Es irónico que la derecha fascista en Colombia se haya sonrojado con lo acontecido en la República Bolivariana de Venezuela el pasado 16 de enero de 2018, cuando el sargento Oscar Pérez fue abatido en un enfrentamiento con efectivos de la policía nacional y en el cual murieron dos funcionarios de la policía nacional bolivariana y seis quedaron gravemente heridos.
Los titulares de prensa no se hicieron esperar y en Colombia calificaron la muerte de Oscar Pérez como un crimen de lesa humanidad y algunos lo catalogaron como un crimen de guerra. Incluso, los más osados afirmaron que era conveniente la intervención inmediata de los Cascos Azules de la ONU contra el narcogobierno de Maduro. De lo que se han cuidado los grandes medios de comunicación en Colombia es de ocultar lo que fue el accionar de este piloto, paracaidista y buzo de combate.
En el año 2017, aprovechándose de su condición de integrante del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cipcpc) robó un helicóptero en la Base Aérea Militar de la Carlota en Caracas, utilizándolo luego para atacar las sedes del Ministerio del Interior y del Tribunal Supremo de Justicia. El “Rambo venezolano” sabía exactamente lo que hacía. Hoy las derechas internacionales con la cantaleta de los medios de comunicación intentan de manera fallida perfilarlo como un mártir de la oposición.
En Colombia, entre 1997 y 2001, se llevaron a cabo 78 masacres que dejaron un saldo aproximado de 1.117 personas asesinadas de la manera más perversa por parte del paramilitarismo y con comprobada participación del ejército colombiano. Paralelo a estas masacres se consolidaba el modelo neoliberal bajo un manto de sangre y coronado con el eslogan “Bienvenidos al futuro”.
El Centro de Memoria Histórica menciona que en el periodo de gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) en Colombia se presentaron 26 masacres. Además, Alfredo Molano, en un artículo publicado en El Espectador, describía como un 28 de marzo de 2010 en Policarpa (Nariño) paramilitares desmembraron los cuerpos de al menos diez campesinos cuyos restos humanos fueron esparcidos por diferentes parajes de la región; la sevicia del acto contó con acciones de decapitación, mutilación de extremidades, extracción de intestinos que eran puestos en las manos de las víctimas. Igualmente, los paramilitares en ese periodo perpetraron aproximadamente 12 de esas grandes masacres que dejaron un saldo de 163 personas asesinadas.
Lo anterior sin contar con que aún tenemos en nuestros recuerdos los asesinatos de Jorge E. Gaitán (1948); Oscar William Calvo (1985); Jaime Pardo Leal (1987) Ernesto Rojas (1987); Bernardo Jaramillo Ossa (1990) Carlos Pizarro (1990) y Manuel Cepeda (1990), testimonios perennes de la dictadura de la muerte. Como lo expresó Bolívar: “Bajo la dictadura… ¿Quién puede hablar de libertad?”
Además, el alto comisionado de Derechos Humanos en su más reciente informe menciona que hasta el 20 de diciembre de 2017 se habían cometido 73 asesinatos contra líderes y lideresas, 18 asesinatos de miembros de movimientos sociales y políticos y 14 víctimas durante movilizaciones sociales. Por su parte, Pastor A. Lascarro denunciaba en este año 2018 el asesinato de 140 líderes sociales y 47 integrantes de la comunidad fariana (36 excombatientes y 13 familiares). Ya está en marcha otro gran genocidio. ¡Esa es Colombia, la misma en la cual su clase política pide intervención militar sobre la patria bolivariana, descalabro económico y muerte al tirano! ¡Qué gran absurdo!
El pueblo bolivariano se prepara para una nueva gesta electoral. El presidente Juan Manuel Santos lanza su discurso mordaz y después tendrá que mascullar su derrota en un rinconcito del Palacio de Nariño.
