El pasado 17 de agosto, el presidente Duque en compañía de Robert O’Brien, consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Mauricio Claver-Carone, asesor para asuntos latinoamericanos; Craig Faller, jefe del Comando Sur, y Adam Boehler, director general de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos anunciaron un nuevo Plan Colombia, enmascarado bajo el nombre tramposo Colombia Crece.
Al repasar la historia del Plan Colombia, hay que tener en cuenta que pasó por dos momentos, me refiero al fragmento incluido en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) y al documento publicado por la oficina de Presidencia en el año 2000 titulado Plan Colombia: plan para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado.
La primera versión del Plan Colombia estaba enfocada en “establecer las condiciones sociales y de infraestructura en las zonas más olvidadas por el Estado, que habían sido igualmente las más afectadas por el conflicto, para así construir un ambiente de progreso e igualdad de oportunidades, bajo un gobierno que pretendía solucionar el conflicto armado (Departamento Nacional de Planeación, 1999, pp. 307-310). A pesar de ello, la versión final, es decir, la que se implementó se enfocaba en la idea del desarrollo, a través de la seguridad. Tal fue su impacto que Colombia obtuvo más recursos militares de Estados Unidos que toda Sur América y el Caribe. (Chomski, 2002, p. 81).
Así, lo que en la primera versión del Plan Colombia era un apéndice de la política de paz, en la versión final obtuvo un inusitado protagonismo en la política de construcción del Estado. Según el investigador Guevara Latorre “Si en el primer documento nos encontrábamos frente a una política que privilegiaba la consecución de la paz y la construcción de consensos desde “abajo”, en el segundo documento nos encontramos frente a una iniciativa proveniente desde “arriba”, que concebía al narcotráfico como la fuente estructural del conflicto nacional” (p, 72).
En ese sentido, lo que conllevó el Plan Colombia fue un recrudecimiento del conflicto al fomentar la inversión en el aparato militar, lo cual generó, no el fortalecimiento social del país más vulnerable, ni el crecimiento de la infraestructura que podría permitir el desarrollo del campo, sino la profundización del conflicto armado, factor que produjo el desplazamiento de millones de campesinos y campesinas, el crecimiento de los grupos para estatales asociados al narcotráfico, el envenenamiento del campo a punta de glifosato, la violación sistemática y normalizada de los derechos humanos.
En esa medida, lo firmado el pasado 17 de agosto de forma escurridiza por el presidente Duque con los halcones de Trump posiblemente va a sumir a Colombia en una violencia estructurada desde la Casa de Nariño y desde Washington, violencia que en su versión más directa viene atentando de forma cobarde, injustificada y cruel contra jóvenes inermes en diversos puntos de nuestra geografía. Quiénes o qué intereses están detrás de esta desestabilización, la respuesta no es singular, pero en parte puede estar asociada a la firma del acuerdo con Washington, ya que al gobierno Duque le resulta conveniente generar este clima de zozobra y desconcierto, para justificar de esta manera, la intervención gringa, así como la militarización de las regiones con lo que ello implica en materia de violación de derechos humanos, estancamiento en el desarrollo de los territorios, profundización de la inequidad, la injusticia, la exclusión, factores que son generadores de violencia, la cual siempre le ha sido útil al establecimiento para ocultar sus corruptelas .
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La firma del nuevo Plan Colombia, implica que nuestro país continúe sirviendo de plataforma para desestabilizar Venezuela
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Así mismo, la firma del nuevo Plan Colombia, implica que nuestro país continúe sirviendo de plataforma para desestabilizar Venezuela, postura que demuestra el talante mezquino e indigno de este gobierno irresponsable, cuyas acciones comprometen el futuro y bienestar de sus ciudadanas y ciudadanos en la frontera, así como la soberanía de un país hermano y soberano.
Por otra parte, la firma de este nuevo esperpento norteamericano, es coherente con la línea ideológica que representa el presidente Duque, sumisión a los intereses capitalistas y neoliberales de la Casa Blanca en su incansable campaña por controlar económica, política y culturalmente al continente, complacer a los sectores industriales y empresariales nacionales, y extranjeros, que solo tienen interés en preservar su estatus a costa de la humanidad de las y los colombianos menos privilegiados, permitir que la soberanía del país sea vulnerada y sus recursos naturales explotados de manera irresponsable por empresas extranjeras, para enriquecer a un selecto grupo de colombianos y colombianas, mientras el resto sobrevive con penurias, con angustias, con miedo al terror que se ha hecho cotidiano.
