Desde el 21 de noviembre de 2019, Colombia atraviesa un proceso inédito en su historia que se ha venido gestando desde hace muchas décadas pero que se ha agudizado desde el inicio del gobierno de Iván Duque, en agosto de 2018. Las movilizaciones sociales y sus múltiples expresiones son emergencias populares subalternas desplegadas a lo largo y ancho de la geografía nacional. La contundencia de estas manifestaciones en términos de choque con la fuerza pública, como la aparición de nuevos repertorios de acción colectiva, constituyen mares de protestas diversas, dispersas y autónomas. Llenan las plazas públicas sin discriminar región, municipio, ciudad o barrio con mensajes claros: La oposición frontal a las políticas neoliberales del gobierno actual, el rechazo a la violencia y represión de la policía y el Esmad, como también el reclamo histórico por equidad social y paz.
Este artículo busca analizar la situación de crisis social que atraviesa Colombia y exponer algunos de los motivos que han llevado a una importante parte del pueblo colombiano a manifestarse y marchar en las calles en contra del gobierno de Iván Duque. Hoy, dos años después del 21N1, podemos decir que la pandemia exacerbó la angustia y la indignación de un pueblo que, desde el 28 de abril de 2021, volvió a las calles en el marco del paro nacional convocado inicialmente por centrales obreras como la Confederación General del Trabajo (CGT), Fecode, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), movimientos campesinos, indígenas y afrodescendientes, movimientos LGBTIQ+, entre otros.
Proponemos esbozar el panorama actual de crisis a partir de la identificación de varios “puntos de inflexión”, es decir, cuestiones que reúnen tensiones de orden histórico y nacional. En efecto, puede ser a partir de las tensiones estructurales, históricas y circunstanciales que podemos trazar las múltiples variables que provocan que la sociedad colombiana transite de la indignación al desespero.
La crisis de la representación
El primer punto de inflexión es el de la crisis de la democracia representativa en Colombia. La desconexión de su pueblo con los ámbitos políticos, financieros o militares, es decir, con las estructuras de poder, es profunda y vertiginosa. Esta brecha, en términos económicos, separa y opone a sus extremos, debido a que unos pocos ocupan espacios privilegiados y tienen grotescamente mucho más poder adquisitivo, mayor educación, oportunidades, facilidades, proyecciones y garantías que la mayor parte de la población; clases medias y bajas son quienes padecen de falta de oportunidades, falta de condiciones para la vida digna y son las primeras afectadas por políticas neoliberales nefastas2 como la reforma tributaria y la reforma a la salud, reformas que detonaron la movilización popular.
En ese sentido, las actuales manifestaciones desaprueban la acumulación de muchos años de desigualdad y sectarismo que este gobierno ha ahondado. Un elemento que agudiza este descontento es la corrupción que invade e impregna todas las esferas de la sociedad y del poder. El gobierno de Iván Duque ha indignado la opinión pública con múltiples gestos y decisiones cultivando en la sociedad desconfianza y rechazo: la compra desmedida de armamento para el Esmad; la decisión de financiar la empresa aérea privada Avianca y no las nacionales; aumentar el salario de los congresistas de 1’676 000 pesos mientras que el salario mínimo de los trabajadores aumentó solamente de 30 mil pesos entre el 2020 y el 2021; utilizar fondos europeos dirigidos a la implementación del acuerdo de paz (2016) en mejorar su imagen presidencial; perfilar a periodistas e influenciadores para clasificarlos entre amigos o enemigos del gobierno, son algunos de los escándalos y corruptelas que viene observando el pueblo colombiano durante la pandemia. Con la profundización de la crisis de representatividad, en Colombia se ha recrudecido el conflicto armado en todo el territorio y se han aumentado los escándalos que vinculan el gobierno con el narcotráfico luego del descubrimiento de un laboratorio de cocaína en la propiedad privada del Embajador Sanclemente o la compra de votos en la costa Atlántica a manos de un narcotraficante como el “ñeñe” Hernandez que sacaron ganador a Iván Duque en segunda vuelta.
Esta situación ha aumentado la desconfianza de la opinión pública lo cual se ve reflejado en las encuestas. El tercer informe de percepción de la firma consultora invamer reveló que la desaprobación del presidente Iván Duque es de 76%.
Sin embargo, no podemos decir que la crisis de la representación se limita a los órganos gubernamentales. “Los representantes del paro no nos representan” se escuchan los gritos de jóvenes colombianos en la calle que no se sienten representados con los líderes del comité del paro que están negociando una concertación con el Gobierno; en efecto, el hecho de que el comité del paro deje de representar el sentir y la necesidad de la gente que está al frente, en la calle, en “primera línea”, aumenta la incertidumbre del direccionamiento de estas insurgencias y pone en riesgo la vida de cada vez más jóvenes. Esta crisis de la democracia representativa es también debida a una falta de nuevos liderazgos claros y lúcidos; este vacío representa una primera demanda de las personas que están en la calle.
Los medios de comunicación como aparatos ideológicos del Estado
Durante las manifestaciones, en varias ciudades de Colombia se han registrado disparos a los manifestantes del paro nacional por parte de la policía y de ciudadanos armados sin identificación. Este grave acontecimiento es en parte el resultado del discurso hegemónico, absurdamente heredado de la guerra fría, presente en este contexto en los principales medios de comunicación como RCN, Caracol, Semana y El Tiempo, entre otros:
Colombia estaría al borde de una toma socialista del poder de la cual no se va a salvar nadie, se expropiará todo y los principios morales inculcados por la Iglesia, los militares y los valores de la familia serán perseguidos y prohibidos.
Esta retórica ideologizante por parte de los mandatarios y ex mandatarios colombianos de la extrema derecha es amplificada por el conjunto de medios de comunicación privados estadistas que tienen mayor audiencia en el país: la comunicación ha jugado un rol fundamental tergiversando la imagen de la protesta social y deslegitimizándola utilizando un lenguaje contrainsurgente.
La doctrina del enemigo interno es utilizada aquí para dividir la opinión pública, satanizar la protesta social y patrocinar la violencia armada por grupúsculos de ciudadanos y de facciones paramilitares. En ese sentido, las calles colombianas experimentan una contradicción: por un lado, la fiesta, el arte, las arengas, el duelo y la resistencia de los manifestantes que apoyan el paro nacional, y al mismo tiempo observamos civiles vestidos de blanco, compartiendo armas y recargando pistolas con la policía, disparando indiscriminadamente sobre los manifestantes y amenazando a los equipos de prensa, DD. HH. 3 y APH4 que velan por la seguridad y el buen procedimiento de las manifestaciones.
El monopolio de la información y su clara inclinación por legitimar la violencia del gobierno y blindar sectores económicos poderosos de este país se está deslegitimizando por sí sólo. En las calles, la gente crítica y sentencia la falta de parcialidad y la manipulación de estos medios de comunicación. Además, cada vez son más los y las periodistas, activistas, analistas, influenciadores e investigadores que proponen nuevas interfaces y espacios alternativos para dar su análisis y opinión5. Hoy, en Colombia, observamos una multiplicación de las fuentes de periodismo de investigación como también cubrimientos en vivo desde las calles que multiplican las fuentes directas de información, fortalecen la movilización y forjan criterio en la opinión pública. En efecto, podemos ver en tiempo real lo que ocurre en la calle, reportar desaparecidos, reconocer abusos de autoridad, incumplimiento de protocolos por parte de la policía, ver y escuchar testimonios directos gracias a la multiplicación de streamings publicados en Facebook o Instagram6.
Nuevos actores en la calle, diversificación de repertorios de acción y ampliación de las demandas
Frente a estos dos primeros puntos de inflexión, es de imaginar que las movilizaciones del paro nacional cuentan con nuevas facetas, metodologías y actores. La tradicional marcha organizada por sindicatos uniformados y organizaciones estudiantiles se opaca frente a la masa heterogénea y desbordada de colores y expresiones que inspiran unidad y determinación: familias, jóvenes, grupos de diversidad sexual, comerciantes, camioneros, el Inpec7, los grupos de Atención Pre-Hospitalaria (APH), los trabajadores ambulantes, los taxistas, los jóvenes de primera línea, las madres de los jóvenes de primera línea, hasta sacerdotes primera línea, conjugan una explosión social nueva que no acaba de acomodarse en los análisis de los expertos.
Con estas nuevas expresiones, las demandas siguen emergiendo, bien sea denunciando las brechas de desigualdad, manifestando la falta de garantías para el futuro laboral, exigiendo la implementación de los acuerdos de paz, reclamando el asesinato sistemático a liderazgos sociales, rechazando la violencia contra la mujer, reivindicando la protección del medioambiente, protestando por la dignidad y la memoria de las comunidades étnicas, como también, oponiéndose los procesos de “uberización” del trabajo, pidiendo la legalización de la marihuana, señalando políticas excluyentes y neoliberales como la economía naranja o lamentando y exigiendo la búsqueda de los y las desaparecidas por el Estado. Todos estos sentires componen una nueva voz polimorfa que se eleva entre arengas.
Frente a esta multiplicación de expresiones, el gobierno colombiano no ha respondido a la altura: el viernes 28 de mayo, durante la celebración de un mes del paro nacional, se registraron en Cali al menos 7 asesinatos de manifestantes y se registraron múltiples disparos indiscriminados por parte de un agente de la Fiscalía. Frente a este delito, el gobierno no asume responsabilidades, se ha opuesto a mantener el diálogo con el comité del paro y ha optado por el despliegue armado en el país mediante el Decreto 575 de 2021, poniendo en riesgo la integridad del pueblo colombiano. Lo que queda claro, es que la maniobra
del Estado por mantener el control social está desgastada, es arbitraria, atenta contra la democracia y contra todos los estatutos internacionales de derechos humanos firmados por Colombia.
Las instituciones de control, controladas
En el sector de La Luna, en la ciudad de Cali, el día 28 de mayo, durante las movilizaciones, un funcionario de la fiscalía general de la Nación disparó y asesinó a manifestantes. Este no es un hecho aislado pero sistemático. Es un síntoma de que en Colombia, el Ministerio Público no vela por los derechos de los ciudadanos debido a que son órganos de control y veeduría que se encuentran cooptados por el partido de gobierno.
En efecto, los organismos de control como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, las personerías distritales y las municipales como también la Fiscalía, no dan prueba de objetividad e imparcialidad en sus acciones o decisiones. Las declaraciones del defensor del pueblo apoyando la militarización de las manifestaciones8 y el fiscal general queriendo desarticular el paro amenazando a los camioneros que bloqueen las rutas con extinción de dominio, son algunas de las muestras recientes de desconocimiento e insensibilidad frente a la insurrección popular que se está viendo en el país.
Para colmo, el gobierno de Iván Duque se opone a cualquier acompañamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) así como de las ONG que juegan un papel de observadoras y de garantes de que se cumplan los estándares nacionales e internacionales de Derecho Humanitario durante la protesta. En ese sentido, no es de extrañar que la posición del actual mandatario se acomoda milimétricamente al discurso ideologizante e insípido del exmandatario Álvaro Uribe Vélez, quien arremetió, desde el inicio de su mandato en 2002, en contra de las ONG y organizaciones DD. HH. que alertaban sobre violaciones durante su gobierno, tachándolos de auspiciadores del terrorismo internacional “produciendo el desplome social de la nación”9.
El recrudecimiento de la violencia
El gobierno de Iván Duque sigue la línea política del uribismo oponiéndose a la implementación del Acuerdo de Paz firmado en el 2016 entre el Estado colombiano y las Farc-Ep. Desde el inicio del gobierno actual, atravesamos una sistematicidad de masacres y amenazas a líderes y lideresas en todo el país y un fortalecimiento del paramilitarismo. Este fenómeno de violencia ha tenido una particular presencia en algunas ciudades y cascos urbanos; ha habido un desplazamiento de la violencia del campo a la ciudad. De mismo modo, el ejército colombiano ha violado el principio de proporcionalidad en el marco del derecho internacional humanitario (DIH), bombardeando a niñas, niños y jóvenes que habían sido reclutados por la fuerza por grupos al margen de la ley.
Durante las manifestaciones, causa indignación observar que hay civiles que se encuentran actuando y reproduciendo un pensamiento paramilitar que ha venido fortaleciéndose particularmente desde que el discurso del actual partido de gobierno se centró a decir que, con la firma de la paz, se le iba a entregar el país a las Farc. La “seguridad democrática” y la mano dura, lemas del uribismo, avalan un pensamiento individualista en el cuál lo diferente es disruptivo y por ende marginal dificultando la tarea que tenemos como colombianos de consolidar la nación entorno a los reales problemas.
El fenómeno paramilitar y su relación con las esferas del poder desde los años 90, atraviesa hoy una avanzada en las calles y centros urbanos sustentado por grupos de ciudadanos armados protegidos por la policía que velan, según ellos, por la seguridad de sus empresas y de su propiedad privada. Esta posición, fomenta la discriminación al denominar a los líderes indígenas y campesinos movilizados como “narco indios” y criminaliza el derecho a manifestarse. Este es el discurso que está agudizando el conflicto social en Colombia y que los miembros del partido de gobierno atizan con teorías conspirativas neonazis como la llamada “Revolución Molecular Disipada” en la cual, la protesta social no sería un derecho de expresión del pueblo, pero un mecanismo del socialismo para desestabilizar el gobierno y tomarse el poder.
En breve, en Colombia, el lenguaje y la violencia hegemónica impartida por el gobierno y los aparatos ideológicos a su disposición, han deshumanizado la protesta y desconocido la grave realidad social del país, oponiendo frontalmente a la gente rica —o aquella que le agrada el universo materialista construido por el dinero, el capitalismo y el narcotráfico— contra las poblaciones más pobres y rezagadas de nuestro país.
La coyuntura electoral
En Colombia, generalmente se habla de política y de democracia cada 4 años, a vísperas de las elecciones. El sistema feudal en el que se sostiene las élites del país ha enraizado las lógicas del clientelismo en sectores subalternos y humildes condicionando el voto a cambio de suplir necesidades básicas como el acceso a la vivienda, a servicios sanitarios, a la educación y al trabajo. Con dinero, extorsión, promesas y bala se ha configurado en este país los bastiones políticos.
En ese sentido, y frente a la incontrolable ola de manifestaciones que atraviesa Colombia desde hace años, las elecciones de 2022 juegan un rol muy importante en este paro. El gobierno de Iván Duque, intocable e indiscutible a la luz pública, busca como último recurso, señalar el movimiento social como una estrategia de los partidos de izquierda. Los medios de comunicación intentan responsabilizar y humanizar el desespero de las calles en partidos o personajes políticos como Gustavo Petro: nada más errado. Porque en las calles, el desespero no da para hablar de partidos ni de mesías. Quiero decir que, en las protestas se escuchan cantos diversos y arengas de protesta contra un sistema, más no de apoyo político a alguien. Sin embargo, este es el discurso del gobierno que los medios de comunicación hacen pasar y que las familias colombianas que no han salido a protestar (por el motivo que sea) empiezan a creer: “Los que están en la calle quieren imponer a su candidato”, o bien, “el vandalismo es promocionado por sectores de izquierda”.
La cuestión entonces es electoral, ya que la tensión en la calle no es solo un problema para el gobierno actual sino para la continuidad de un sistema político neoliberal y feudal que siempre ha existido. La cuerda se tiempla entonces entre, la deslegitimación de la protesta responsabilizando la izquierda y la satanización de la expresión popular: en efecto, la política del miedo de estos gobiernos, busca arrinconar al elector entre la barbarie de una revolución que dicen anarquista y guerrillera venida de Cuba y Venezuela y la continuidad de un proyecto nacional fundado en el catolicismo, sus valores, y sus inequidades normalizadas.
En todo caso, no es una certeza que se dé un giro electoral en las elecciones legislativas y presidenciales que se acercan rápidamente. Primero, por el encauce y la corrupción política electoral que sumerge el país de las necesidades en su propia trampa y segundo, porque la desconfianza general de los jóvenes colombianos con las esferas políticas es creciente. Por tanto, vencer el miedo en las calles es la meta y el factor movilizador que ha puesto a marchar a miles de personas hoy en día en el país; soñar con un país en donde sus sueños no estén amenazados y sean, por lo contrario, agentes multiplicadores de diversidad, empatía, igualdad y justicia.
Anotaciones
1 El 21 de noviembre de 2019 el comité del paro hizo un llamado nacional a manifestarse en las calles por las reformas neoliberales de Iván Duque, también conocido como “el paquetazo”.
2 Aunque al hablar de desigualdades puede haber distintas variables a las que se refiere el término, en un Informe de índice de Desarrollo Regional para Latinoamérica (Idere Latam), de 182 territorios analizado en América Latina (departamentos para el caso nacional), Colombia es el país con mayores desigualdades territoriales. Revista Forbes.
3 Derechos humanos
4 Atención Pre Hospitalaria
5 Cito algunos periodistas y medios alternativos en Colombia: La Vorágine, el programa de María Jimena Duzán, Ariel Ávila, Los Danieles, Cuarto de Hora, El Tercer canal, Canal Dos, Canal Uno, el Comején, la Oreja Roja, la Silla Vacía, Razón Pública, O70 (cerosetenta), Cuestion Pública, Pacifista, Universo centro, cola de rata y Al Poniente
6 Jóvenes pertenecientes a grupos de “primera línea” en todas las ciudades colombianas, por páginas como La Direkta, por personajes de admirar como Aquinoticias y por estudiantes decididos como el fotógrafo JahFrann, por citar solo algunos.
7 El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, es un organismo público, adscrito al Ministerio de Justicia y del Derecho, responsable de la ejecución de la pena y las medidas de seguridad interpuestas por las autoridades judiciales y la atención básica de la totalidad de la población reclusa y el tratamiento orientado a la resocialización de la población condenada.
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