Finalmente, se le descuartizó, refiere la Gazette d'Amsterdam. Esta última operación fue muy larga, porque los caballos que se utilizaban no estaban acostumbrados a tirar; de suerte que, en lugar de cuatro, hubo que poner seis, y no bastando aún esto, fue forzoso para desmembrar los muslos del desdichado, cortarle los nervios y romperle a hachazos las coyunturas… (Foucault, 2002, p.6).
Fue así como Damiens sufrió en carne viva el horror de la muerte, cuya sanción proferida por el Estado, lo condenó no solo al abandono existencial, sino también al “suplicio” y al desarraigo de un mundo cuyo valor máximo se encuentra representado en la influencia misma del poder.
Dicho esto, es preciso afirmar que el concepto de justicia ha venido evolucionando en sus diversas tipologías desde el momento de su aparición como reflexión humana y filosófica en la antigua Grecia, relacionándose cada vez más con el reconocimiento del yo y del otro, asumiendo la capacidad moral de descubrir en los seres humanos fundamentos críticos para juzgar de manera razonable, actuar de acuerdo a la dignidad humana, en el derecho y en el bien común, solo para defender con ello la igualdad, el respeto inclusivo, la participación y las distintas formas de expresión de las sociedades modernas.
Es decir que hablar de justicia no solo es hablar del panorama jurídico y normativo en el que se encuentra históricamente encuadernada, la cual, como en una especie de “panóptico”, basa su actuar en el castigo, toda vez que la reflexión va más allá de las distintas formas sancionatorias o punitivas de ejercerla bajo la mirada rigurosa representada en el poder. Frente a tales cosas, surgen innumerables interrogantes sobre el ejercicio político del poder y la justicia en Colombia, por ejemplo: ¿es el Estado colombiano consciente de la reproducción sistemática de la violencia política que vulnera los derechos fundamentales de las personas?, ¿es preciso asegurar que el ejercicio del poder y su relación con la justicia están diseñados para salvaguardar la vida y las libertades constitucionales?, ¿podemos considerar como estrategia política el silencio frente al horror de la guerra, al abandono existencial del Estado, al desarraigo, a la ausencia de libertades y garantías en el debido proceso de los condenados?, ¿qué tipo de formas políticas surgidas desde las bases de la sociedad pueden mitigar el abuso y accionar de los aparatos de control del Estado frente al deterioro y violación de los derechos humanos en Colombia?
Interrogantes que invitan a la reflexión del ejercicio del poder político y económico en tiempos de pandemia, que desnudan la realidad que vivimos en el territorio nacional y que muestran cifras desesperanzadoras ante el incremento de las muertes sistemáticas de líderes sociales, la persecución y desaparición de los diversos sectores de la población civil organizada, la corrupción política de quienes se eligieron como nuestros representantes que no nos representan por legislar para unos cuantos y en contra del pueblo, la falta de garantías para los que razonan en contra del sistema por sus defectuosos modelos, la ausencia del Estado en la promulgación de políticas públicas que miren hacia el campo y hacia los menos favorecidos, propendiendo con ello la soberanía popular alimentaria, un ambiente sano y de calidad y el fortalecimiento de la economía solidaria nacional.
Situación que se agudiza con la invisibilización de sectores minoritarios (negros, indígenas, campesinos, comunidades rom y LGTBIQ), el desconocimiento de las necesidades básicas y fundamentales del pueblo como la educación de calidad, la salud, el trabajo en condiciones dignas, la vivienda y el acompañamiento social, la ruptura e irrespeto por los acuerdos de paz pactados en La Habana y sobre todo la opresión avasalladora desde el Estado hacia las nuevas representaciones sociales construidas desde las bases y la reflexión sobre la ideología de clases, la cual viene representada con gran fuerza y responsabilidad por los jóvenes y las corrientes o colectivos de maestros y organizaciones campesinas, indígenas, negroides, de género y estudiantiles.
Finalmente, lo que pretende este escrito es avanzar con la justa lucha de causa, desde las letras y a través de la reflexión consciente que permite desde un escritorio materializar en la calle con gritos y arengas populares el rechazo con fervor a la corrupción ejercida desde el poder público del Estado colombiano quien parece empeñado en soslayar toda iniciativa de cambio, reprimiendo con muerte y látigo toda forma legítima de protesta.
Así las cosas, nos reusamos a vivir condenados al destierro, a la invisibilidad y falta de oportunidades con igualdad y justicia social, a la falta de garantías para ejercer el derecho legítimo de levantar la voz, a expresar en medio de la diferencia nuestras propias verdades, las cuales han sido silenciadas, perseguidas y ajusticiadas de manera falaz, premeditada y sistemática.
"La verdad jamás daña una causa que es justa" (Gandhi).
