Colombia, al igual que el resto del mundo, afronta la lucha contra el COVID-19, pandemia que para esta fecha ha causado ya más de un millón de contagios y cerca de treinta y un mil muertos en el país; y que ha debilitado la economía formal e informal y actividades claves para el funcionamiento de la sociedad como la salud y la educación. No sabemos exactamente las dimensiones del efecto económico por ahora, pero se presume grave y profundo, con lo cual las dificultades que afrontan los sectores más pobres de la sociedad colombiana, incluidos los de ingresos medios, se profundizan.
La situación impuesta por la pandemia en la convivencia, la educación, la salud y la economía apenas se está asimilando por la sociedad y las instituciones gubernamentales. Sin embargo, esta desdicha universal posiblemente será superada en algunos años y lentamente se espera que la normalidad retorne en todas las áreas de la actividad económica y social. No será fácil el tránsito hacia la recuperación, el deterioro de los indicadores macro y microeconómicos es sustancial, y cada nación avanzará más o menos rápido dependiendo de su nivel de desarrollo.
En Colombia, no obstante, este proceso afronta una pandemia más que medirá la resiliencia, creatividad y capacidad de trabajo de nuestros ciudadanos. La pandemia que está haciendo más dolorosa y lenta la recuperación es la orientación y accionar político del gobierno del presidente Iván Duque y el uribismo, que cabalgando en el poder vienen socavando peligrosa e irresponsablemente la legitimidad del Estado de derecho, de las instituciones y en últimas de la ya frágil democracia colombiana. Sí, infortunadamente, el gobierno del presidente Duque se convirtió en otra pandemia, que no suma bajas por un virus, sino por su falta de talante estadista.
La insolvencia del presidente Duque para entender y aceptar la realidad económica y social de Colombia, uno de los países más inequitativos del mundo; su obstinada y torpe resistencia para consolidar el proceso de paz; su inapropiada injerencia en los asuntos propios del poder judicial y la manipulación vulgar del legislativo; su silencio imperturbable ante el asesinato de líderes sociales y de excombatientes de las Farc; su rechazo permanente y anticonstitucional del derecho a la protesta pacífica; así como su soberbia incomprensible para dialogar con los representantes de las comunidades que ejercen el derecho legítimo a la protesta, constituyen algunas de las características de esta pandemia política que constituye el mayor obstáculo para superar no solo el COVID-19 y sus nefastos efectos, sino también tragedias nacionales como la polarización, el odio, la corrupción, la impunidad, la desigualdad, la violencia y la criminalidad que desde varias décadas mantienen al país estancado en la esperanza de un mejor país sin que logremos avanzar hacia la consolidación de tan necesario objetivo.
Pero la culpa de esta segunda pandemia no es solo del presidente Duque, cuya responsabilidad personal quedará consignada en la historia, también son culpables el uribismo, y los representantes de colectividades políticas que se han plegado a las iniciativas y decisiones del gobierno participando y lucrándose de la eterna y nefasta práctica de la mermelada. Y principalmente somos culpables todos los colombianos, que no hemos podido impedir que los hombres menos indicados para gobernar los destinos de nuestro país lo hagan. Vivimos esperando, sumidos en una modorra suicida, que llegue el salvador o salvadores que impongan orden y nos salven del naufragio. Esto no va a suceder.
Solo cuando asumamos madura y proactivamente nuestra responsabilidad en la construcción de un país más civilizado y realmente democrático podremos alcanzar mejores condiciones de vida para todos.
Es necesario aprender a identificar y rechazar los liderazgos engañosos, deshonestos e incapaces de políticos oportunistas a través del análisis y reflexión informada de sus planteamientos. También es ineludible como sociedad apoyar aquellos liderazgos que auténticamente priorizan el bienestar de la mayoría sobre los intereses minoritarios o de sectores privilegiados de la sociedad.
No podremos avanzar hacia una sociedad educada, incluyente y progresista sin la participación de todos en la construcción de esta. Es fundamental recobrar principios y valores morales que constituyan un escudo social ante la corrupción; la impunidad; la ignorancia; la violencia; el abuso; la vulgaridad; el crimen; la falta de educación; el chisme; el periodismo amarillista y sesgado; la adulación y reconocimiento inmerecidos; la cosificación, explotación y violencia contra las mujeres; el maltrato infantil y al anciano entre otros males.
En el mejor escenario, Colombia superará estas dos pandemias, pero se habrán perdido cuatro años más para alcanzar el sueño que desde la independencia pregonamos alcanzar: un mejor lugar donde podamos vivir nosotros y las futuras generaciones.
