Caguán, Caquetá, el 29 de agosto de 2019. Fue la operación Atai, en la que murieron al menos 8 niños indígenas. El informe comprueba que 5 días antes del operativo se conocía la presencia de los niños, víctimas de reclutamiento forzado. Pero Duque lo presentó como una “labor estratégica, meticulosa, impecable”.
En síntesis, se trata de valerse del miedo y del terror como armas de control social, manipulando palabras, hechos, noticias, como señala Noam Chomsky. Mientras tanto, el presidente está concentrado en la suerte de Álvaro, en impedir la extradición de Mancuso al país y en rezarle al Señor Caído de Monserrate para que nos salve de la pandemia.
